María Audelia Rivera Romero

Expediente 3340/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3340/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • María Audelia Rivera Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso ******************** a través del cual interpone recurso de revisión y formula agravios en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud legal de proveer lo procedente sobre su interposición, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, exhiba dos copias más de su escrito de agravios, a fin de correr traslado con el mismo a la totalidad de las partes, de la siguiente forma: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, una para la autoridad responsable, dos para los terceros interesados y una más para el expediente; dado que sólo exhibió el original y tres copias del mismo; apercibido que de no hacerlo en el plazo que se le concede, se tendrá por no interpuesto el aludido medio de impugnación.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio 1371/2022, remitido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informó el cumplimiento dado al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de estar debidamente notificada del auto aludido. En consecuencia, este juzgado de distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214, de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. CUMPLIMIENTO Dicho lo anterior, el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Eliana Merari Leija Valle, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Emita el acuerdo correspondiente a la promoción de la aquí quejosa, recibida el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 482/4/2008, en la que solicitó que se realizara el acuerdo de desistimiento de la diligencia de requerimiento de pago y embargo y se señalara nueva fecha para llevarse a cabo." Después, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la sentencia pronunciada causó ejecutoria, y el diecisiete de octubre del citado año, se tuvo por recibido en este juzgado de distrito, el oficio 1371/2022, de trece de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual remite los proveídos de treinta de junio y diez de octubre del año que transcurre, de los cuales se advierte que en esas datas, respectivamente, la autoridad responsable acordó el escrito de desistimiento de la diligencia de pago y embargo, señalando nueva fecha para llevar a cabo la diligencia. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". ARCHIVO DEFINITIVO Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Juan Diego López Argüelles, en favor de la quejosa María Audelia Rivera Romero, contra actos del Delegado o responsable y personal a su mando de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas; en consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 3340/2022-M6, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la demanda se advierte que la quejosa se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta localidad, privados de su libertad, solicitando el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano. SUSPENSIÓN DE PLANO Tomando en consideración que la detención de las personas migrantes es de carácter excepcional, por lo que en su caso debe existir proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad, y dado que el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que tratándose de detención efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tengan relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será la libertad, consecuentemente procede conceder la suspensión de plano de los actos reclamados para los siguientes efectos: I. Se otorgue la inmediata libertad, sin garantía económica alguna dada su calidad migratoria, a la parte quejosa. II. Cesen de inmediato los actos de detención, incomunicación, deportación, aseguramiento y alojamiento, generados por la autoridad responsable, o cualquiera de los previstos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. III. Permita que la parte quejosa pueda comunicarse de inmediato con quien estime conveniente y además de ello se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. IV. Se le brinde la atención médica que, en su caso, requiera respecto de algún problema de salud que presente, para lo cual, las autoridades responsables deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten haberla otorgado.

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