Maria Araceli Santos Vazquez

Expediente 1222/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1222/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Maria Araceli Santos Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta en la que se hace constar que al revisar el expediente electrónico de este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), aún no obra el archivo electrónico correspondiente de la notificación personal a la parte quejosa ********************, en el domicilio que indicó para tal efecto, ni obra la constancia aludida en el expediente físico, del acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. REQUERIMIENTO ACTUARIO JUDICIAL Por tanto, requiérase al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, encargado de la notificación personal a la parte quejosa, para el efecto de que de contar con tal constancia, de inmediato la integre al expediente electrónico respectivo. En el entendido que, si no cuenta con la constancia aludida, la realice de manera inmediata; quedando habilitado para que la efectúe aun en días y horas inhábiles, en conformidad con lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la quejosa ********************, el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el domicilio que indicó en su demanda.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por María Araceli Santos Vázquez, por derecho propio, contra el acto del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA, y otra autoridad, consistente en la orden de citación derivada de la carpeta de investigación CDI-00215/2021/PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1222/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama, toralmente, del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA, y otra, la orden de citación derivada de la carpeta de investigación CDI-00215/2021/PUEBLA. Sin embargo, respecto de tal acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional. Ahora bien, conforme al primero de tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". El diverso precepto constitucional, establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A tal institución le corresponde ejercitar la acción penal si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar y llevar a cabo la investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los datos de prueba sobre hechos que pueden constituir un delito, entre ellos el citar a las partes, para que, en su caso, esté en posibilidad legal de solicitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas, de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda ante el órgano de control judicial, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Apoya tal consideración la tesis de rubro: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Así como la tesis de rubro: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. En estas condiciones, es evidente que el acto que reclama la parte quejosa a las autoridades responsables consistente en la orden de citación derivada de la carpeta de investigación CDI-00215/2021/PUEBLA, no está contenido entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo al ser estos una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Magna, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado al profesionista que refiere en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no es un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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