MARIA APARECIDA MARTINS SILVA y Otros.
Expediente 623/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Maria Aparecida Martins Silva
- Representante del Instituto Nacional de Migracion, En Tijuana, Baja California
- MARIA APARECIDA MARTINS SILVA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se recibe ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Mexicali, Baja California, al que acompaña el testimonio de ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 26/2023; en consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "R E S U E L V E: PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para conocer y resolver sobre la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, a favor de ******************** y ********************; en consecuencia, con testimonio de esta ejecutoria, remitansele los autos correspondientes. Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es conservable por un término de tres años; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por el Actuario adscrito al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, a través del cual informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y este órgano jurisdiccional, el cual quedó radicado con el número 26/2023, de lo que se toma nota. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, del que se advierte que insiste en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes, a este órgano jurisdiccional, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado Decimoquinto Circuito, en aquella localidad, en turno, para la substanciación del conflicto competencial suscitado. Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintitrés. Recepción de demanda. Téngase por recibido el oficio 1702/2023-A1, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al que adjunta el juicio de amparo indirecto 628/2023-1A, toda vez que el veinte de mayo de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por los motivos que expone. Radicación. En consecuencia, dado que por razón de turno correspondió conocer de dicho juicio a este juzgado; por tanto, con las constancias recibidas, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 623/2023-III. Análisis de las constancias enviadas. Visto el contenido del oficio y constancias remitidas, se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo 628/2023-1A, de su índice, al considerar que los actos reclamados se ejecutan en Tijuana, Baja California, en atención a que el promovente de la demanda manifestó que los quejosos fueron detenidos y se encuentran alojados en el centro migratorio de esta ciudad, por lo que se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, vista la constancia actuarial de veinte de mayo de dos mil veintitrés, realizada por la actuaria adscrita a este juzgado, dentro del exhorto 310/2023-V, orden 357/2023-V, de su índice, librado a fin de notificar a la parte quejosa María Aparecida Martins Silva y Adeilson Anderson Silva Candido, el auto de la misma fecha, dictado en el referido juicio de amparo por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, de la que se advierte que no pudo notificarle dicho proveído a los directos quejosos, en virtud de que los directamente agraviados no se encontraban alojados en la estación migratoria de esta ciudad. No se acepta competencia. Atento a lo anterior, se estima que, en el presente caso, no se actualiza la hipótesis legal contemplada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para que se acepte la competencia para conocer de este asunto. Esto es así, ya que el órgano jurisdiccional oficiante, justificó que no es competente para seguir conociendo de la demanda, dado que los quejosos se encontraban alojados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California, lo que, a su parecer, actualiza la primer regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en términos de la cual, es competente para conocer del juicio el Juez en donde se estén ejecutando los actos reclamados. Argumentos que no se comparten, en atención a lo siguiente: Mediante escrito presentado por Librado Heriberto Trujillo González, promovió en términos del numeral 15 de la ley de la materia, demanda de amparo en representación de María Aparecida Martins Silva y Adeilson Anderson Silva Candido. Demanda que por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien la radicó con el número 628/2023-1A. En el juicio en comento, se señalaron como actos reclamados los siguientes: "I.ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL DETENCIÓN DE LOS QUEJOSOS EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAEXCESIVA E INSCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $150,000.00 (CIENTOCINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACION. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE EL QUEJOSO HA SIDO OBJETO, SIN QUE HAYAN COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUERON LLAMADOS A JUICIO, NI EMPLAZADOS, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HAN SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LES OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS AMPARISTAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLES A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE TIJUANA, B.C. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LOS QUEJOSOS PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD BRASILEÑA. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRACIÓN ASISTIDA O "POR RAZONES HUMANITARIAS" AL PAÍS DE ORIGEN DE LOS QUEJOSOS SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIEN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE LOS QUEJOSOS SEAN TRASLADADOS A LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE TIJUANA, B.C., O BIEN, A LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PRACTICA QUE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ QUEJOSOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADO COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA." En ese contexto, en la demanda de amparo presentada por Librado Heriberto Trujillo González, hizo del conocimiento de ese Juzgado que los directos agraviados María Aparecida Martins Silva y Adeilson Anderson Silva Candido, se encontraban en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que ordenó girar exhorto, para que los notificaran. De dicha comunicación oficial correspondió conocer a este órgano jurisdiccional y mediante razón actuarial de veinte de mayo de dos mil veintitrés, la actuaria judicial, al constituirse en el Instituto indicado, asentó que María Aparecida Martins Silva y Adeilson Anderson Silva Candido, no se encontraban en dichas instalaciones. En las relatadas condiciones, se aprecia que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, el veinte de mayo de dos mil veintitrés, dictó un auto donde aduce carecer de competencia por cuestión de territorio para seguir conociendo de la demanda de amparo; sin embargo, como se adelantó, se estima que no se actualiza el supuesto citado por el juzgado oficiante para que éste órgano jurisdiccional continúe con el conocimiento del asunto. Al respecto, es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto reproducido, se advierte que el legislador previó dos criterios principales para fijar la competencia de los jueces de distrito: el primero tiene que ver con la ejecución del acto reclamado, mientras que el segundo, guarda relación con la ausencia de esa ejecución material. Así, por lo que respecta al primer criterio, el referido numeral contiene la regla general de competencia atendiendo al lugar que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (competencia territorial). En el caso, el análisis íntegro del juicio revela que la demanda de amparo fue promovida por Librado Heriberto Trujillo González, en representación de los directos agraviados María Aparecida Martins Silva y Adeilson Anderson Silva Candido. De ahí que en el caso de las constancias que remitió el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y de lo narrado, se advierte que María Aparecida Martins Silva y Adeilson Anderson Silva Candido, no se encuentran a disposición de alguna autoridad en esta ciudad que permita sostener que, con ello, se actualiza la hipótesis de competencia por territorio a favor de este juzgado. En ese sentido, no se tiene información que justifique la competencia de este órgano jurisdiccional respecto de los impetrantes que no han sido localizados por el juzgado oficiante. En consecuencia, al no existir evidencia alguna de que los actos reclamados por los quejosos María Aparecida Martins Silva y Adeilson Anderson Silva Candido, cuenten con ejecución material en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional, se estima que la competencia para conocer del juicio de amparo recae en el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde se presentó la demanda de amparo (Mexicali, Baja California). Bajo tales circunstancias, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer del presente asunto. De acuerdo con lo anterior, éste Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo con fundamento en los artículos 37 y 49 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo anterior, devuélvase el juicio de que se trata al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para los efectos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de la Materia. Similar criterio fue confirmado por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el conflicto competencial 17/2023, de su índice, suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali y este órgano jurisdiccional. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, con copias certificadas de las constancias necesarias y hágase las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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