María Araceli Cortes Pichón

Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
596/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • María Araceli Cortes Pichón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    De igual manera, del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual remite copias certificadas de las constancias de emplazamiento a juicio de los demandados y notificación personal a la parte actora del auto de radicación, dentro del juicio laboral D-2/1069/2020. Ahora bien, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita, las cuales se tuvieron por recibidas en proveído de dos de junio de dos mil veintiuno,-mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, radicó la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, en el juicio laboral D-2/1069/2020, de su índice. Por tanto, el acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla consistente, en la omisión de radicar la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, ante la Junta responsable, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, radicó la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, en el juicio laboral D-2/1069/2020, de su índice; y, la demanda de amparo fue depositada en el Buzón Judicial el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, misma que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el seis de mayo de dos mil veintiuno; esto es, después de que en los autos del juicio de origen ya había sido acordado el referido escrito. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, de rubro: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, radicó la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, en el juicio laboral D-2/1069/2020, de su índice, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el nueve de junio de dos mil veintiuno, se emplazó a la parte demandada en el juicio laboral D-2/1069/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa María Araceli Cortés Pichón, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable para ordenar emplazar a la parte demandada en el juicio laboral D-2/1069/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y la autoridad responsable el nueve de junio de dos mil veintiuno, emplazó a dicha parte demandada en el referido juicio laboral. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse emplazado a la parte demandada el nueve de junio de dos mil veintiuno en el juicio laboral D-2***, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. .. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. ... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual remite copias certificadas de las constancias de emplazamiento a juicio de los demandados y notificación personal a la parte actora del auto de radicación, dentro del juicio laboral D-2/1069/2020. Ahora bien, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita, las cuales se tuvieron por recibidas en proveído de dos de junio de dos mil veintiuno,-mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, radicó la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, en el juicio laboral D-2/1069/2020, de su índice. Por tanto, el acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla consistente, en la omisión de radicar la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, ante la Junta responsable, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, radicó la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, en el juicio laboral D-2/1069/2020, de su índice; y, la demanda de amparo fue depositada en el Buzón Judicial el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, misma que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el seis de mayo de dos mil veintiuno; esto es, después de que en los autos del juicio de origen ya había sido acordado el referido escrito. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, de rubro: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el catorce de diciembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, radicó la demanda de María Araceli Cortés Pichón -aquí quejosa-, en el juicio laboral D-2/1069/2020, de su índice, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el nueve de junio de dos mil veintiuno, se emplazó a la parte demandada en el juicio laboral D-2/1069/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa María Araceli Cortés Pichón, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable para ordenar emplazar a la parte demandada en el juicio laboral D-2/1069/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y la autoridad responsable el nueve de junio de dos mil veintiuno, emplazó a dicha parte demandada en el referido juicio laboral. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse emplazado a la parte demandada el nueve de junio de dos mil veintiuno en el juicio laboral D-2***, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. .. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. ... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Del estado de los autos y certificación correspondiente, se advierte que a la fecha en que se actúa el perito oficial William Jiménez Martínez, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que se le requirió detallara la información que necesita a fin de emitir el dictamen correspondiente, asimismo, precise de que autoridades requiere dicha información. Sin que dicho requerimiento hubiera sido desahogado o el perito mencionado hubiera manifestado la imposibilidad material o jurídica para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, y se impone a William Jiménez Martínez, perito oficial, una multa de cien unidades de medida y actualización, a cada uno, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y seis pesos sesenta y dos centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Conforme a lo anterior, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla "2" del Servicio de Administración Tributaria, para que por su conducto se haga efectiva la multa de referencia a William Jiménez Martínez. Por otro lado, se requiere nuevamente a William Jiménez Martínez, perito oficial designado en el presente asunto, por conducto de la Coordinación de Servicios Periciales, Delegación Estatal Puebla de la Fiscalía General de la República, para que en el plazo de tres días, siguientes al en que sea debidamente notificado del presente proveído, detalle la información que necesita a fin de emitir el dictamen correspondiente, asimismo, precise de que autoridades requiere dicha información; lo anterior a fin de que este juzgado de Distrito esté en posibilidad de allegarse las constancias conducentes y acontecido lo anterior, remitirlas para la emisión del dictamen pericial solicitado. ...

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