María Armanda Lozano Cortes

Expediente 163/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
163/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2015

Partes del expediente

  • María Armanda Lozano Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    ... se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo en cita, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en dispuesto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ... notifíquese y personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRECE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de febrero de dos mil quince. Visto; la demanda de amparo promovida por María Armanda Lozano Cortés, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 163/2015. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Nueva Ley de Amparo, mismo que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la promovente reclama la resolución de cuatro de septiembre de dos mil catorce, dictada en el juicio laboral 642/VI/2013 del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la cual resuelve el incidente de competencia planteado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, a través de su representante legal, parte demandada en el juicio de origen, tercero interesada en el presente asunto, declarándose incompetente la junta responsable y declinando la misma a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, también con residencia en esta ciudad capital. Así las cosas, el suscrito de oficio procede al estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Nueva Ley de Amparo, en relación con el diverso 62 y 107, fracción V, interpretados a contrario sensu, del propio ordenamiento, al tenor de las siguientes consideraciones: Primeramente, es necesario precisar el contenido de los preceptos legales enunciados, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se desprende, en esencia, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve en contra de actos que no ocasionan daños a las personas o a las cosas, cuya reparación sea imposible. Cabe precisar que la irreparabilidad de un acto se hace consistir en que la afectación que se causa con la actuación de la autoridad, trae consecuencias jurídicas que inciden de manera directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal, y los tratados internacionales, en el entendido de que tal afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con la pronunciación de una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Esto es, los actos de imposible reparación recaen en la infracción de los derechos sustantivos del gobernado, lo que no ocurre en la especie, ya que como ha quedado precisado, el acto que se combate en esta vía consiste en la resolución de cuatro de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral 642/VI/2013 de su índice, en donde al resolver el incidente de competencia planteado por la parte demandada en el juicio de origen, declaró su legal incompetencia por razón de la materia para conocer del juicio, declinándola a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, acto que de ninguna manera causa una afectación directa a los derechos sustantivos de la promovente. Ello, en virtud de que la afectación que en su caso podría producirse sería únicamente sobre los denominados derechos adjetivos o procesales, que en la especie pueden ser modificados cuando el órgano a quien se le declinó la competencia, emita resolución o acuerdo en el que determine si la acepta o la rechaza, pues lo cierto es que la litis, se ciñe a los aspectos de competencia, máxime que como se evidenció, incide únicamente en la esfera jurídica de las partes, cuando el órgano jurisdiccional a favor de quien se emite, la acepta o rechaza, y en el caso, no se observa haya sido así. En otras palabras, la resolución que declina la competencia a otro órgano (como ocurre en el presente asunto) no reviste el carácter de un acto de imposible reparación, sino que sólo lo será cuando la autoridad a la que se declinó tal competencia, acepte el conocimiento de la misma, por lo que será su resolución, en caso de que proceda, la que cause perjuicio irreparable. Resulta aplicable al caso por analogía jurídica la jurisprudencia 3a., sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XXXI, Junio de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCIÓN DICTADA EN APELACIÓN, CUANDO ESTIMA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO. Del análisis relacionado de los artículos 106 y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, 114, fracción IV de la Ley de Amparo y 32, 33, 35 y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se infiere que si bien es cierto que una resolución de esa naturaleza debe considerarse como un acto dentro del juicio que, conforme al artículo 114, fracción IV citado, puede ser reclamado en amparo indirecto, ello sólo acontece, en los términos del propio precepto, cuando es de imposible reparación, que ocurre cuando la resolución de segunda instancia estima fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado y ordena remitir los autos a otro Juez común sujeto a la misma jurisdicción, pues en esta hipótesis, la decisión del Tribunal Superior tendrá que ser acatada por ambos Jueces. Sin embargo, ello no sucede cuando se declina la competencia a favor de un Juez común de otra jurisdicción o de un Juez de Distrito, pues al no obligarlos la resolución del Tribunal Superior ésta no causa perjuicio irreparable, ya que, tendrán que ser ellos los que acepten o rechacen la competencia. Por consiguiente, en este caso, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación del Tribunal Superior. Por otra parte, si el Juez de Distrito o el Juez común, de otra jurisdicción a la del Tribunal Superior que dictó la resolución que estimó fundada la excepción de competencia por declinatoria, aceptan la misma, será su resolución, o la del recurso que la confirma, en caso de que proceda, la que causa perjuicio irreparable, pudiéndose combatir en amparo indirecto. Si, por el contrario, el Juez común o el Juez de Distrito no aceptan la competencia, así lo comunicarán al Juez requirente y, como éste se encuentra obligado por la resolución dictada en apelación, tendrá que remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en definitiva el conflicto competencial. Si su decisión es en el sentido de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, contra ella no procederá el amparo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción I de la Ley de Amparo, pero ello resulta irrelevante puesto que el motivo de esta disposición radica en que la controversia es resuelta por el Máximo Tribunal ante el que pueden llegar los conflictos, independientemente de la vía que se haya ejercido. También, por sus consideraciones se cita la jurisprudencia 2a./J. 10/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1380, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia número IX.2o. J/9, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 1190, del Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. De igual forma se cita por su contenido jurídico, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 203, del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DECLINATORIA, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACION DE INCOMPETENCIA POR, CUANDO ESTA AUN NO SE HA ACEPTADO. Las jurisprudencias a que se hace referencia, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia antes estudiada, lo que procede en la especie es desechar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62, y 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la nueva ley aplicable a la materia, el que señala en su escrito de cuenta, y por autorizado de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a la persona indicada para tal efecto. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvense por separado en el local de la Secretaría de este Juzgado las ocho copias de la demanda que allegó la promovente a su escrito inicial de garantías. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe.

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