María Aurelia López López
Expediente 1655/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1655/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- María Aurelia López López
- María Aurelia López López y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, inciso IV), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
...SE TIENE POR CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...
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... Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella, así como el escrito aclaratorio de esta, por formar una unidad y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es: La orden de citación para el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, realizada mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 114/2023. Actuación respecto de la cual, esta juzgadora advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales indicados establecen: Ley de amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: Fracción I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Fracción I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. Por eso, se promoverá por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Es así, pues existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues ese medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. La legitimación y el interés jurídico convergen en un punto similar para su materialización, esto es, que el quejoso sea afectado en su esfera jurídica y si se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el primero debe ser actual para justificar la acción de amparo, y el segundo, es la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como la tesis aislada, visible en la página ciento veintitrés, Séptima época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el mismo órgano supremo, de texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable el criterio jurisprudencial 3ª/J. 28/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA." Así como la jurisprudencia P/J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007921, que indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).." De igual forma, la Jurisprudencia número 1a/J.54/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, publicada en la página 232, tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyos rubro y texto son: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN. La finalidad de la orden de detención es privar de la libertad a una persona, a diferencia de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, cuyo objeto no es restringir su libertad, sino lograr su comparecencia dentro de esta fase procesal para que declare si así lo estima conveniente, ya que incluso puede abstenerse de hacerlo, además de que una vez terminada la diligencia para la que fue citado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no puede considerarse que se le priva de su libertad." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En materia de amparo el agravio se identifica con la afectación de un interés jurídico o legítimo; así, tendrá el carácter de parte agraviada quien al acudir al juicio de amparo cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, para ser parte agraviada es necesario, entre otras cosas, ser la persona a quien directamente se causa la molestia, por ende, no podrá tener esa calidad un tercero a quien indirectamente afecte la violación. La procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. De esa forma, es viable señalar que para estar legitimado para instar la acción de amparo se requiere ser titular de un derecho o interés legítimo que cause una afectación real y actual; además, para que resulte procedente debe ser demostrado el interés jurídico o legítimo. De lo que se sigue que finalmente la legitimación y el interés jurídico deberán analizarse conjuntamente para generar la procedibilidad de dicho juicio, pues sólo cuando coinciden se estará en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto estimado violatorio de derechos fundamentales. En sustento de nuestra postura, estimamos conveniente precisar, cuáles son las funciones del Ministerio Público en la investigación inicial; en que consiste el principio de celeridad en la indagatoria; y, cuál es la naturaleza del citatorio al imputado. En otro aspecto, emerge de lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues al respecto se desprende que: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Que cuando al Juzgado de Control, le sea puesto bajo su potestad el conocimiento los hechos que integran una carpeta de investigación por la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, tiene a su alcance las formas de conducción del imputado al proceso, establecidas en los artículos 141 y 142, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que en la especia acontece, puesto que en auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el juez de control, tuvo por justificada la inasistencia de la justiciable y la cita para que comparezca a la audiencia inicial. No se soslaya, que el juez de control apercibe a la parte quejosa, que en caso de no comparecer a la audiencia inicial, lo apercibe que será a través de la fuerza pública; empero, contra dicho apercibimiento, se dice que el juicio de amparo es improcedente, porque de una interpretación a contrario sensu del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece que el efecto de las sentencias de amparo será el de retrotraer las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de la violación de derechos fundamentales, restituyendo a la quejoso en el goce íntegro de éstas; resultaría contrario a dicha norma conocer de actos futuros de realización incierta, dado que no se podría restituir al gobernado en el goce de un derecho que nunca fue conculcado. Robustece lo anterior, por las consideraciones que en ella se exponen, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 55, volumen 66, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y tenor siguientes: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." Además, debe precisarse, que el citatorio en comento, no afectan el derecho fundamental de no autoincriminación del imputado contenido en la fracción II del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en momento alguno se le obliga a que declare en su contra, ya que lo único que se pretende con dichos actos es colmar los extremos de la investigación inicial a la que está obligado constitucionalmente a llevar a cabo la agente del Ministerio Público; y, Contrariamente a ello, los referidos actos tienen como consecuencia otorgar al imputado la oportunidad de declarar en relación a los hechos posiblemente delictuosos que se le atribuyen, es decir, manifestar lo que a su derecho convenga dentro de la investigación inicial y siempre asistido de un defensor que lo patrocine en la diligencia, a efecto de defenderse y desvirtuar los acontecimientos existentes en su contra (garantía de audiencia), sin que tal acto implique necesariamente que el imputado no pueda hacer uso de su derecho constitucional y abstenerse a declarar o de hacerlo en los términos que estime pertinentes, que a su entender favorezca a sus intereses, aun cuando con ello faltare a la verdad. En síntesis, debe decirse, que el derecho de no autoincriminación, no significa que el imputado no tenga que soportar la investigación dirigida a la acreditación por parte de la Ministerio Público, de los hechos delictuosos que se le atribuyen y a la probabilidad de que los cometió o participó en su comisión. En atención a los argumentos antes expuestos, este Juzgado, considera que el acto reclamado, no repercute en alguna afectación en los intereses jurídicos del quejoso, en razón de que consiste, por definición, en una serie de diligencias realizadas por la agente del Ministerio Público en la indagatoria en cumplimiento a un mandato constitucional ineludible con el objeto de reunir los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Los argumentos no implican desconocer que algunas determinaciones tomadas durante la investigación inicial puedan ser impugnadas mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, como serían, los actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por ejemplo, aquéllos que puedan lesionar la dignidad humana. Ello es así, en virtud de que la revisabilidad a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la investigación inicial, debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán ser o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Situación ésta, que en el caso no acontece, ya que la citación para comparecer a la audiencia inicial, en la causa penal 114/2023, ningún perjuicio le causa al impetrante de amparo, tomando en cuenta que sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden quedar destruidos con el hecho de que la autoridad judicial, a quien corresponda controlar la investigación, determine que resulta procedente librar una orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Asimismo, de las propias manifestaciones que realiza la quejosa se advierte que reclama "el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés"; no obstante lo anterior, de la documental que anexa a tu escrito de demanda, se desprende que en auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, en atención al escrito presentado por la quejosa; tuvo por justificada por única ocasión su incomparecencia, apercibida que no presentarse, la siguiente citación se hará mediante la fuerza pública; por lo que, el uso de la fuerza pública está condicionado a la incomparecencia de la quejosa a la audiencia inicial, señalada para las diez horas del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII y XII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por María Aurelia López López, ya que carece de interés jurídico y legítimo para promover el juicio de amparo indirecto y por ello resulta improcedente...
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