María Arcelia García Rodríguez
Expediente 557/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Arcelia García Rodríguez
- Jesús Alonso Hernández Andiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El nueve de agosto de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El plazo de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del cuatro al ocho del mes y año en curso; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameriten la devolución a las partes. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en virtud de que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante resolución de tres de julio de la presente anualidad (fojas 45 a 66), este Juzgado Primero de Distrito concedió el amparo solicitado a los quejosos María Arcelía García Rodríguez, Jesús Alonso Hernández Andiano, José Adrián Bocardo Muñoz, Willson David Tzampop Taperia, Geuilman Natarel, Juan Armando Casas Cervantes, Marcos Aguilar Martínez, Sandra Muñoz Torres, Joel Mínez Rodríguez, Martha Sánchez Hernández, Yuztine Esmeralda Castro Flores, Pablo Flores Aguilar y Ana Gabriela Castro Flores, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas: 1. Dejará insubsistente la resolución dictada el doce de mayo de dos mil dieciséis, en la causa penal 43/2015. 2. En su lugar emitiera una nueva determinación en la que, por las consideraciones expuestas en la presente resolución, realice lo siguiente: Declara procedente y fundado el recurso de revocación promovido por las defensoras públicas federales de los procesados María Arcelía García Rodríguez, Jesús Alonso Hernández Andiano, José Adrián Bocardo Muñoz, Willson David Tzampop Taperia, Geuilman Natarel, Juan Armando Casas Cervantes, Marcos Aguilar Martínez, Sandra Muñoz Torres, Joel Mínez Rodríguez, Martha Sánchez Hernández, Yuztine Esmeralda Castro Flores, Pablo Flores Aguilar y Ana Gabriela Castro Flores, contra el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecisiete De ser procedente diera trámite al incidente no especificado de cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por una diversa, en el que con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho proceda. De lo anterior destaca que los efectos de la ejecutoria en comento se concretan en que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas dejara insubsistente la resolución de doce de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 43/2015 y, en su lugar, emitiera una nueva determinación en la que declarara procedente y fundado el recurso de revocación promovido por las defensoras públicas federales de los procesados aquí quejosos y, de ser procedente, diera trámite al incidente no especificado de cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por una diversa, en el que con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, mediante oficio recibido el treinta y uno de julio de la presente anualidad, el Juez responsable (foja 90) con transcripción del auto de veintiocho del mes y año en cita deja insubsistente la resolución de doce de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 43/2015, declara procedente y fundado el recurso de revocación promovido a favor de los procesados, contra el auto de veintiséis de abril actual, revocó el aludido acuerdo, únicamente en la parte en que declaró improcedente la petición de los encausados, de modificación o sustitución de la prisión preventiva dictada, a fin de que se decrete el cese y se sustituya por las diversas medidas previstas en las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, emitió un nuevo acuerdo en el que admitió en la vía incidental la solicitud que hicieron los procesados, de cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por una diversa. De lo expuesto se sigue que en el auto en análisis la autoridad responsable determinó dejar sin efecto la resolución de doce de mayo de la presente anualidad dentro de la causa penal 43/2015, declaró procedente el recurso de revocación promovido a favor de los procesados aquí quejosos, revocando el auto de veintiséis de abril del actual y dictó un nuevo auto en el que admitió el incidente, a fin de resolver en cuanto a la solicitud que hacen los procesados, de cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por una diversa. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, porque se hicieron los pronunciamientos materia de la concesión de amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por medio del cual a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria emitida en autos informa que dejó insubsistente la resolución de doce de mayo de la presente anualidad y, en su lugar, emitió diversa determinación en la que, entre otras cuestiones, declaró procedente y fundado el recurso de revocación promovido por la parte quejosa contra el proveído de veintiséis de abril anterior. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio al tercero interesado y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza. Doy fe. Josué
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, certifica que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del siete al veinte de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cinco del propio mes y año. Que sí existen constancias que devolver a la autoridad señalada como responsable. No se aperturó incidente por no haber sido solicitado por la quejosa, tampoco existe billete de depósito exhibido por la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el tres de julio del año en curso, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia y 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable respecto de la que se concedió la protección constitucional, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías y remita las constancias que así lo acrediten. Devuélvase al juez responsable las constancias que remitió con su informe justificado. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida del licenciado Juan García Trejo secretario que autoriza y da fe. Regina
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las diez horas del tres de julio de dos mil diecisiete, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas (foja 37) y a las demás constancias que o bran en los presentes autos. Asimismo, la Secretaria da cuenta a la Juez con el pedimento 625/2017 signado por la agente del Ministerio Público adscrita y registrado con el número de folio 9031. A lo que la juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por emplazado al tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas (foja 39). En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a con las documentales remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación consistente en el duplicado de los tomos I, VII, VIII, IX, X y XXII del proceso penal 43/2015 de su índice. A lo que la juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida por la parte procesal citada, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen a la vista los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento número 625/2017 registrado con el número de folio 9031. A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la fiscal federal de la adscripción; igualmente, como lo solicita, con apoyo en el numeral 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia simple de la presente resolución, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos; luego, al no haber más alegatos que tener por reproducidos, se declara cerrada la presente etapa; y al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido artículo 124 de la ley de la materia y se procede a emitir la siguiente sentencia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 557/2017, promovido por María Arcelia García Rodríguez y otros. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (fojas 2-20), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, residentes en esta ciudad, turnado en ese día al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, María Arcelía García Rodríguez, Jesús Alonso Hernández Andiano, José Adrián Bocardo Muñoz, Willson David Tzampop Taperia, Geuilman Natarel, Juan Armando Casas Cervantes, Marcos Aguilar Martínez, Sandra Muñoz Torres, Joel Mínez Rodríguez, Martha Sánchez Hernández, Yuztine Esmeralda Castro Flores, Pablo Flores Aguilar y Ana Gabriela Castro Flores, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: ? Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Actos Reclamados: "IV: ACTO RECLAMADO: Por estimarlo violatorio de nuestros derechos fundamentales, se reclama la resolución de fecha DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en los autos de la causa penal 43/2015.". Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante auto de uno de junio de dos mil diecisiete (foja 1) el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas estimó carecer de competencia para resolver dicho juicio, por lo que se declaró incompetente y declinó la competencia a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien en proveído de cinco de junio siguiente (fojas 21-25), la aceptó; se ordenó el registro de la demanda bajo el número de amparo 557/2017; se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó el emplazamiento al fiscal de la federación adscrito al juzgado de origen, por resultarle el carácter de tercero interesado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la emisión del proveído reclamado, pues así lo manifestó al rendir informe justificado (foja 37). Asimismo, a su informe de ley, acompañó el duplicado de los tomos I, VII, VIII, IX, X y XXII de la causa penal 43/2015; documental que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. El diez de marzo de dos mil trece, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con residencia en la Ciudad de México, dictó auto de inicio de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIARV/029/2013 contra Manuel de Jesús Estrada Gómez, alias "el gordo", Jesús Alonso Hernández Andiano, alias "la momia", José Adrián Bocardo Muñoz, alias "el enamorado", Alejandro Martínez Cabral, alias "el Heidi", Willson David Tzampop Taperia, alias "el muerto", Pablo Flores Aguilar, alias "el paulo", Joel Minez Rodríguez , alias "el borrego", Luis Pablo Figueroa Vázquez, alias "el gato", Geuilman Natarel, alias "el pingui", Pedro Acuña Flores, alias "el cotorro", Flavio Cesar Solís Bautista, alias "el frodo", Daniel Zacarías Martínez, alias "el dani", José Antonio Delgado Acuña, alias "el toñito", Juan Armando Casas Cervantes, alias "el charro", Marcos Aguilar Martínez, alias "el firus", María Arcelia García Rodríguez, alias "la morena", Yuztine Esmeralda Castro Flores, alias "la Yuz", Ana Gabriela Castro Flores, alias "la Gaby", Sandra Muñoz Torres, alias "la Barbie", María de Jesús Mendoza Rodríguez, alias "la chuyita y/o campanita", Betina Yadira Estrella Ortiz, alias "la estrella", Fatima Isabel Uribe Rodríguez, alias " la fati", Teresa Abril Ávila Martínez, alias "la tere y/o abril", Martha Sánchez Hernández, alias "la pitufina", Griselda Débora Haro y de quien o quienes resulten responsables, por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer un delito contra la salud, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y robo de vehículos (fojas 1-20 del tomo I del cuaderno de pruebas). 2. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil trece, la autoridad ministerial dictó pliego de consignación en la que ejercitó acción penal en contra de las siguientes personas: 1. Manuel de Jesús Estrada Gómez, alias "El Gordo". 2. María Arcelia García Rodríguez, alias "La Morena". 3. Jesús Alonso Hernández Andiano, alias "La Momia". 4. José Adrián Bocardo Muñoz, alias "El Enamorado". 5. Alejandro Martínez Cabral, alias "El Heidi". 6. Willson David Tzampop Taperia, alias "El Muerto". 7. Pablo Flores Aguilar, alias "El Paulo". 8. Geuilman Natarel, alias "El Pingui". 9. Juan Armando Casas Cervantes, alias "El Charro". 10. Marcos Aguilar Martínez, alias "El Firus". 11. Yuztine Esmeralda Castro Flores, alias "La Yuz". 12. Ana Gabriela Castro Flores, alias "La Gaby". 13. Sandra Muñoz Torres, alias "La Barbie". 14. Joel Minez Rodríguez, alias "El Borrego". 15. Betina Yadira Estrella Ortiz, alias "La Estrella". 16. Martha Sánchez Hernández, alias "La Pitufina". 17. Griselda Débora Haro. Y, solicitó al juez responsable librara orden de aprehensión. Asimismo, ordenó remitir la indagatoria al Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, en turno, a fin de que incoara el proceso penal correspondiente (fojas 1-495 del tomo II y 2-13 del tomo III del cuaderno de pruebas). 3. El diecisiete de abril de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas recibió la indagatoria y previó a acordar sobre su radicación requirió al Ministerio Público Federal consignador, a fin de que constara la veracidad de la información que proporcionaría a dicha autoridad (fojas 14-17 del tomo II del cuaderno de pruebas) 4. En esa misma fecha, el fiscal ejecutivo asistente cumplió con el requerimiento realizado y el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas tuvo por recibida la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIARV/029/2013 y radicó la causa penal 61/2013 (ahora 43/2015 del índice de la autoridad responsable) (fojas 18-28 del tomo II del cuaderno de prueba). 5. En dieciocho siguiente, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas dictó orden de aprehensión Manuel de Jesús Estrada Gómez, alias "el gordo", María Arcelia García Rodríguez, alias "la morena", Jesús Alonso Hernández Andiano, alias "la momia", José Adrián Bocardo Muñoz, alias "el enamorado", Alejandro Martínez Cabral, alias "el Heidi", Willson David Tzampop Taperia, alias "el muerto", Pablo Flores Aguilar, alias "el paulo", Geuilman Natarel, alias "el pingui", Juan Armando Casas Cervantes, alias "el charro", Marcos Aguilar Martínez, alias "el firus", Yuztine Esmeralda Castro Flores, alias "la Yuz", Ana Gabriela Castro Flores, alias "la Gaby", Sandra Muñoz Torres, alias "la Barbie", Joel Minez Rodríguez, alias "el borrego", Betina Yadira Estrella Ortiz, alias "la estrella", Martha Sánchez Hernández, alias "la pitufina", Griselda Débora Haro, únicamente por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de armas y cartuchos de arma de fuego de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y contra la salud, en su modalidad de posesión del narcótico cannabis sativa I (fojas 35-160 del tomo II del cuaderno de pruebas). 6. El dos de mayo de dos mil trece, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, encargada del despacho por licencia otorgada al titular, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Toluca y en apoyo y auxilió de la autoridad competente, resolvió la situación jurídica de los inculpados, dentro del término constitucional y dictó, entre otros, auto de formal prisión contra los acusados Manuel de Jesús Estrada Gómez, alias "el gordo", Jesús Alonso Hernández Andiano, alias "la momia", José Adrián Bocardo Muñoz, alias "el enamorado", Alejandro Martínez Cabral, alias "el Heidi", Willson David Tzampop Taperia, alias "el muerto", Pablo Flores Aguilar, alias "el paulo", Geuilman Natarel, alias "el pingui", Juan Armando Casas Cervantes, alias "el charro", Marcos Aguilar Martínez, alias "el firus" y Joel Minez Rodríguez, alias "el borrego", por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea (fojas 564-711 del tomo II del cuaderno de pruebas). 7. Inconformes con la determinación anterior los procesados interpusieron recurso de apelación (fojas 780-783 del tomo II del cuaderno de pruebas), el cual admitió el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas (fojas 972-979 del tomo II del tomo de pruebas) y fue resuelto el treinta y uno de enero de dos mil catorce por el Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en apoyo y auxilio a las labores del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, en el que se determinó confirmar el auto de formal prisión recurrido (fojas 18-68 del tomo V del cuaderno de pruebas). 8. El veinticinco de mayo de dos mil trece, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en apoyo y auxilio de la autoridad competente, resolvió la situación jurídica de las inculpadas y dictó auto de formal prisión contra las acusadas María Arcelia García Rodríguez, alias "la morena", Yuztine Esmeralda Castro Flores, alias "la Yuz", Ana Gabriela Castro Flores, alias "la Gaby", Sandra Muñoz Torres, alias "la Barbie", Betina Yadira Estrella Ortiz, alias "la estrella", Martha Sánchez Hernández, alias "la pitufina" y Griselda Débora Haro, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión y portación de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico cannabis sativa I (fojas 198-228 del tomo IV del cuaderno de pruebas). 9. Inconformes con la determinación anterior las procesadas precisadas en punto que antecede interpusieron recurso de apelación (fojas 249-250 del tomo IV del cuaderno de pruebas), el cual admitió el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (fojas 272-282 del tomo IV del tomo de pruebas) y fue resuelto el cuatro de marzo de dos mil catorce por el Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, en el que determinó confirmar el auto de formal prisión impugnado (fojas 112-16 del tomo V del cuaderno de pruebas). 10. El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, Joel Mínez Rodríguez, Pablo Flores Aguilar, Juan Armando Casas Cervantes, Geuilman Natarel, Willson David Tzampop Taperia, Yuztine Esmeralda Castro Flores, María Arcelía García Rodríguez, Ana Gabriela Castro Flores, Sandra Muñoz Torres, Martha Sánchez Hernández, Marcos Aguilar Martínez, Jesús Alonso Hernández Andiano y José Adrián Bocardo Muñoz (fojas 62-68, 80-86, 98-104, 116-121, 133-138, 150-156, 168-174, 186-192, 204-210, 222-228, 240-246, 258-264 y 276-283 del tomo VI del cuaderno de pruebas), respectivamente promovieron ante Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas incidente no especificado de modificación o sustitución de la prisión preventiva dictada en su contra, a efecto de que se decrete el cese o la sustitución de dicha medida por otra de las diversas contenidas previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 11. Mediante proveído de veintiséis de abril siguiente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, determinó que no había lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, bajo el argumento de que la causa de donde emana el acto reclamado fue iniciada con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio (fojas 295-305 del tomo VI del cuaderno de pruebas). 12. Inconformes con dicha determinación, el veintiocho de abril y tres de mayo siguiente, el juez responsable tuvo a la defensora pública federal de los inculpados interponiendo recurso de revocación contra el diverso auto de veintiséis de abril anterior (fojas 312-313 y 321-322 del tomo VI del cuaderno de pruebas). 13. El doce de mayo de la presente anualidad, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas resolvió el medio de impugnación interpuesto y determinó confirmar el auto recurrido (fojas 355-367 del tomo VI del cuaderno de pruebas) La resolución anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional SEXTO. Estudio de fondo del acto reclamado. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la que suscribe la advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa son fundados suplidos en la queja deficiente, en términos de la fracción III, inciso a, del artículo 79, de la Ley de Amparo. En una parte de los conceptos de violación, los quejosos argumentan que el juez responsable no consideró lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, toda vez que contrariamente a lo establecido por la autoridad responsable resulta procedente la revisión de medidas cautelares, a efecto de modificarla por una diversa que no sea privativa de la libertad, ello con la intención de salvaguardad el derecho humano de la libertad personal de los procesados. Es decir, el motivo de inconformidad de los quejosos radica en que de conformidad con el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, se realice la revisión de las medidas cautelares previstas en la normativa en cita para el efecto de que el juez responsable, en términos de los artículo 153 a 171 del cuerpo normativo citado, dé vista a las partes, para proseguir con las etapas del procedimiento previsto en el sistema de justicia penal adversarial, y una vez que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, así como efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo que representa el imputado resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, siguiéndose de acuerdo a las nuevas reglas del sistema penal en cometo. Lo anterior, resulta fundado, según se analizará a continuación. En efecto, el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código." Del dispositivo legal transcrito se advierte que aquellas medidas privativas de libertad personal o prisión preventiva, decretadas en procesos iniciados de acuerdo con la legislación procesal aplicable antes de que entrara en vigor el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, pueden ser revisadas, sustituidas, modificadas o cesadas en términos de los diversos preceptos 153 a 171 del código procesal en cita. Sin embargo, el diverso numeral cuarto transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, es del contenido siguiente: "Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." De la anterior transcripción, se advierte que existe disposición expresa de la constitución respecto de la conclusión, lo que incluye todo lo relativo al trámite, incluyendo la prisión preventiva o libertad, de los procesos que iniciaron antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De las consideraciones señaladas se desprende que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, sin embargo, en el artículo quinto transitorio citado se contempla la excepción a dicha regla, sin que ello se contraponga con lo establecido en el diverso cuarto transitorio constitucional, como a continuación se explicará. Ahora, mediante decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de implementar un nuevo sistema procesal penal acusatorio oral en el territorio nacional, el cual atiende, entre otras, a las siguientes características: 1) Propone un sistema acusatorio, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, estableciendo de manera explícita el principio de presunción de inocencia para éste. Este nuevo sistema acusatorio se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la característica de la oralidad, la cual conforma una herramienta para fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. 2) Prevé la inclusión de jueces de control que resolverán inmediatamente y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, respetando las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, y siempre deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones que haya entre jueces y Ministerio Público. El juez de la causa, se hará cargo del asunto una vez vinculado a proceso el indiciado, hasta la emisión de la sentencia correspondiente, y un juez ejecutor vigilará y controlará la ejecución de la pena. 3) Sustituye el auto de formal prisión y el de sujeción a proceso por un auto de vinculación a proceso, con el objetivo de tener congruencia con el nuevo sistema acusatorio. 4) Asimismo, se establece una nueva regulación respecto de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, de tal forma que ésta sólo excepcionalmente podrá ser aplicada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, contra el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos. 5) Prevé mecanismos alternativos de solución de controversias y formas anticipadas de terminación del proceso; y, 6) Establece un régimen de transitoriedad para la implementación del sistema acusatorio. Es importante mencionar que de los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio previsto en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales, entraría en vigor en las entidades federativas, dentro de las cuales se encuentra el Estado de Zacatecas, hasta que adecuaran y expidieran los ordenamientos legales correspondientes, además de expedir y publicar por los medios oficiales pertinentes una declaratoria, en la que se hiciera constar la incorporación al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, y, en consecuencia, la forma y términos en que las garantías que prevén los artículos reformados comenzarán a regular la manera de substanciar los procedimientos penales. Asimismo, como se dijo, el artículo cuarto transitorio establece que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, continuarían substanciándose, hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad. Ahora bien, en el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, se estableció lo siguiente: "ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales. ARTÍCULO TERCERO. Abrogación El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas que por virtud del presente Decreto se abrogan, se entenderá referida al presente Código". En este contexto, cabe precisar que la acotación constitucional contenida en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el sentido de que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se substanciarán conforme a las reglas previstas en las leyes adjetivas con las cuales se comenzaron a substanciar los procedimientos penales, también quedó plasmada en el artículo tercero transitorio del referido ordenamiento. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Congreso del Estado de Zacatecas publicó en el Periódico Oficial, órgano de gobierno de dicha entidad, el uno de noviembre de dos mil catorce, el Decreto número 215 por el que se declara la incorporación a partir del cinco de enero de dos mil quince (en los distritos judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande) y cuatro de enero de dos mil dieciséis (en los distritos judiciales de Pinos, Loreto, sombrerete y Fresnillo) del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales, al orden jurídico del Estado de Zacatecas, y por consiguiente, los derechos fundamentales y garantías previstos en los artículos 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17 párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21 párrafo séptimo constitucionales reformados. De lo anterior, se desprende que en el citado artículo cuarto transitorio del Decreto de Reforma a diversos preceptos constitucionales publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, debían ser concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto; así como al crear el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado oficialmente el cinco de marzo de dos mil catorce, se había establecido en el artículo tercero transitorio que los procedimientos penales que a la entrada en vigor del ordenamiento se encontraran en trámite, continuarían sustanciándose de conformidad con la legislación aplicable en el momento de su inicio. Sin embargo, como lo aducen los quejosos resulta procedente aplicar lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, para revisar las medidas cautelares previstas en la codificación en cita, sin que se soslaye que la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIARV/029/2013, por la que se formó la causa penal 43/2015, se inició el diez de marzo de dos mil trece. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mencionado sistema de justicia penal acusatorio y oral deben ser concluidos en su procedimiento conforme al Código de Procedimientos Penales respectivo, hasta su conclusión, por ser incompatible con el sistema penal acusatorio, también lo es que es posible aplicar lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras legislaciones, sólo para la revisión y posible sustitución de la medida cautelar. Se sostiene lo anterior, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un documento en el que se condensan los derechos fundamentales, las libertades de los individuos, las normas que dan pauta a la prevalencia del Estado de Derecho y que rigen la organización, funcionamiento y atribuciones de los poderes públicos, así como de los organismos autónomos y su relación con los habitantes. Asimismo, de conformidad con el principio de supremacía constitucional todas las normas relativas a los derechos humanos quedan subordinadas a dicho documento y a los tratados internacionales signados por este país; el ejercicio de tales derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la propia ley fundamental establece, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De igual forma, el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual fue resultado de una discusión sobre la necesidad de incorporar al derecho interno la obligación de los órganos del Estado, de respetar, aplicar y hacer efectivos los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por México. La reforma constitucional tuvo como propósito modernizar la ley fundamental y ponerla en sincronía con el ámbito internacional a fin de darle congruencia a los principios que caracterizan a los derechos humanos en el mundo, como son: la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad. Se amplió la protección de la dignidad de la persona. El Poder reformador hizo énfasis en que el principio de universalidad debe regir el ámbito de los derechos humanos en el país, al igual que los principios de interdependencia, progresividad e indivisibilidad, los que necesitan contar con la plena protección jurisdiccional, para que el agraviado pueda acudir a los tribunales a pedir justicia y obtener, de ser el caso, un fallo favorable; ya que es obligación de éstos resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos; concepción que protege a todas las personas sin distinguir su condición social, jurídica o política. La reforma trajo como obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, los cuáles son más amplios que los contenidos en el esquema limitado de las garantías individuales, pues también abarcan los reconocidos en los tratados internacionales. Bajo ese contexto, lo relativo a la prisión preventiva tiene íntima relación con el principio de presunción de inocencia, en el que se plasma la necesidad de enfatizar que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, siendo al Ministerio Público a quien corresponde investigar y probar ante el juez la responsabilidad penal de un procesado; lo que se debe analizar desde una óptica, no sólo a partir de la constitución federal, sino también de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano. En efecto, la propia constitución, antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, para salvaguardar los principios y valores del Estado mexicano, disponía a favor de todo gobernado la prerrogativa de que pudiera permanecer en libertad mientras se le sigue proceso, siempre y cuando: a) Se trate de delitos que por su gravedad la ley expresamente no lo prohíba. b) No haya sido condenado con anterioridad por algún delito de esa naturaleza -grave-. c) No se hayan aportado por parte del Agente del Ministerio Público elementos para establecer que la libertad del inculpado representa un riesgo para el sujeto pasivo del delito o para la sociedad. Esto es, inmediatamente que lo solicite, el juez debe otorgarle su libertad con excepción, en términos del diverso numeral 20, fracción I, de la norma suprema, de que se trate de ilícitos que por su gravedad la ley expresamente no permita conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución; con la salvedad, además, de que el inculpado no haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando su libertad represente, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad; aspectos estos dos últimos respecto de los cuales la representación social debe aportar elementos al operador jurídico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo lo dispuesto en relación con la libertad provisional bajo caución, no prevenía expresamente que pudiera analizarse la restricción de la libertad del procesado realizada con motivo del dictado del auto de formal prisión; sin embargo, eso no significa que sea imposible revisar, modificar o sustituir la medida cautelar impuesta, si se violentan en su perjuicio los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal y plazo razonable, emanados de la propia constitución federal; esto es, en atención a dichos principios es factible examinar si la mencionada restricción a su libertad debe tutelarse desde otra perspectiva, en aras de favorecerlo en la protección más amplia (principio pro persona), siempre teniendo presentes los derechos humanos reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte. Asimismo, es importante traer a colación lo previsto en los numerales 5°, puntos 1 y 2, y 9°, puntos 1, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York, donde se preceptúa que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin que pueda ser sometido a detención o prisión arbitrarias; esto es, no podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento ahí establecido; toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, donde la prisión preventiva no debe ser la regla general, la cual tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la brevedad sobre la ilegalidad de su prisión. De conformidad con dicho pacto, la prisión preventiva puede ser recurrida ante un tribunal a fin de que éste decida sobre su legalidad; la prisión preventiva no debe ser la regla general; asimismo, toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Así, una interpretación pro persona aplicada al derecho nacional en términos del artículo 1° constitucional, permite inferir que la prisión preventiva debe durar un plazo razonable, puede y debe ser revisada bajo parámetros de necesidad y conducencia, aspectos los anteriores, que se contienen precisamente en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras legislaciones. Del contenido del citado artículo quinto transitorio , se desprende que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente, la revisión de dichas medidas, para efecto de que el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de haber dado vista a las partes para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente el órgano jurisdiccional, considerando la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, en caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado ordenamiento adjetivo. De lo anterior se advierte que dicha norma prevé expresamente un procedimiento específico de revisión de las medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva, que se llevará a cabo, a petición de parte, ante el juez de la causa, dando el tratamiento de medidas cautelares, según los artículos del 153 a 171 y 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la celebración de la audiencia correspondiente, previa vista a las partes e investigación por parte del Ministerio Público, para que se resuelva sobre la revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ello se obtiene que fue el propio legislador quien estableció el derecho de los inculpados para solicitar la revisión de la medida cautelar, en el procedimiento tradicional como el que nos ocupa. Así, es evidente que el nuevo sistema de justicia penal instaurado en la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, sólo es aplicable a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema, y que no es compatible con el sistema tradicional por las características que los distinguen, de tal forma que no implica una completa aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que lo dispuesto en el quinto transitorio que se analiza, cobra aplicación únicamente en cuanto a la revisión de las medidas cautelares, no sólo por así preverlo la legislación adjetiva en comento, sino también por aplicación del principio pro persona contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los términos ya analizados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XIX/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2918, Libro IV, enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el Texto Constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano." Y la tesis I.4o.A.464 A, consultable en la página 1744, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria." Además, no se pueden desconocer las reglas señaladas en los transitorios aquí analizados, pues debe precisarse que los artículos transitorios de cualquier ordenamiento jurídico forman parte de él, pues en ellos se fija, entre otras cuestiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo cual permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, por lo que la aplicación de aquéllos también es de observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como acontece con el artículo cuarto transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero, como ya se estableció, el diverso quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se contrapone con la restricción del diverso transitorio constitucional, sino, por el contrario, se complementan. Así pues, en los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, se seguirá al procesado con el mismo sistema que se le ha venido aplicando, hasta ser sentenciado y que esa sentencia cause ejecutoria, sin que puedan aplicarse las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral para determinar si los hechos que cometió constituyen o no un delito, ni lo relativo a su responsabilidad penal, toda vez que el hecho estimado delictivo se juzgará de conformidad con el sistema penal en el que se le ha venido sujetando a proceso acorde a las reglas adjetivas del sistema penal vigente al inicio del procedimiento penal. No obstante, el artículo transitorio de que se trata únicamente faculta al juzgador de primera instancia, aun en el sistema tradicional, a revisar la medida cautelar impuesta basando su petición en un derecho vigente, pues el propio legislador le permite hacerlo al establecerlo el referido artículo quinto transitorio; de modo que no hay aplicación retroactiva de la norma, en perjuicio del gobernado, sujeto a proceso. En ese orden, se considera que el referido artículo quinto transitorio es una herramienta para los juzgadores a fin de que, de ser procedente, se revise lo relativo a las medidas cautelares, establecer su necesidad de la misma, que conlleve a garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, para lo cual se deberán tomar en cuenta parámetros de proporcionalidad e idoneidad, así como el criterio de mínima intervención, y con ello efectuar la evaluación de riesgo, sin soslayar los casos de prisión preventiva oficiosa. Todo lo cual permite al juzgador la revisión de la medida y determinar la subsistencia o cese de la ya impuesta, la aplicación de una diversa, su modificación o sustitución, en cuyo caso, en la medida de sus posibilidades y de su criterio, proveer sobre la vigilancia de la misma, o bien, con el auxilio de otras dependencias en las que podrá apoyarse para dar el debido cumplimiento. Lo cual se estima redunda en beneficio del procesado que lo solicite, verdadera intención del legislador al establecer el quinto transitorio del decreto. Ahora, en el caso, los quejosos reclaman la determinación emitida por el juez responsable el doce de mayo de la presente anualidad, por medio de la cual resolvió el recurso de revocación en el que determinó confirmar el auto de veintiséis de abril anterior, en el cual negó a tramitar el incidente no especificado de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva solicitado. En uno de los conceptos de violación, aduce que el juez natural no tramitó el incidente solicitado partiendo de la base de que el proceso penal incoado contra los quejosos inició con anterioridad a la vigencia del sistema penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no resultaba procedente aplicar lo establecido en él. En ese contexto, en efecto el procedimiento penal de origen inició en dos mil trece, esto es, bajo las reglas del procedimiento penal tradicional, que regía antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, atendiendo a los principios de supremacía constitucional y de seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 133 constitucionales, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, es inconcuso que el proceso de origen debe regirse por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás leyes penales, vigentes a la fecha en que se inició el procedimiento respectivo hasta su conclusión. Por tanto, como acertadamente lo manifestó el juez responsable, de conformidad con el citado artículo cuarto transitorio constitucional, no se encuentra facultado para realizar la total transición del procedimiento penal tradicional al diverso sistema penal acusatorio adversarial; sin embargo, éste si podrá resolver respecto de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/33 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA PENAL. CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, LOS ARTÍCULOS 153 A 171 Y 176 A 182 DE DICHO CÓDIGO, QUE REGULAN LO RELATIVO A LA IMPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE AQUÉLLAS, PUEDEN APLICARSE AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL TRADICIONAL. El precepto transitorio mencionado establece: "Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el Juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma, en términos de los artículos 176 a 182 del citado código.". De su interpretación literal se concluye que el legislador estableció que los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan lo relativo a la imposición y supervisión de medidas cautelares, pueden ser aplicados al sistema de justicia penal tradicional, por ser éste el que estaba vigente con anterioridad al sistema acusatorio oral, lo que se corrobora con el hecho de identificar al sujeto activo como inculpado o imputado como la persona que podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de las medidas cautelares, trascendiendo que se identifica como inculpado al sujeto activo en el procedimiento tradicional, vocablo que no fue acogido en el indicado código adjetivo, ya que éste lo define como imputado, acusado o sentenciado; y con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se reformó la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el que se precisó que las legislaciones que ya contaban con un sistema procesal penal acusatorio, la reforma constitucional entraría en vigor al día siguiente de la publicación del decreto." Así, al haber desechado a los quejosos el incidente de donde emana el acto reclamado bajo el argumento de que éste resultaba improcedente en virtud de que la causa penal de donde deriva inició con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio y, por ende, únicamente le resulta aplicable la normativa vigente en ese entonces, transgrede los derechos humanos de los quejosos. En consecuencia, como se dijo, al resultar fundado el concepto de violación en el que afirman los promoventes que lo que pretenden con este juicio es que se realice una revisión y modificación de la medida cautelar que les fue impuesta, de conformidad con lo establecido en el referido artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, si el incidente no especificado de cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva resultara notoriamente improcedente, en virtud de que el delito o delitos por los que se dictó la formal prisión sean de aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa, o bien, los inculpados estén siendo procesados o hayan sido sentenciados por la comisión de un delito doloso diverso, no susceptible de acumularse a aquél respecto del que se solicite la prisión preventiva, el juez de origen, con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, puede resolverlo de plano. De lo contrario, no podrá resolverse de tal manera y su trámite deberá ceñirse a los lineamientos contenidos en el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales. En ese tenor, dada la violación de los derechos fundamentales de los quejosos que ha quedado evidenciada, es suficiente para conceder el amparo que solicitada, siendo innecesario estudiar los demás motivos de inconformidad aducidos. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia ciento siete, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, febrero mil novecientos noventa y seis, página ochenta y cinco, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, para restituir a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales conculcados, se les concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el doce de mayo de dos mil dieciséis, en la causa penal 43/2015. 2. En su lugar emita una nueva determinación en la que, por las consideraciones expuestas en la presente resolución, realice lo siguiente: a) Declare procedente y fundado el recurso de revocación promovido por las defensoras públicas federales de los procesados María Arcelía García Rodríguez, Jesús Alonso Hernández Andiano, José Adrián Bocardo Muñoz, Willson David Tzampop Taperia, Geuilman Natarel, Juan Armando Casas Cervantes, Marcos Aguilar Martínez, Sandra Muñoz Torres, Joel Mínez Rodríguez, Martha Sánchez Hernández, Yuztine Esmeralda Castro Flores, Pablo Flores Aguilar y Ana Gabriela Castro Flores, contra el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecisiete b) De ser procedente dé trámite al incidente no especificado de cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por una diversa, en el que con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho proceda. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Arcelía García Rodríguez, Jesús Alonso Hernández Andiano, José Adrián Bocardo Muñoz, Willson David Tzampop Taperia, Geuilman Natarel, Juan Armando Casas Cervantes, Marcos Aguilar Martínez, Sandra Muñoz Torres, Joel Mínez Rodríguez, Martha Sánchez Hernández, Yuztine Esmeralda Castro Flores, Pablo Flores Aguilar y Ana Gabriela Castro Flores, contra los actos reclamados del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de doce de mayo de dos mil diecisiete; por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado, así como por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué 15957 y 15958
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