María Asunción Nafata Vázquez
Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/04/2019
Partes del expediente
- María Asunción Nafata Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad, deberá dar respuesta por escrito en forma inmediata, fundada y motivada, así como de manera congruente a la petición formulada por la quejosa y notificarla oportunamente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, fecha de publicación 29 de septiembre de 2017, registro electrónico 2015181, de contenido: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado". Ahora, mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 68-70), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias y autos se advierte lo siguiente: Mediante oficio *********** de veintidós de marzo del año en curso, la responsable remitió el original del diverso *********** de la citada data, por el cual la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad, dio contestación de forma fundada y motivada así como de manera congruente a la petición de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, formulada por la quejosa en este asunto. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación oficial del Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, mediante la cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, en el que se advierte que da respuesta a la petición formulada por la quejosa; por el plazo de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Asimismo, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que corra traslado a la parte quejosa con copia del citado oficio y anexo; lo anterior es así, ya que de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento legal en cita, este juzgado federal puede ordenar que se le notifique dicha contestación, puesto que con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia, siendo tal actuación congruente con lo establecido por el precepto legal antes citado, que ordena que el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia protectora, puede dictar las órdenes necesarias para el cumplimiento de la ejecutoria de que se trate. Tiene aplicación al respecto, en lo conducente, el criterio sustentado en la Jurisprudencia que se identifica en la página número 122, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época bajo el rubro: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, con el oficio ******* y anexo de quince veintidós de marzo del año en curso.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores en el Estado de Chiapas, a través del Jefe de la Unidad Jurídica, con residencia en esta ciudad, y anexo, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del citado instituto, mediante el cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores en el Estado de Chiapas, a través del Jefe de la Unidad Jurídica, con residencia en esta ciudad, y anexo, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene del citado instituto, mediante el cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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