Maria Araceli Talavera Martínez

Expediente 1876/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1876/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Maria Araceli Talavera Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en comento, toda vez que la medida cautelar se negó. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. Finalmente, glósese copia certificada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1876/2019-I, promovido por María Araceli Talavera Martínez, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de la República y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O . PRIMERO. Por escrito recibido el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido a este Juzgado de Distrito por razón de turno, María Araceli Talavera Martínez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS [.] FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. [.] DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL AGUA. ACTOS RECLAMADOS [.] DEL C. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, RECLAMO LA ABSTENSIÓN Y LA FALTA DE RESPUESTA [.] EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 8° DE LA CARTA MAGNA EN VIGOR, PORQUE CONSIDERO QUE AL HABER TRANSCURRIDO MÁS DE OCHO DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE PROMOVÍ [.] O SEA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2019, VÍA INTERNET EN LOS TÉRMINOS DEL ESCRITO QUE ADJUNTO A ESTE OCURSO [.] LA ABSTENSIÓN DE LO SIGUIENTE: DE ORDENAR EL RESARCIMIENTO Y PAGO DE LA CANTIDAD DE UN MIL SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL [.] [.] DEL C. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, RECLAMO LA ABSTENSIÓN Y LA FALTA DE RESPUESTA [.] EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 8° DE LA CARTA MAGNA EN VIGOR, PORQUE CONSIDERO QUE AL HABER TRANSCURRIDO MÁS DE OCHO DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE PROMOVÍ [.] O SEA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2019, VÍA INTERNET EN LOS TÉRMINOS DEL ESCRITO QUE ADJUNTO A ESTE OCURSO [.] LA ABSTENSIÓN DE LO SIGUIENTE: DE ORDENAR EL RESARCIMIENTO Y PAGO DE LA CANTIDAD DE UN MIL SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL [.] SEGUNDO. Previos acuerdos aclaratorios, por auto de treinta de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda registrada con el número 1876/2019-I, únicamente por lo que hace a la falta de respuesta al escrito de la quejosa presentado vía internet el cinco de diciembre de dos mil diecinueve; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O . PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos de autoridades administrativas distintas de las judiciales, con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional; criterio que es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) La jurisprudencia referida señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Por lo anterior, del análisis integral de la demanda y sus escritos aclaratorios, se colige que el acto reclamado por la quejosa es la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada vía internet el cinco de diciembre de dos mil diecinueve. TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Fiscal General de la República y al Director General de la Comisión Nacional del Agua, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de la quejosa presentada vía internet el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo anterior se afirma, en razón de que si bien tratándose de actos omisivos es a la autoridad a quien se reclaman, la obligada a desvirtuar su existencia, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que el peticionario indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En ese tenor, es preciso destacar que al rendir su informe justificado, el Fiscal General de la República manifestó que recibió la solicitud de la quejosa cuya falta de respuesta reclama; sin embargo, a través del volante de remisión de documentos con número de folio 12781, la turnó a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos para su atención, situación que aduce, hizo del conocimiento de la solicitante del amparo a través de los correos electrónicos que señaló para tal efecto, lo cual acredita con las constancias que se digitalizan a continuación: Documentales que obran en copia certificada glosadas en autos, las cuales tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo expuesto por el Fiscal responsable, mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, este juzgado requirió a la quejosa para que manifestara si a su interés convenía señalar como autoridad responsable a la Fiscal Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República y como acto reclamado la falta de respuesta a su escrito presentado vía internet el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, apercibida que de no hacerlo se continuaría con el procedimiento en los términos en que fue planteada la demanda inicial. Luego, ante la omisión de atender en sus términos el requerimiento aludido, por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado al respecto. Por su parte, la Directora General de la Comisión del Agua, sustentó la inexistencia del acto que se le atribuye, sobre el argumento de que no había recibido la solicitud de la quejosa, razón por la que este juzgado, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, requirió al Director de Asesoría y Consulta de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, para que remitiera a este órgano jurisdiccional original o copia certificada de la constancia con la que acreditara que efectivamente remitió el escrito de petición a la Comisión Nacional del Agua, y que fue recibida por su destinatario. En atención a dicho requerimiento, la Directora de Denuncias de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública, remitió copia certificada del oficio DGDI/DDI/310/82/2020 de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que a Directora de Asesoría y Consulta de la Dirección de Asesoría y Consulta de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de dicha Secretaría, remitió al Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, la petición de la quejosa para su atención, cuyo acuse de recibo se digitaliza a continuación: Documental que obra en copia certificada glosada en autos, y que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cual, mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se ordenó correr traslado a la quejosa para que manifestara si a su interés convenía señalar como autoridad responsable al Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua y como acto reclamado la omisión referida, apercibida que de no hacerlo se continuaría con el procedimiento en los términos en que fue planteada la demanda inicial. Toda vez que la quejosa también fue omisa en atender dicho requerimiento, por auto de veintiséis de marzo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado al respecto. Ante tales premisas, es patente la inexistencia de la omisión reclamada a las autoridades responsables, ya que por lo que hace al Fiscal General de la República, aun cuando recibió la solicitud de la quejosa, determinó remitirla a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de dicha entidad para su atención, sin que la quejosa, no obstante haberla requerido por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, haya señalado a esta última como autoridad responsable y atribuirle la omisión combatida. Y por lo que se refiere al Director General de la Comisión Nacional del Agua, quedó acreditado que no fue a él a quien se le remitió su solicitud, sino al Titular del Órgano Interno de Control en la citada Comisión, sin que haya sido señalado como autoridad responsable en el presente juicio, no obstante el requerimiento que el suscrito le formuló para ello. Por ende, si de autos no se advierte prueba alguna aportada por el quejoso tendente a desvirtuar los argumentos planteados respecto de las autoridades y actos citados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis número VI. 2°. J/308, que reza: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. (Octava Época, Registro: 210769, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto de 1994, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o. J/308, página: 77) Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 63, fracción V, 73 a 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio 1876/2019-I. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de junio de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General Control de Juicios de Amparo, quien firma en suplencia del Titular, todos de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de marzo del año en curso, en el que se exhortó a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, al efecto señala como medios electrónicos de comunicación el correo electrónico institucional guardia.dgcja@pgr.gob.mx y el número telefónico 5553460000, extensión 508450; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto a lo manifestado por la autoridad oficiante, se toma conocimiento de los datos proporcionados como forma especial de contacto, sin que haya lugar a tener como medio de comunicación para recibir notificaciones el correo electrónico ni el número telefónico que indica, toda vez que no es una vía ni forma para recibir notificaciones conforme a la Ley de Amparo, pues ésta únicamente prevé notificaciones de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y no así a través de correos electrónicos, razón por la que los mismos únicamente serán utilizados de manera excepcional en caso de ser necesarios para entablar comunicaciones no procesales, las cuales estarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero del año en curso se continuó con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", cuya vigencia fue prorrogada al treinta de junio de dos mil veintiuno, a través del "Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, con relación al periodo de vigencia", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara si a su interés legal convenia señalar como autoridad responsable al Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se entiende que no es su interés tener como responsable a dicha autoridad, por lo que se continua el procedimiento del presente juicio en los términos en que fue planteada la demanda inicial. Por otro lado, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridades responsables y Fiscal Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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