Maria Arteaga Zuñiga

Expediente 177/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
177/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Maria Arteaga Zuñiga
  • Agente del Ministerio Publico Adscrito Al Juzgado Noveno de Distrito En Tampico, Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial de cuenta, de donde se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de tres de marzo de dos mil quince, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda de amparo que se tuvo por no presentada; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Visto, agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa, como lo solicita, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la persona que señala en su escrito de cuenta, con cédula profesional que se encuentra capturada en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales, conforme al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, Fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como esta ordenado en auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se notifica a la promovente Filomena Martínez Méndez, el auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuyo auto esencialmente dice: Visto el estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte promovente por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en dicho acuerdo, sin que al efecto lo haya hecho; en consecuencia y con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de garantías que nos ocupa.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, Fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como esta ordenado en auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se notifica a la promovente Filomena Martínez Méndez, el auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuyo auto esencialmente dice: Vista la demanda de garantías promovida por la promovente, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con la partida 177/2017-IV. PREVENCIÓN Ahora, con el objeto de proveer tocante a la admisión de la aludida demanda, con apoyo en lo que establece el artículo 112, 114, fracción III, en relación con el numeral 108, fracción I, y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que por escrito dentro del término de cinco días legalmente computado: ÚNICO. Exhiba las constancias que acrediten la personalidad jurídica con que se ostenta, esto es, como apoderada general de MARÍA ARTEAGA ZÚÑIGA, toda vez que omitió exhibir las constancias necesarias para acreditar dicha circunstancia, pues debe decirse que la cuestión de personalidad constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada así se reconozca y, en caso contrario, se formule prevención en ese sentido, como lo establece la jurisprudencia número P./J.23/2009, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 7, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTICULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Desde luego se apercibe a la promovente de referencia, que de no cumplir con el requerimiento indicado en este acuerdo, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones en los estrados de este Juzgado y con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a la quejosa imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a la quejosa el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que el o los autorizados de la parte quejosa utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, habilítese al actuario adscrito a este Juzgado, a efecto de que, de ser necesario, realice las diligencias tendentes a cumplimentar ésta y las subsecuentes actuaciones, en días y horas inhábiles, sin necesidad de ulterior pronunciamiento; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de amparo, procédase a la digitalización del expediente electrónico. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.

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