María Araceli Salinas Gutiérrez y Otros.

Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
360/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • María Araceli Salinas Gutiérrez y Otros.
  • María Araceli Salinas Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del quince de diciembre del año actual, en el que se desechó su demanda. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; archívese el expediente como concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no las allegó. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Mariano Villanueva Araujo, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por María Areli Salinas Gutiérrez, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 360/2022-V. La parte quejosa reclama lo siguiente: La declinación de competencia de la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, de la causa penal 02/2022-II, decretada en el auto de dos de diciembre de la anualidad. Así como la omisión de conceder o no, las órdenes de aprehensión solicitadas en el término de quince días por la ley de la materia aplicable en el sistema penal tradicional. En el caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la ley de la materia, pues es necesario efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya invocado el segundo de los arábigos de referencia; asimismo, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en salas es obligatoria para los plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, y la emitida por los Plenos de Circuito es obligatoria para los órganos en mención, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Ahora, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Luego, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, como en el caso acontece, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En ese contexto, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Por tanto, si la resolución combatida solamente dirime una cuestión de competencia por declinatoria, y no resuelve de manera definitiva la cuestión competencial, no le afecta personal y directa a la esfera de derechos del promovente. Lo anterior, toda vez que el auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado en los autos de la causa penal 02/2022-II, no puso fin al juicio, tan es así que no ordenó el archivo del asunto; por ello, se trata de una resolución intraprocesal que no causa perjuicio hasta que la autoridad receptora manifieste que si acepta la competencia declinada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2009721, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto 2015, tomo I, visible a página 5, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRILDE 2013)". Lo anterior conlleva a establecer que de igual forma la omisión de pronunciarse respecto a las órdenes de aprehensión solicitadas por el órgano acusador en la causa penal 02/2022-II, no resulte una violación a la esfera jurídica de la aquí quejosa pues será hasta en tanto el juzgado competente acepte el conocimiento del asunto, pueda emitir la resolución que en su caso corresponda respecto a este acto reclamado. Pues, cabe mencionar que toda orden de aprehensión debe ser librada por una autoridad judicial competente, ya que su estudio es preferente, con la finalidad de salvaguardar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que una vez que se emita la resolución sobre la declinatoria planteada en el citado proceso penal, se podrá dictar la solicitud de la Representación Social de orden de captura. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 26/99, con registro digital 194063, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Penal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 267, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad." En se sentido, se obtiene que para emitirse la resolución sobre el libramiento de la orden de aprehensión en el tiempo que dispone le ley adjetiva de la materia, debe por principio estudiarse lo relativo a la competencia para conocer de ésta. Robustece a lo antes expuesto, la tesis I.2o.P.154 P, registro digital 169841, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 2393, de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. POR NO TRATARSE DE UNA DILIGENCIA QUE NO ADMITE DEMORA, NO ES UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTORIDAD COMPETENTE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." Por lo anterior, resulta clara la causa de improcedencia aludida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · 3,239 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano