María Aranzazú González Vázquez
Expediente 3449/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3449/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- María Aranzazú González Vázquez
- Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Se requiere nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada, completa y legible del oficio girado al Ayuntamiento Constitucional de Acatlán de Juárez, Jalisco, el cual fue ordenado en auto de trece de febrero del año que transcurre, así como de su acuse de recibido, o en su caso, de la pieza postal que acredite su remisión; bajo apercibimiento que de no cumplir, se actuará conforme se establece en el artículo 105 de la Ley de Amparo, en el sentido de remitir el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su primer párrafo lo siguiente: "Artículo 107. [...] XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. [.. .]".
- Principal
Se ordena dar vista a la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2082/2016, promovido por María Esther Alvarez Romo, por su propio derecho, contra actos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. María Esther Alvarez Romo, el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Delegación Jalisco; Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, con residencia en Lagos de Moreno; y, Director de Catastro Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, que se precisarán en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya entonces Titular dictó proveído el cinco de agosto de dos mil dieciséis (folios 25 a 29), en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 2082/2016; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; emplazar a los terceros interesados; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción V, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se combaten actos de autoridades distintas de las judiciales, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2014. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: De la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y de la De la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Delegación Jalisco: La celebración del contrato de compraventa en su calidad de parte vendedora a favor del aquí tercero interesado Gerardo Muñoz Campos, como comprador, contenido en la escritura pública 24,842, ante la fe del Notario Público número sesenta y nueve, de Guadalajara, Jalisco, en ejecución de Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual fue expropiada una superficie de 17-40-69.29 hectáreas del Ejido de Encarnación de Díaz, Jalisco, respecto del predio ubicado conforme a la nomenclatura utilizada por la comisión en la zona 01, de la manzana 27, fracción II, lote de terreno 22, con una superficie de 780.00 metros cuadrados, ubicada en el ex ejido de Encarnación de Díaz, municipio del mismo nombre, en el Estado de Jalisco. La escritura pública número 25,499, otorgada ante la fe del Notario Público número sesenta y nueve, que contiene la rectificación de la escritura pública 24,842, en cuanto al segundo de los apellidos del tercero interesado Gerardo Muñoz Campos, como comprador. Del Jefe de la Oficina del registro Público de la Propiedad con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco: La incorporación de las escrituras públicas 25,499 y 24,842, bajo folio 4551115 de veintisiete de junio y dos de agosto, ambas de dos mil trece. Del Director de Catastro Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco: La futura e inminente afectación o cancelación que pudiera darse con motivo de las escrituras públicas 25,499 y 24,842, en relación a las cuentas catastrales identificadas bajo números 18,007 y 128. TERCERO. Inexistencia de actos. El Director General de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y el Director de Catastro Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, al emitir su informe de ley (folios 113 a 119), negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, los cuales se encuentran identificados bajo incisos a), b), y d) del considerando que antecede, respectivamente, sin que la parte quejosa aportara elemento de convicción suficiente para desvirtuar tal negativa. Es aplicable, la jurisprudencia número 310, publicada en la página doscientos nueve, tomo Sexto, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Dichas negativas cobra relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, porque, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admite su existencia y aducen su constitucionalidad, mas no, cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable, la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Asimismo, resulta aplicable, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, se desprende con certeza que no obra medio de convicción alguno que demuestre la existencia del acto reclamado al Director de Catastro Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, es decir, que pretenda o sea inminente la afectación o cancelación que pudiera darse con motivo de las escrituras públicas 25,499 y 24,842, en relación a las cuentas catastrales identificadas bajo números 18,007 y 128; asimismo, no se desprende que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), hubiese tenido partición la celebración del contrato de compraventa en su calidad de parte vendedora a favor del aquí tercero interesado Gerardo Muñoz Campos, como comprador, contenido en la escritura pública 24,842, ante la fe del Notario Público número sesenta y nueve, de Guadalajara, Jalisco, en ejecución de Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual fue expropiada una superficie de 17-40-69.29 hectáreas del Ejido de Encarnación de Díaz, Jalisco, respecto del predio ubicado conforme a la nomenclatura utilizada por la comisión en la zona 01, de la manzana 27, fracción II, lote de terreno 22, con una superficie de 780.00 metros cuadrados, ubicada en el ex ejido de Encarnación de Díaz, municipio del mismo nombre, en el Estado de Jalisco, asimismo en la suscripción de la escritura pública número 25,499, otorgada ante la fe del Notario Público número sesenta y nueve, que contiene la rectificación de la escritura pública 24,842, en cuanto al segundo de los apellidos del tercero interesado Gerardo Muñoz Campos, como comprador. Consecuentemente, ante la indemostración de los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y d) del considerando segundo de esta resolución, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Subdelegado Operativo de la Subdelegación Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), al rendir informe con justificación (folios 35 a 40), negó la existencia de los actos que se le atribuyen, los cuales se encuentran identificados bajo incisos a) y b) del considerando que antecede; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, al efectuar una lectura integral del informe de mérito, pues, se aprecia que en realidad niega la inconstitucionalidad de los actos que se le imputan, lo que envuelve la afirmación de la existencia de los mismos; de ahí que se tengan como ciertos de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. A su vez, el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, al rendir informe con justificación (folios 213 y 214), no se pronunció expresamente sobre la existencia o inexistencia del acto que se le atribuye; por tanto, se presume su existencia, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; además, de la lectura del propio informe, se advierte que realiza manifestaciones que evidencian la existencia del acto que se le atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En el asunto, se coincide con los terceros interesados y autoridades responsables, en cuanto a que en el presente juicio se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 y 217, todos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes. Los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción V y 217, de la Ley de Amparo, establecen, a la letra, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la interpretación de tales preceptos, se deduce que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales. Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, es obligatoria para este Juzgado de Distrito. En ese tenor, se estima pertinente destacar lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en la contradicción de tesis 132/2004 en relación con la autoridad y actos que por esta vía se tildan de inconstitucionales. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que cuando se reclama de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra su participación en un acto (suscripción de escritura o del contrato de compraventa) que se ubica en la segunda etapa de las que conforman el proceso de regularización (enajenación y titulación) que realiza la citada comisión, no es procedente el juicio de amparo, pues, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad; por ello, es que dicha actuación no tiene las características propias de un acto de autoridad. Ello es así, pues, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, sectorizado dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares para mejorar los centros de población y sus fuentes propias de vida. El proceso de regularización como función principal en la que interviene este organismo se divide en dos etapas: 1. Adquisición. En esta fase se desincorpora la tierra del régimen ejidal, comunal o de propiedad federal y cambia la propiedad de la tierra que el núcleo agrario o particular tiene sobre los lotes, ahora en posesión de los colonos o "avecindados". Ello se lleva a cabo por medio de la expropiación, a través de la cual el polígono o predio a regularizar pasa mediante la acción expropiatoria, de la propiedad del ejido a propiedad de la Federación a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Esto es, de ser dominio ejidal, comunal y/o federal, se transmite al dominio privado de la Federación. Una vez expropiados y en poder jurídico de la comisión, la propiedad de los bienes puede traspasarse a sus ocupantes. 2. Enajenación o titulación. En el proceso de regularización, dado el sistema que se utiliza, cada operación de legalización asume la forma jurídica de una venta. En esta etapa, también surge un proceso (de regularización) que se verifica a través de los siguientes actos: I. Se verifica el predio materia de regularización. II. Se inspecciona materia y documentalmente el asentamiento humano irregular. III. Se integra un expediente técnico para solicitar la expropiación a la Secretaría de la Reforma Agraria. IV. Ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) para el caso de indemnizaciones y/o con las instituciones bancarias para los precios de venta, se obtienen los valores de: 1) indemnización, 2) base de enajenación y 3) publicación del decreto de expropiación. V. Se ejecuta el decreto expropiatorio, se entrega la tierra a favor de Corett, y se inscribe el decreto ante el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Agrario Nacional. En acto previo o simultáneo se conviene y formaliza el pago de indemnizaciones a los ejidatarios afectados. VI. Se verifica el uso y posesión de lotes. VII. Se promueve con los colonos la participación organizada de la comunidad en el proceso de regularización. VIII. Se efectúa la contratación: A través de una solicitud, analizada técnicamente y aprobada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la regularización se convierte en un contrato, por medio del cual se inicia el proceso de escrituración, seguido, en su caso, del procedimiento de cobro de adeudos. IX. Saturados los requisitos administrativos y legales, se transmite formalmente la propiedad a favor de los adquirientes, mediante la formulación, inscripción, registro, catastro y entrega de la escritura correspondiente. X. En el caso de regularizaciones de crédito, una vez que el adquirente cubre adeudos, se libera el dominio que la comisión se reservó como garantía de recuperación. En el caso, según se advierte de los hechos narrados por la quejosa en su escrito inicial de demanda, el terreno materia de la litis, ya salió del dominio privado de la Federación, tanto es así, que se trata de tierras que se encuentran bajo la propiedad de terceros (Gerardo Muñoz Campos), motivo por el cual se reclama la escritura en que se transmitió tal propiedad a este último. Además, debe de insistirse que, la celebración del contrato de compraventa por parte de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en su calidad de parte vendedora a favor del aquí tercero interesado Gerardo Muñoz Campos, como comprador, contenido en la escritura pública 24,842, ante la fe del Notario Público número sesenta y nueve, de Guadalajara, Jalisco, se realizó en ejecución de Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual fue expropiada una superficie de 17-40-69.29 hectáreas del Ejido de Encarnación de Díaz, Jalisco, respecto del predio ubicado conforme a la nomenclatura utilizada por la comisión en la zona 01, de la manzana 27, fracción II, lote de terreno 22, con una superficie de 780.00 metros cuadrados, ubicada en el ex ejido de Encarnación de Díaz, municipio del mismo nombre, en el Estado de Jalisco; de allí que, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra participó como particular, pues se refiere a un acto que es parte de la segunda fase del proceso de regularización, es decir, un acto vinculado con la relación que establecieron (Corett y el tercero interesado como titular de la escritura) en virtud del contrato de compra-venta para adquirir en propiedad un terreno y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad; por ello, es que dicha actuación no tiene las características propias de un acto de autoridad. Por lo anterior, debe subrayarse que si bien la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un órgano público descentralizado, en el acto que se le reclama actúa como ente de derecho privado, pues no ejerce facultades de imperio, ya que sólo interviene en su calidad de propietario de tierras que transmite (vende) a un comprador, por ello, cuando suscribe, esto es, firma la escritura o el contrato de compraventa, en su caso (el representante de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra), está celebrando un acto entre particulares. Se considera así, porque la compraventa en el caso que aquí se analiza, es un contrato en virtud del cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. El objetivo principal que se persigue en este contrato es transmitir el dominio de las cosas o derechos. En los contratos ambas partes tienen obligaciones: 1) El vendedor: transmitir el dominio de la cosa, conservar la cosa hasta el momento de su entrega al comprador, entregar la cosa, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, garantizar una posesión pacífica, responder del saneamiento para el caso de evicción, pagar por mitad los gastos de escrituración y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de la cosa vendida y, por último, las obligaciones fiscales. 2) El comprador: entre otras, pagar el precio, recibir la cosa comprada. Ha menester precisar e insistir que en el caso que aquí se analiza, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra actúa como ente de derecho privado, y el contrato que suscribe reviste de tal calidad, es decir, de un contrato privado porque la finalidad que persigue el mismo no conlleva un interés de orden público o de utilidad pública o social, ni pertenece al régimen exorbitante de derecho civil a que está sujeto el órgano estatal de que se trata, pues, el objeto del mismo no está vinculado. En esas condiciones, es claro que la competencia para conocer de ese juicio corresponde al Juez Civil de primera instancia del fuero común. Sostener lo contrario haría nugatorios los diversos supuestos en los que dicho organismo público descentralizado actúa como particular y, entonces, la posibilidad de contratar y sujetarse a obligaciones en términos de igualdad con los contratantes, respecto de cualquier cuestión en que deba participar sin ejercer sus facultades de imperio (contratos de luz, agua, renta de inmueble, etcétera). Por tanto, se sostiene que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), no realiza acto equivalentes a los de autoridad y, por tanto, el juicio de amparo es notoria y manifiestamente improcedente, pues los actos que aquí se reclaman constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 103, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN.-La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común.". Por lo anterior, es inconcuso que en la especie los actos reclamados derivan de la participación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en la suscripción de escritura o del contrato de compraventa que se ubica en la segunda etapa de las que conforman el proceso de regularización (enajenación y titulación) que realiza la citada comisión; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último numeral interpretado en sentido contrario, ya que la aludida comisión, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ende, sus actos no pueden considerarse actos que puedan impugnarse vía amparo indirecto, pues al ser actos emitidos entre particulares. Bajo esas circunstancias, al sobrevenir la causa de improcedencia en trato, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 2082/2016, promovido por María Esther Alvarez Romo, contra los actos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Delegación Jalisco; Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, con residencia en Lagos de Moreno; y, Director de Catastro Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se ordena dar vista a la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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