María Araceli Talavera Martínez
Expediente 516/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Araceli Talavera Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto y agregado lo de cuenta, se provee: Por informado que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se avoca al conocimiento del juicio de amparo 516/2020-II-A del propio índice, promovido por María Araceli Talavera Martínez, bajo el registro 731/2020-III-B. Atento a lo anterior, remítase el escrito del autorizado de la quejosa, al órgano de referencia, no es necesario solicitar acuse de recibo, ya que con el envío deberá generarse y glosarse el correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes y de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte: Archívese este expediente como concluido; es susceptible de destrucción transcurridos seis meses, a partir de esta fecha, porque a) Se actualiza el supuesto de su artículo 20, fracción I, inciso a); y, b) no tiene relevancia documental según los lineamientos de su ordinal 15. Notifíquese.
- Principal
Visto y agregado lo de cuenta: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa transitando al esquema de juicio en línea; con autorización de consulta del expediente electrónico mediante el usuario ***. Se ordena al analista jurídico adscrito, realizar las gestiones informáticas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se tiene para oír y recibir notificaciones la vía electrónica. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta; con la demanda de amparo de ***, se forman expedientes impreso y electrónico con registro 516/2020-III-A. Las cuestiones de competencia deben ser estudiadas preferentemente, de acuerdo al numeral 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. El artículo 37, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se desprenden tres reglas fundamentales para determinar la competencia de los jueces de Distrito en el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se exponen siguiendo el mismo orden del numeral: a) En el primer párrafo del apuntado precepto, se determina la competencia del juez de Distrito con base en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir la competencia se determina de acuerdo con el lugar de residencia de las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, aquí se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución, con total independencia de la autoridad que la haya ordenado, en esta hipótesis se requiere que el acto reclamado sólo tenga su ejecución en un distrito. b) En el segundo párrafo del precepto en consulta, prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia, por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o que si ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, entonces el juez federal ante el que se presente la demanda, será el competente para conocerla; ahora bien, no debe perderse de vista que el juez ante quien se haya presentado la demanda debe tener jurisdicción en alguno de los lugares donde pueda tener ejecución el acto o se haya ejecutado, porque tratándose de actos que tengan ejecución material, la competencia se fija por el lugar donde ésta pueda tener o tenga efectos. Este supuesto requiere que el acto de ejecución pueda realizarse en diversas circunscripciones territoriales o se haya materializado y producido efectos en dos distritos. c) Finalmente, en el último párrafo del numeral en comento se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de garantías carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda, es decir, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el competente es el juez de Distrito que haya elegido el quejoso para la promoción de la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere ejecución material o no, por lo que para resolver al respecto, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A1, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese contexto, de la demanda se advierten como actos reclamados los que a continuación se precisan: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.-RECLAMO LA NEGATIVA DE LAS HOY AUTORIDADES RESPONSABLES A INVESTIGAR Y DESPUÉS DE ELLO, DETERMINAR LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE Y NO COMO EN EL CASO CONCRETO SUCEDIÓ, QUE SIN INVESTIGAR LOS HECHOS 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299. DENUNCIADOS POR la SUSCRITA Y SIN RECABAR TODAS LAS PRUEBAS DE CARGO OFRECIDAS POR LA PROMOVENTE EN SU OPORTUNIDAD Y SIN SIQUIERA DECLARAR MINISTERIALMENTE A LOS HOY INDICIADOS-TERCEROS INTERESADOS, LAS HOY AUTORIDADES RESPONSABLES, DECRETARON UNA PONENCIA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y AUTORIZARON EN DEFINITIVA LA MISMA, EN LOS AUTOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA RESPECTIVA, RESPECTO DE LO CUAL TUVE CONOCIMIENTO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 2.-RECLAMO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA-MINISTERIAL, EN CUANTO SU EMISIÓN, CONTENIDO Y EJECUCIÓN RESPECTIVA, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETÓ LA PONENCIA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS AUTOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO PGR/MEX/TLA-II/905A/2013. 3.- RECLAMO LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA-MINISTERIAL CORRESPONDIENTE, EN CUANTO A SU CONTENIDO, EMISIÓN Y EJECUCIÓN Y POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZÓ EN DEFINITIVA, ESA PONENCIA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL RESPECTIVA, LA DECRETADA EN LOS AUTOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO PGR/MEX/TLA-II/905A/2013. 4.- RECLAMO EL DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO PGR/MEX/TLAII/ 905A/2013, POR LA SUSCRITA 5.- RECLAMO LA INDEBIDA VALORATIVA DE PRUEBAS OFRECIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO PGR/MEX/TLA-II/905A/2013 Y OFRECIDAS POR LA SUSCRITA. 6.- RECLAMO EN CUANTO A SU CONTENIDO, EMISIÓN Y EJECUCIÓN Y NOTIFICACIÓN Y SU EJECUCIÓN, DEL DOCUMENTO QUE A CONTINUACION REPRODUZCO EN LOS SIGUEINTES TERMINOS: Y como autoridades responsables a las siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORAS:: CON TAL CARÁCTER LO SON: 1.- Fiscal General de la República. 2.- Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México. 3.- Agente del Ministerio Público de la Federación, Lic. Antonio Ibarra Nieto, Titular de la Mesas I y II, de la Unidad del Sistema Tradicional en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Fiscalía General de la República. Como puede advertirse, los actos reclamados consisten en abstenciones y acciones de una autoridad ministerial en una averiguación previa radicada en el Estado de México. Los actos reclamados de carácter positivo, como son las resoluciones detalladas en los números 2 y 3 y su ejecución, traducida en el archivo del expediente, así como los números 4 y 5 sobre desechamiento y valoración de pruebas, de igual manera que la emisión, ejecución y notificación contenida en el documento marcado con el ordinal 6, surten efectos en dicha entidad federativa. Ahora bien, por ejecutar debe entenderse "poner por obra algo"; esto es, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo fáctico. Luego, el artículo 37 de la Ley de Amparo al emplear el vocablo ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, implicando así, la ejecución material un cambio en la situación jurídica de la quejosa, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. En el caso, los actos reclamados tienen efectos positivos, pues no obstante el señalamiento de autoridades diversas, han sido realizados por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Lic. Antonio Ibarra Nieto, Titular de la Mesas I y II, de la Unidad del Sistema Tradicional en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la Fiscalía General de la República, dentro de una indagatoria a su cargo, la cual se integra en el Estado de México, y por ende, trae aparejadas consecuencias materiales en dicho lugar. Por lo que conforme al supuesto normativo previsto en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se están materializando los efectos de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México declara que carece de competencia por razón de territorio para conocer del juicio promovido por María Araceli Talavera Martínez y, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que es el Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno quien debe resolverlo. Esta resolución se basa además, en los antecedentes transcritos en la demanda de amparo sobre el juicio 556/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en esa entidad con residencia en Naucalpan, con similitud de actos reclamados (la negativa de investigar, recabar pruebas y pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa) con los del presente juicio; inclusive, se transcriben las listas de los acuerdos publicados el último apenas el veintidós de septiembre lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada en ese amparo. No obsta, que se haya señalado como responsable al Fiscal General de la República, pues dentro de sus facultades no está la de integrar la carpeta de investigación, radicada en el Estado de México. Similar resolución se emitió en los juicios 110/2019-III-B, 182/2020- III-B y 414/2020-III-B del índice de este Juzgado, en los que también existe identidad de actos reclamados con los del presente asunto y respecto del cual, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, aceptó el conocimiento de dichos asuntos, bajo registros 222/2019, 167/2020 y 569/2020 de su índice. Es aplicable la Jurisprudencia XXII. J/12 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Enero de 1997, página 295 de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. Con fundamento en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, se ordena remitir vía electrónica la demanda de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a quien se solicita tenga a bien acusar recibo e informar si acepta o no la competencia planteada. Se exhorta a las partes continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se tiene como medio de contacto el uso de la firma electrónica, en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal; o en su caso, vía correo electrónico, al oficial de juzgado 1jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. A fin de aplicar las medidas de contingencia correspondientes en los esquemas de trabajo de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del citado virus SARS-COV2 (Covid-19), se instruye a los fedatarios adscritos a este órgano de control de la constitucionalidad, para que al momento de llevar a cabo las notificaciones personales, se abstenga de recabar la firma de la persona con la que se entiende, con el objeto de disminuir en mayor medida el intercambio de objetos susceptibles de transformarse en vector de contagio (pluma y hojas), haciendo únicamente entrega física del auto respectivo y asentándolo de esa manera en su constancia de notificación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, que -por tener fe pública-, faculta a los actuarios a fin de tener por hecha la notificación, no obstante de que se omita obtener la firma de la parte correspondiente; y salvaguardar la integridad física de los actuarios judiciales y de los justiciables mismos, derivado de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid19). Con fundamento en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial. Asimismo y solo como medio de contacto en términos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el número telefónico (5521501520) y correo electrónico araceli8790@hotmail.com. Por señalados autorizados, en el entendido de que lo estarán en términos del artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia quienes, de entre los citados para tales efectos, se encuentren en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal (REGPROF); caso contrario, solo lo estarán para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, según el segundo párrafo de este numeral. Los actuarios judiciales adscritos están habilitados para realizar las notificaciones personales en horas y días inhábiles de ser necesario, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Secretarios y Actuarios tienen autorización para firmar los oficios emanados de este asunto. Notifíquese; personalmente a la quejosa.
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