María Araceli Orozco Molina

Expediente 709/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
709/2015
Año
2015
Actuaciones
27
Última actuación
21/12/2015

Partes del expediente

  • María Araceli Orozco Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en providencia de quince de diciembre pasado, mediante la cual se tuvo por cumplido el fallo protector.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de siete de diciembre de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la Jueza Penal de Partido, con sede en Yuriria, Guanajuato, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de octubre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, por su propio derecho, para el efecto de que el Juez responsable: Dejara sin efectos la resolución reclamada de veinticuatro de julio de dos mil quince; y Con plenitud de jurisdicción pronunciara otra, la que incluso podría ser en el mismo sentido de afectación, pero pugnando los vicios advertidos. b) Por providencia de veinticinco de noviembre de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, cumpliera con él. c) Luego, mediante oficio 1725/2015 de dos de diciembre de dos mil quince, el Juez responsable allegó copia certificada de las constancias con las que adujó cumplir con la sentencia concesoria. e) Con motivo de lo anterior, el siete de diciembre del año en curso se dio vista a las partes, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de julio de dos mil quince y pronunció otra con plenitud de jurisdicción, purgando los vicios advertidos, en la que: 1.- valoró las documentales consistentes en el contrato privado de arrendamiento de uno de mayo de dos mil doce, celebrado entre la aquí quejosa y Carlos Fernando Orozco Rodríguez; la escritura pública que amparan las tierras que abastece el pozo que adujo ser de su propiedad, así como la declaración ministerial de Carlos Fernando Orozco Rodríguez; y, 2.- Se pronunció en torno al robo respecto al 50% del volumen del pozo de agua que adujo la aquí quejosa fue desposeída. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, el Juez responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Agente del Ministerio Público I, con sede en Tarimoro, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días de que disponían las partes para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de octubre de dos mil quince, transcurrió sin que ninguna lo haya hecho; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, en relación con el propio numeral 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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