María Aurora Lorena Sanguino Contreras
Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- María Aurora Lorena Sanguino Contreras
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa el contenido de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós que dice: Vista la demanda de amparo presentada por *****, contra actos que atribuye al Maestra *****, Presidenta del Comité de Vigilancia Sindicato de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y otra autoridad; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 594/2022. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito2, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Constituyen los actos reclamados en la presente demanda de amparo, los siguientes: a) Como ordenadora la Maestra ******, Presidenta del Comité de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se reclama el oficio número **** de fecha 15 de julio de 2022, del cual la hoy quejosa no tengo conocimiento y en el que se me imputan acusaciones. Con domicilio en *****. b) Como ejecutora a la Ciudadana *****, Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se reclama los oficios ****** Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. El contenido literal de los citados numerales es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.." De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto que se reclama, no es emitido por una autoridad, y que se considera como tal para efectos del juicio de amparo, a aquella que dicta, promulga, pública, ordena ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Ahora bien, es pertinente destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que es autoridad para efectos del amparo, todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso de tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Como se establece de la transcrita tesis, se ha estimado que una autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, dicha Sala consideró que las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De lo expuesto bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente del Estado de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente del Estado de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales -positivos, negativos u omisivos- a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el ámbito legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, debe tomarse en consideración que para que proceda el juicio de amparo en contra de un particular equiparable a una autoridad responsable, es necesario que el ente particular determine sus funciones por una norma general, lo que en la especie no acontece, pues los estatutos por los que se rige el órgano sindical señalado como responsable no constituyen normas generales de conformidad con el artículo 107, de la Ley de Amparo, que a la letra dice lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general (.)" En observancia a lo anterior, se colige que aun, cuando el Sindicato de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con domicilio en Chetumal, señalado como responsable, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no es procedente el amparo, pues sus actos u omisiones no se actualizan en el contexto de funciones que tenga encomendadas por alguna norma general; por lo que no es posible tener a dicho sindicato como autoridad responsable equiparada para efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la figura del sindicato, no es un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; toda vez que los miembros de un sindicato y dicho ente actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia u organismo descentralizado. De igual forma, no obstante que con motivo de esa relación de igualdad, un sindicato emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los trabajadores agremiados, lo cierto es que su actuar se desarrolla en el ámbito de las relaciones de coordinación, por lo que para que se diriman las diferencias que surjan entre los miembros de un sindicato y dicho ente y, por lo tanto, se impida que hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como es el caso de lo previsto por el primer párrafo del artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal4 y los artículos 89, fracción III, y 96, último párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo,5 puesto que en los conflictos intersindicales que son del conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, las partes involucradas deben acudir ante dicho órgano jurisdiccional para que, coactivamente, imponga las consecuencias jurídicas establecidas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de un órgano del Estado promueven un juicio de amparo contra las omisiones o acciones derivadas de la relación contractual, existente entre el propio ente y el trabajador, como acontece en la especie, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas omisiones, acciones o conductas no constituyen actos de autoridad. Resulta aplicable la tesis XXVI.2.A, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, Enero 2014, página 3049, bajo el rubro y texto siguiente: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." En ese sentido, los artículos 74, 89, fracción III, 96, último párrafo y 131, fracción VI, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, establecen lo siguiente: "Artículo 74.- Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses." "Artículo 89.- Son obligaciones de los sindicatos: (.) III.- Facilitar la labor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sea del sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que le solicite" "Artículo 96.- (.) Todos los conflictos que surjan entre las Federaciones y los sindicatos o entre los sindicatos mismos, serán resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." "Artículo 131.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para: (.) VI.- Conocer de todos los demás casos que se susciten por la aplicación de esta Ley." Lo anterior, virtud de que: a) No es un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; toda vez que los miembros de un sindicato y dicho ente actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia, en la especie, el Sindicato de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Registro Sindical Número 12. c) Si bien, la relación entre el sindicato y sus agremiados tiene su nacimiento en una norma general, como es el caso de la constitución federal que reconoce el derecho de asociación en el artículo 9°, no menos cierto es que la facultad de un sindicato para citar a sus miembros para seguirles un procedimiento no se encuentra prevista en una norma general, sino en los Estatutos del propio sindicato, conforme lo dispone el artículo 79, fracción II, de la ley local de referencia, que establece lo siguiente: "Artículo 79.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a cuyo efecto remitirán por duplicado, los documentos que a continuación se especifican: (.) II.- Estatutos que regirán la vida del sindicato," d) Si bien es cierto que con motivo de esa relación de igualdad, un sindicato emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los trabajadores agremiados, no menos cierto es que su actuar se desarrolla en el ámbito de las relaciones de coordinación, por lo que para que se diriman las diferencias que surjan entre los miembros de un sindicato y dicho ente y, por lo tanto, se impida que hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como es el caso de lo previsto por el primer párrafo del artículo 123, apartado B, fracción XII, de la constitución federal y los artículos 89, fracción III, y 96, último párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, puesto que en los conflictos intersindicales que son del conocimiento del Tribunal de Conciliación Arbitraje, las partes involucradas deben acudir ante dicho órgano jurisdiccional para que, coactivamente, imponga las consecuencias jurídicas establecidas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Luego, si bien la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados así como los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; se insiste, es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad Estatal; de tal suerte que si la parte quejosa pretende controvertir las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno del sindicato cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general, no se constituyen en actos equivalentes a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptibles de ser controvertidos a través del juicio de amparo, sino que en todo caso, es factible acudir ante las autoridades laborales para ejercer la acción que corresponda. Resultan aplicable, la tesis 2a.IX/98 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 232 de cuyo texto es el siguiente: "SINDICATOS. LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR EX MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, EN LOS QUE RECLAMAN DE LA PROPIA AGRUPACIÓN, ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LOS ESTATUTOS SINDICALES O DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, ENCUADRAN EN EL CAMPO DEL DERECHO LABORAL, POR LO QUE DEBEN DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Aun cuando los conflictos individuales al rubro señalados no derivan de la típica relación laboral entre trabajadores y patrones, debe considerarse que encuadran en la materia laboral, en tanto que en ésta se comprenden también aquellas controversias suscitadas sólo entre trabajadores o sólo entre patrones, derivadas de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas, como se corrobora de lo establecido en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, como en términos de lo previsto por los numerales 356, 359 y 375 de la ley invocada, los sindicatos son asociaciones de trabajadores constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, con derecho para redactar sus reglamentos y elegir libremente a su directiva, así como para representar a sus integrantes en conflictos individuales y colectivos; es evidente que cuando un ex miembro de una agrupación sindical ejercita en la vía jurisdiccional alguna acción derivada de la citada ley, de los estatutos sindicales, o de la contratación colectiva, en contra del propio sindicato, el conflicto individual planteado debe catalogarse dentro del campo del derecho laboral y, por tanto, susceptible de ser dirimido ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje." Así, la tesis XXVI.2.A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 2, tomo IV, enero de 2014, página 3049 de cuyo texto es el siguiente: DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." No es inadvertido para este Juzgador, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de administración de justicia expedita que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Y la siguiente, tesis 1a.CXXIII/2013, de la Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, tomo I, julio de 2013, página 559 de cuyo texto es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo - para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Sin que represente obstáculo a la determinación alcanzada, la jurisprudencia 54/2012 derivada de la contradicción de tesis 297/2011, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", al tratarse de un caso distinto al aquí expuesto, pues de la ejecutoria se advierte que el reclamo versó en un acuerdo general expedido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y, al tratarse de un acto materialmente legislativo amerita el tratamiento de amparo contra leyes; de ahí que la superioridad consideró que no era factible desechar la demanda de plano bajo el argumento que no se trata de una autoridad para efectos del juicio de amparo. De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada; en tal virtud, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 5° fracción II, 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con independencia de lo anterior, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,6 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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