Maria Asteria Dzul Baas
Expediente 857/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Asteria Dzul Baas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA V.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V.- Agréguese a estos autos el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual remite las constancias requeridas en auto de diecinueve de enero de año en curso. Del análisis de los actos reclamados, a juicio de la suscrita, sobrevienen las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII de la Ley de Amparo, como se expondrá. De las constancias que integran estos autos se desprende que la quejosa reclama en esencia de las autoridades responsables, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el once de noviembre de dos mil diecinueve con número de solicitud 31190010082, en la cual solicitó la expedición de certificados parcelarios respecto de las parcelas 663 Z-1 P/6 y 664/ Z-1 P/6 del ejido de Chablekal municipio de Mérida, Yucatán; así como la calificación registral negativa de quince de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de autos se advierte que al escrito presentado el once de noviembre de dos mil diecinueve con número de solicitud 31190010082 le recayó calificación registral negativa de quince de diciembre de ese año, en atención a que dicho trámite ya había sido solicitado respecto del mismo trámite y mismas parcelas mediante diversa solicitud 31190003325 de doce de abril de dos mil diecinueve, a la cual le recayó calificación positiva expidiéndose los certificados parcelarios 000001013696 y 000001013697 respecto de las parcelas 663 Z-1 P/6 y 664/ Z-1 P/6 del ejido de Chablekal municipio de Mérida, Yucatán. Asimismo, los referidos certificados parcelarios 000001013696 y 000001013697 fueron entregados a la parte quejosa, por el conducto mencionado, el veintiocho de enero del año en curso. Por tanto, respecto del primer acto, es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos al haberse emitido la calificación registral recaída a la petición planteada por la parte quejosa, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo. Y respecto del segundo acto consistente en la calificación registral negativa de quince de diciembre de dos mil diecinueve, aun cuando subsiste, éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, en virtud de que se modificó el entorno en el cual se emitió, pues fueron expedidos y entregados a la quejosa los certificados parcelarios respecto de las parcelas 663 Z-1 P/6 y 664/ Z-1 P/6 del ejido de Chablekal municipio de Mérida, Yucatán (que fueron negados en tal calificativa) en virtud de una diversa solicitud 31190003325 efectuada por la misma quejosa respecto de las misma parcelas, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII de la Ley de Amparo. De modo tal, que en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia favorable, en virtud de que materialmente se modificó el entorno en el cual éste se emitió ya se ha modificado. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Por lo tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio. Notifíquese personalmente; publíquese con supresión de datos y captúrese el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, con la certificación secretarial respectiva.
- Principal
MESA V.- Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con los informes justificados rendido por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y Registrador Integral y Revisor Integral adscrito a la citada Delegación, ambos con sede en ciudad, el que se notificó a las partes mediante lista publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional el veinte del presente mes y año, por lo que no tuvieron la oportunidad de imponerse del contenido del citado informe con los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tal motivo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su desahogo las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V.- Vista la cuenta que antecede agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y Registrador Integral y Revisor Integral adscrito a la citada Delegación, ambos con residencia en esta Ciudad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación de tal informe, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, las referidas autoridades responsables informan que es cierto el acto reclamado dado que a la solicitud número 31190010082 presentada el once de noviembre de dos mil diecinueve le recayó calificación registral negativa de quince de diciembre de ese año, en atención a que dicho trámite ya había sido solicitado respecto del mismo trámite y mismas parcelas, mediante diversa solicitud 31190003325 de doce de abril de dos mil diecinueve a la cual recayó calificación positiva la cual ya concluyó y que existen los certificados parcelarios a disposición de la quejosa 000001013696 y 000001013697, y que fijó las once horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno para que se notifique y entreguen a la quejosa María Asteria Dzul Baas dichos certificados parcelarios, por lo que deberá constituirse en la fecha y hora señalada en el Centro de Atención al Público (CAT) de la citada Delegación. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa y córrasele traslado con copia de los oficios de cuenta. Atento a ello, requiérase a la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, para que garantice el acceso a sus instalaciones a la quejosa en la fecha y hora fijadas, y con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad para que dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha fijada, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta la entrega de los certificados parcelarios o informe las causas que se lo impidan; apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la cantidad de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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