Maria Ascención Cortes Flores
Expediente 520/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Ascención Cortes Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de dos de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. No obstante lo anterior, toda vez que obra en autos el acuse original del escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante la autoridad señalada como responsable, requiérase a la parte quejosa, para que en día y hora hábiles, comparezca debidamente identificada con credencial vigente, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, ubicadas en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, de esta ciudad, a fin de que se le haga la devolución de dicho documento. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger el documento antes precisado, el mismo podrá ser destruido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; mediante el cual, rinde su informe justificado, señala domicilio procesal, delegados y exhibe diversas constancias. Con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que ********************, acredita la personalidad como apoderada legal de ********************; por lo que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce dicha personalidad en el presente juicio de amparo. En ese contexto, de autos se advierte que por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto a las personas que se autorizan en términos amplios, hasta en tanto fuera reconocida la personalidad con que se ostentaba la promovente de amparo, circunstancia que ya aconteció; por tanto, se provee al respecto. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas en términos amplios a las personas que refiere la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Por otra parte, de las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, registrado bajo el folio 4839, en el juicio laboral ********************. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante, se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral de origen, y lo notificó a las partes. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, registrado bajo el folio 4839, en el juicio laboral ********************, y el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, acordó el mismo, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente prefiriendo el uso de medios electrónicos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual amplía su demanda de amparo; por tanto, al respecto se provee. Ampliación. Ahora bien, es pertinente señalar que de conformidad con los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, tal figura jurídica únicamente procede cumpliendo ciertos requisitos: Que su presentación se efectúe dentro del plazo que rige a la primigenia demanda; y, Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Al caso es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia2a./J. 121/2016 (10a.), con registro digital: 2012990, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación: Décima Época, Materia(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1324, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo." También sustenta lo aquí considerado la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Página 12, Materia Común, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Una vez sentado lo anterior, en el presente caso, de la lectura del escrito de ampliación de demanda, se advierte que la parte quejosa amplía su demanda por cuanto a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Luego, toda vez que los actos de autoridad que señala la promovente guardan estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial y no se encuentra celebrada la audiencia constitucional en este juicio, con base en lo establecido en el numeral 111, fracción II, de la Ley de Amparo, es dable concluir que se surten las hipótesis contenidas en la jurisprudencia y ordinal anteriormente señalados, en virtud de que señala nueva autoridad como responsable, sin que haya transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción IIde la Ley de Amparo, se tiene ampliada su demanda de amparo respecto a la autoridad antes señalada. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibida para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la personalidad de la promovente. con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la nueva autoridad señalada como responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a Reyna Belem Mena Acosta como apoderada legal de María Ascensión Cortes Flores, dentro del juicio laboral de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." De la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Autorizados. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. Sin embargo, respecto de tener con facultades amplias a las personas que menciona; este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente hasta en tanto sea reconocida la personalidad de la promovente. Finalmente, por cuanto a la solicitud de los medios electrónicos, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de abril del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos, a través del cual, manifiesta su imposibilidad de dar cumplimiento a lo requerido mediante auto de diecinueve de abril del año en curso, por los motivos que ahí expone; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien, al consultar el directorio de peritos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que funge como perito en materia de contabilidad, el siguiente profesionista: ? Guillermo Cesar Aguilera Galindo, quien radica en el PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO). En ese sentido, a fin de desahogar la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, y a efecto de contar con una opinión distinta a la del experto designado por dicha parte procesal, en acatamiento al procedimiento de designación de peritos con cargo al presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, establecido en el Acuerdo General que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, requiérase al perito Guillermo Cesar Aguilera Galindo para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si está en aptitud de prestar su auxilio a este Juzgado Federal a fin de rendir el dictamen pericial correspondiente y su conformidad con el Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio 2021, el cual, en relación a la materia de su dictamen pericial, corresponde al 3.21 (Monto por Hora) UMA´s. En el entendido que en caso de estar conforme, el especialista deberá informar el monto de sus honorarios, a fin de que este órgano jurisdiccional lo comunique a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, para hacer la previsión de los recursos y llevar a cabo el procedimiento para el pago correspondiente. En consecuencia, toda vez que el domicilio del citado perito se encuentra fuera de la residencia de este juzgado; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, a fin de que se constituya en el domicilio que se anexa en sobre cerrado, en busca del perito Guillermo Cesar Aguilera Galindo, y le requiera en los términos solicitados. Apercibiéndole al citado perito, que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de la Materia. Habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Asimismo, debe decirse que el dictamen pericial en materia de contabilidad deberá ser emitido sobre la base de los siguientes lineamientos: ? contabilizar de forma detallada la cantidad a pagar al quejoso por concepto de pensión por jubilación desde diciembre de dos mil dieciocho hasta la fecha, así como las subsecuentes. Notifíquese; y por medio de exhorto a la perito Guillermo Cesar Aguilera Galindo.
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