María Argelia Martínez Meléndez

Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1050/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
19/12/2023

Partes del expediente

  • María Argelia Martínez Meléndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario responsable, mediante el cual rinde su informe previo, toda vez que el quince de diciembre actual, se dictó sentencia interlocutoria en este incidente. Integración del expediente. De igual manera, conforme al artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese. MESA V.

  2. Incidental

    VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1050/2023-V, promovido por *******, por propio derecho, contra actos del Titular y Actuario adscritos al Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, promovido por ********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos que se mencionan a continuación: - .-La sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1482/2019, en la que condenó a la demandada aquí quejosa, al pago de las prestaciones reclamadas, así como el emplazamiento realizado por edictos, por no seguir las reglas de las notificaciones contenidas en los artículos 1068, 1068 bis y 1070 del Código de Comercio. SEGUNDO. Procedimiento. El ocho de diciembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1050/2023-V; se ordenó formar por separado el cuaderno incidental en que se actúa, donde en acuerdo de esa fecha se proveyó sobre la suspensión provisional solicitada; a las autoridades responsables se les pidieron sus informes previos y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. La Jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente legalmente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los artículos 37 y 125 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro de los límites territoriales del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Informes Previos. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, es cierto el acto combatido del Juez responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo. Por lo que dicho documento tiene el carácter de público y cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 142 de la ley de reglamentaria, opera la presunción de certeza de los actos que se atribuyen al Actuario responsable, en virtud que no obstante de encontrarse notificado del auto en el cual se le requirió su informe previo, fue omiso en rendirlo (como se advierte del oficio recibido el doce de diciembre del año en curso). TERCERO. Negativa de la suspensión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128 y 139 de Ley de Amparo, para proveer sobre la presente medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Ahora, de la lectura integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: .-La sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1482/2019, en la que condenó a la demandada aquí quejosa, al pago de las prestaciones reclamadas, así como el emplazamiento realizado por edictos, por no seguir las reglas de las notificaciones contenidas en los artículos 1068, 1068 bis y 1070 del Código de Comercio. Por su parte, el precepto 128 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se decretara´ siempre que se actualicen los requisitos siguientes: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b. Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés jurídico, y la afectación; c. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, d. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con su ejecución. De igual forma, en la presente suspensión se tomará en consideración lo sustentado en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019200, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". En principio, se precisa que la parte quejosa es parte demandada en el asunto de origen; por lo tanto, se tiene por acreditado su interés suspensional. En ese tenor, en relación con el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento, así como todas y cada una de las actuaciones, emitidas en el juicio ejecutivo mercantil 1482/2019, promovido por *************, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA pedida, ya que los actos citados tienen el carácter de consumados, en contra de los cuales resulta improcedente conceder la suspensión, ya que de hacerlo se estaría otorgando a la medida cautelar efectos restitutorios que son propios de la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva este incidente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 51, Tomo 60, diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 217665, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". CUARTO. Concesión de la suspensión de los actos reclamados. Por otro lado, respecto a las consecuencias de los actos combatidos, al cumplirse con los requisitos de procedencia, es decir, que los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos, así como las exigencias de legalidad contenidas en el dispositivo 128, fracción II, de la ley materia, pues la solicita una persona extraña al juicio de origen por equiparación. Aunado a que en relación con el requerimiento consistente en que no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 138 de la Ley de Amparo, faculta al suscrito titular de este órgano de control a realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Entendidas, la figura de la apariencia del buen derecho, como aquélla que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en un proceso, según el cual, de un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, mientras que el peligro en la demora se basa en la posible frustración de los derechos de la solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En ese contexto, si bien es cierto que el precepto 128 de la legislación reglamentaria establece sólo dos requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la pida la quejosa y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, el juzgador debe ponderar tal actuación, lo que sólo puede derivar del análisis integral de los actos reclamados, de sus características, importancia, gravedad y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra la quejosa y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social. De ahí que el estudio que se realiza no puede limitarse a los requisitos del arábigo 128 invocado, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el dispositivo 138, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, con los perjuicios de difícil reparación para la promovente, previstos en el diverso 139, pues además, tales requisitos son inherentes a la naturaleza que, como medida cautelar, corresponde a la suspensión del acto combatido. Al cumplirse con los requisitos de procedencia, es decir, que el acto reclamado es susceptible de ser suspendido, así como las exigencias de legalidad contenidas en el dispositivo 128, fracción II, de la ley materia, con fundamento en los numerales 128, 129, 131 y 151 de la normativa de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se ejecute la sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1482/2019, hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento de la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo de donde emana esta incidencia y además cause ejecutoria. En la inteligencia que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos combatidos ya se ejecutaron o provienen de autoridades diversas a las señaladas. QUINTO. Garantía. Ahora, del informe que rindió el juez responsable se advierte que la promovente fue condenada en la sentencia definitiva a las cantidades de $********); por concepto de suerte principal, $******** y ********, mismas que al sumarse dan como resultado la cantidad de $*****************); la cual servirá como parámetro a efecto de fijar la garantía en el presente incidente. En primer término, es menester puntualizar que los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión en el juicio de amparo están en función de las prerrogativas que confiera la sentencia o laudo reclamados. En efecto, el Máximo Tribunal del País sostuvo que el daño por el otorgamiento de la suspensión, radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad a que se contraiga la condena, durante el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, y los perjuicios, consisten en las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 14, enero de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008219, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA". Por lo tanto, para calcular los daños debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que se considere podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Habiéndose considerado que el tiempo probable de duración del juicio de amparo es de seis meses y, el período de seis meses por el que debe obtenerse el porcentaje inflacionario es el comprendido entre mayo y octubre del presente año. Conforme a la calculadora de inflación que se encuentra en la liga https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/CalculadoraInflacion.aspx, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo encargado de elaborar y publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación por el periodo a considerar, es de *****(uno punto noventa y siete por ciento), porcentaje que se multiplica por la cantidad de $***************); que arroja la condena del juicio primigenio, dando como resultado $***********). Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 3241, Libro 18, octubre de 2022, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Úndecima Época, registro *******, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUDIERAN GENERARSE CON SU OTORGAMIENTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONTIENE CONDENA LÍQUIDA, LA VARIACIÓN INFLACIONARIA BASE PARA CALCULAR SU MONTO DEBE OBTENERSE DE LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) DEL NÚMERO DE MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE FIJA, EQUIVALENTES A LOS QUE EL JUZGADOR CALCULA TARDARÁ LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2014 (10a.)]". Ahora, para calcular los posibles perjuicios, a la condena referida en párrafos precedentes se le aplica el porcentaje de 11.5043%, que corresponde a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días (base al día), dando como resultado el monto de $**************), la que se divide entre trescientos sesenta días (360), de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la circular 3/2012 del Banco Nacional de México, al ser la tasa tomada como base, lo que arroja la cantidad de $*******), de interés por cada día, y finalmente se multiplica por ciento ochenta días (180), que es el tiempo probable en que se resolverá en definitiva el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, lo cual da por resultado $************). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2288, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 160424, de rubro y texto: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Por lo tanto, dicha medida suspensional surte sus efectos de inmediato, y a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar al tercero interesado, la quejosa deberá exhibir dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, una garantía en cualquiera de las formas permitidas por la ley a disposición de este juzgado, por la cantidad de $*****************), monto que se obtuvo sumando las cantidades de $***************) y $**********). Por otra parte, se requiere a la solicitante de amparo para que al momento de exhibir la garantía que se solicita, y de optar por el certificado de depósito, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, cumpla con lo previsto en su numeral 883, el cual ordena: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". En ese sentido, se insiste, de optarse por la exhibición del certificado de depósito, deberá en forma expresa autorizar al secretario técnico del fondo referido, con el fin de que solicite y reciba de la institución crediticia la información que le permita el control de dicho depósito, en el entendido de que la omisión de tal expresión se interpretará en sentido afirmativo. Apercibida que de incumplir con las obligaciones impuestas como requisitos de efectividad, dejará de surtir efectos la medida cautelar obsequiada y quedarán expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 131 y 132 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por *******, por propio derecho, contra los actos y autoridades mencionados, por las razones expuestas en esta resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por ********, por propio derecho, contra los actos y autoridades señalados, por los motivos precisados en este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. MESA* V

  3. Principal

    Se recibe oficio. Agréguese el comunicado signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el cuaderno original del juicio de amparo ***, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de noviembre del año en curso, dictada en el recurso de queja Q.C.***, en la cual se determinó lo siguiente: "Único. Es fundado el recurso de queja". Acúsese el recibo de estilo; asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cuaderno de antecedentes. Incorpórense al juicio principal las actuaciones originales que obran en el citado cuaderno para su debida identificación. Cumplimiento. En acatamiento a lo determinado en el fallo emitido por el tribunal revisor, se provee: Fijación del acto reclamado. Del análisis integral efectuado a la demanda, se advierte que la promovente señala como acto reclamado, el siguiente: .-La sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil***, en la que condenó a la demandada aquí quejosa, al pago de las prestaciones reclamadas, así como el indebido emplazamiento realizado por edictos, por no seguir las reglas de las notificaciones contenidas en los artículos 1068, 1068 bis y 1070 del Código de Comercio. Admisión. Con apoyo en los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la legislación reglamentaria, SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Titular y Actuario adscritos al Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Incidente de suspensión. Tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión por así haberlo solicitado. Informe con justificación de las autoridades responsables. Toda vez que el juez responsable ya rindió su informe justificado, relaciónese en la audiencia de ley y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse por ofrecidas las documentales que acompaña, las que dada su propia y especial naturaleza, se admiten y desahogan, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia de ley. De conformidad con los arti´culos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pi´dase su informe justificado al Actuario adscrito al Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual deberá rendir en el plazo de quince di´as, computado legalmente; de igual forma, acompan~e copia certificada de las constancias con las que pretenda apoyarlo, mismas que remitirá completas, debidamente selladas, foliadas, rubricadas y estar relacionadas con los actos reclamados. Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de omisión se presumirán ciertos los actos que se le reclama, salvo prueba en contrario; además, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, prevista en los preceptos 237, fracción I, 260, fracción II, y 262, fracción I, de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia constitucional. En términos del artículo 115 del referido ordenamiento legal, se señalan las DOCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. Fecha que se fija tomando en cuenta el periodo vacacional que gozará este órgano jurisdiccional correspondiente al segundo semestre de dos mil veintitrés, esto es, del uno al quince de enero de dos mil veinticuatro, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés, conforme al calendario anual de vacaciones aprobado el veinticinco de septiembre del presente año, por la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo. Notificación a las autoridades. Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Manifestación respecto a causales de sobreseimiento. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, la comuniquen de inmediato, apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Intervencio´n al Agente del Ministerio Pu´blico Federal adscrito. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, dése la intervención que corresponde al representante social, lo cual se materializará a través del oficio que para tal efecto se entregue en el domicilio donde desarrolla sus funciones, en aras de privilegiar la integración pronta del expediente en que se actúa, con apoyo en el numeral 17 Constitucional. Además, se le da acceso al expediente electrónico mediante el usuario "manuel.aguilar"; en cumplimiento al acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de varios 1/2021, en el que se proveyó de conformidad la solicitud realizada por el representante social en ese sentido; lo que se toma como hecho notorio en términos del arábigo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Señalamiento de la tercera interesada. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce como tal a: -***, con domicilio en ***. En tales condiciones, con fundamento en el precepto 115 de la Ley de Amparo, túrnense los presentes autos al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el inmueble indicado y con copia de la demanda de amparo, ocurso aclaratorio y auto admisorio, la emplace al presente juicio a través de quien legalmente lo represente. En caso de dejar citatorio o aviso, el actuario judicial deberá comunicarle que tiene el lapso de dos días hábiles para acudir al local de este órgano jurisdiccional a darse por emplazada mediante comparecencia, pues de no hacerlo, se practicará conforme a lo dispuesto en el arábigo 27, fracción I, inciso b), de la ley reglamentaria. Asimismo, la requiera para que en el plazo de tres días hábiles, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de distrito; de omitir lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán por medio de lista. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada, por oficio a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al tribunal colegiado. MESA V.

  4. Incidental

    Apertura del incidente. Visto el escrito aclaratorio y la demanda promovida por ***, contra actos del Titular y Actuario adscritos al Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; fórmese el incidente de suspensión impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo ***. Informes previos. Con fundamento en los numerales 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a dichas autoridades sus informes previos, los cuales deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS legalmente computado, para tal efecto remítase copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en la inteligencia que si no lo hacen en el lapso concedido, se presumirán ciertos los actos reclamados de conformidad con el numeral 142 de la Ley de Amparo, requiriéndole que precise si son o no ciertos los actos que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que considere pertinentes sobre la procedencia o no de la suspensión. Se les apercibe que de no rendir su informe previo en los términos señalados, se harán acreedoras a una multa, como está previsto en el precepto 260, fracción I, del ordenamiento legal invocado. Audiencia incidental. En términos del arábigo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notificación a autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia incidental, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Suspensión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128 y 139 de Ley de Amparo, para proveer sobre la presente medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Ahora, de la lectura integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: .-La sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1482/2019, en la que condenó a la demandada aquí quejosa, al pago de las prestaciones reclamadas, así como el indebido emplazamiento realizado por edictos, por no seguir las reglas de las notificaciones contenidas en los artículos 1068, 1068 bis y 1070 del Código de Comercio. Por su parte, el precepto 128 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se decretara´ siempre que se actualicen los requisitos siguientes: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b. Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés jurídico, y la afectación; c. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, d. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con su ejecución. De igual forma, en la presente suspensión se tomará en consideración lo sustentado en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019200, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". En principio, se precisa que la parte quejosa es parte demandada en el asunto de origen; por lo tanto, se tiene por acreditado su interés suspensional. En ese tenor, en relación con el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento, así como todas y cada una de las actuaciones, emitidas en el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por ***, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL pedida, ya que los actos citados tienen el carácter de consumados, en contra de los cuales resulta improcedente conceder la suspensión, ya que de hacerlo se estaría otorgando a la medida cautelar efectos restitutorios que son propios de la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva este incidente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 51, Tomo 60, diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 217665, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por otro lado, respecto a las consecuencias de los actos combatidos, al cumplirse con los requisitos de procedencia, es decir, que los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos, así como las exigencias de legalidad contenidas en el dispositivo 128, fracción II, de la ley materia, pues la solicita una persona extraña al juicio de origen por equiparación. Aunado a que en relación con el requerimiento consistente en que no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 138 de la Ley de Amparo, faculta al suscrito titular de este órgano de control a realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Entendidas, la figura de la apariencia del buen derecho, como aquélla que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido en un proceso, según el cual, de un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, mientras que el peligro en la demora se basa en la posible frustración de los derechos de la solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En ese contexto, si bien es cierto que el precepto 128 de la legislación reglamentaria establece sólo dos requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la pida la quejosa y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, el juzgador debe ponderar tal actuación, lo que sólo puede derivar del análisis integral de los actos reclamados, de sus características, importancia, gravedad y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra la quejosa y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social. De ahí que el estudio que se realiza no puede limitarse a los requisitos del arábigo 128 invocado, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el dispositivo 138, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, con los perjuicios de difícil reparación para la promovente, previstos en el diverso 139, pues además, tales requisitos son inherentes a la naturaleza que, como medida cautelar, corresponde a la suspensión del acto combatido. Al cumplirse con los requisitos de procedencia, es decir, que el acto reclamado es susceptible de ser suspendido, así como las exigencias de legalidad contenidas en el dispositivo 128, fracción II, de la ley materia, con fundamento en los numerales 128, 129, 131 y 151 de la normativa de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se ejecute la sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***, hasta en tanto las autoridades responsables tengan conocimiento de la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y la misma cause ejecutoria. En la inteligencia que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos combatidos ya se ejecutaron o provienen de autoridades diversas a las señaladas. Garantía. Ahora, del informe que rindió el juez responsable se advierte que la promovente fue condenada en la sentencia definitiva a las cantidades de $***; por concepto de suerte principal, $*** y ***), mismas que al sumarse dan como resultado la cantidad de $***; la cual servirá como parámetro a efecto de fijar la garantía en el presente incidente. En primer término, es menester puntualizar que los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión en el juicio de amparo están en función de las prerrogativas que confiera la sentencia o laudo reclamados. En efecto, el Máximo Tribunal del País sostuvo que el daño por el otorgamiento de la suspensión, radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad a que se contraiga la condena, durante el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, y los perjuicios, consisten en las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 14, enero de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008219, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA". Por lo tanto, para calcular los daños debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que se considere podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Habiéndose considerado que el tiempo probable de duración del juicio de amparo es de seis meses y, el período de seis meses por el que debe obtenerse el porcentaje inflacionario es el comprendido entre mayo y octubre del presente año. Conforme a la calculadora de inflación que se encuentra en la liga https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/CalculadoraInflacion.aspx, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo encargado de elaborar y publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación por el periodo a considerar, es de 1.97% (uno punto noventa y siete por ciento), porcentaje que se multiplica por la cantidad de $222,038.20 (veintidós mil doscientos veintidós treinta ocho de pesos 20/100 moneda nacional); que arroja la condena del juicio primigenio, dando como resultado $4,374.15 (cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos quince pesos 25/100 moneda nacional). Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 3241, Libro 18, octubre de 2022, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Úndecima Época, registro 2025373, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUDIERAN GENERARSE CON SU OTORGAMIENTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONTIENE CONDENA LÍQUIDA, LA VARIACIÓN INFLACIONARIA BASE PARA CALCULAR SU MONTO DEBE OBTENERSE DE LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) DEL NÚMERO DE MESES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE FIJA, EQUIVALENTES A LOS QUE EL JUZGADOR CALCULA TARDARÁ LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2014 (10a.)]". Ahora, para calcular los posibles perjuicios, a la condena referida en párrafos precedentes se le aplica el porcentaje de 11.5040%, que corresponde a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días (base al día), dando como resultado el monto de $25,543.27 (veinticinco mil quinientos cuarenta y tres pesos 27/100 moneda nacional), la que se divide entre trescientos sesenta días (360), de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la circular 3/2012 del Banco Nacional de México, al ser la tasa tomada como base, lo que arroja la cantidad de $70.95 (setenta pesos 95/100 moneda nacional), de interés por cada día, y finalmente se multiplica por ciento ochenta días (180), que es el tiempo probable en que se resolverá en definitiva el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, lo cual da por resultado $12,771.00 (ciento veintisiete mil setecientos dieciseis pesos 36/100 moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2288, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 160424, de rubro y texto: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Por lo tanto, dicha medida suspensional surte sus efectos de inmediato, y a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar al tercero interesado, la quejosa deberá exhibir dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, una garantía en cualquiera de las formas permitidas por la ley a disposición de este juzgado, por la cantidad de $17,145.15 (quinientos sesenta y cinco mil ciento treinta y un pesos 61/100 moneda nacional), monto que se obtuvo sumando las cantidades de $4,374.15 (cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos quince pesos 25/100 moneda nacional) y $12,771.00 (ciento veintisiete mil setecientos dieciseis pesos 36/100 moneda nacional). Por otra parte, se requiere a la solicitante de amparo para que al momento de exhibir la garantía que se solicita, y de optar por el certificado de depósito, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, cumpla con lo previsto en su numeral 883, el cual ordena: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". En ese sentido, se insiste, de optarse por la exhibición del certificado de depósito, deberá en forma expresa autorizar al secretario técnico del fondo referido, con el fin de que solicite y reciba de la institución crediticia la información que le permita el control de dicho depósito, en el entendido de que la omisión de tal expresión se interpretará en sentido afirmativo. Apercibida que de incumplir con las obligaciones impuestas como requisitos de efectividad, dejará de surtir efectos la medida cautelar obsequiada y quedarán expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Notificación al tercero interesado. Se ordena notificar la presente determinación al tercero interesado ***, con domicilio en ***. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los dispositivos 27, fracción I, de la normativa de la materia y 305 del supletorio Código Procesal Civil Federal, se tiene como tal el ubicado en calle ***. Autorizados. Se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a los profesionistas que indica, siempre y cuando cuenten con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, de lo contrario, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y documentos, al igual que a las diversas personas que señala, para los fines que precisa en su ocurso de cuenta. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico y práctica de notificaciones personales vía electrónica. Se le permite a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones por esta vía, mediante el usuario "***" lo anterior de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el entendido que la elección de esta modalidad debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan por lista. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2405, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Notifíquese; personalmente al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables.

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