Maria Antonieta Ramirez Villar
Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Maria Antonieta Ramirez Villar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha quince de mayo del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica por Mará Antonieta del Villar, por conducto de su apoderado legal Manuel Alberto Vázquez Valdez contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado archívese como totalmente concluido. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida vía electrónica por *****, por conducto de su apoderado legal Manuel Alberto Vázquez Valdez contra actos del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango. Con fundamento en el artículo 10 de Ley de Amparo, se reconoce la personalidad con la que comparece Manuel Alberto Vázquez Valdez, toda vez que así lo acredita con la carta poder que exhibe, la cual manifestó bajo protesta de decir verdad que coincide con su original. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 68********************. Decisión de la instancia. Desechamiento contra la notificación del acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que la persona Juzgadora en materia de Amparo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente. Ahora bien, este resolutor estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Conforme a lo anterior, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse todos los recursos o medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con las salvedades que se indican; de lo contrario, queda actualizada la citada causal de improcedencia. Por su parte, los numerales 752, 761, 762, fracción I, 763 y 765 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo.". "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley". "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad; (.) "Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de la audiencia o diligencias, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental en la que se resolverá" "Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se resolverán de plano oyendo a las partes". De acuerdo con esos numerales, las notificaciones practicadas en los juicios laborales serán nulas cuando no cumplan con las formalidades legales, por tanto, cuando se estima que una actuación o notificación carece de alguna de las formalidades que prevé la Ley, las partes de ese controvertido tienen a su alcance el incidente de nulidad para nulificar aquélla, por lo que éste resulta ser un medio ordinario de defensa. Ahora bien, María Antonieta Ramírez Villar es parte demandada en el juicio laboral ********************, y reclaman de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, lo siguiente: "A) El acta de requerimiento de pago y embargo de fecha 20 de abril de las 15:25 horas, realizada por el actuario Edder de Jesús Rentería Ortega dentro del expediente laboral ********************. B) El acuerdo de fecha 23 de marzo de 2023 emitido por la autoridad responsable, en el cual autoriza el embargo en contra de mi mandante hasta por el monto de $******************** pesos, esto pese a que mi manden no fue debidamente notificada de acuerdo previo a este donde señalaran el pago de dicha cantidad. C) La supuesta notificación de fecha 16 de enero de 2023 de febrero de 2016 de las 11:20 horas, diligencia en la cual se notificó supuestamente a mi mandante el acuerdo de fecha 09 de enero de 2023, todos estos dentro del expediente laboral 390/2022". Dicho juicio se encuentra radicado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango por lo que es aplicable la legislación laboral. En el punto uno del capítulo de antecedentes de la demanda la promovente expresa, en lo que interesa, lo siguiente: "I. Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que mi mandante no tuvo conocimiento del acuerdo de fecha 09 de enero de 2023 sino hasta el día 21 de abril de 2023, el día el cual diverso apoderado de mi mandante al estar revisando juicios a su cargo. se le informó que el mismo estaba en ejecución, por lo que al revisar dicho expediente se percató que este contenía un acuerdo de fecha 23 de marzo de 2023 en el cual se autorizaba por la autoridad responsable para requerir el pago de $******************** pesos. mi mandante no fue debidamente notificada del acuerdo previo (09 de enero de 2023) donde se señalaba el pago de dicho monto por concepto de subsistencia, para acatarlo o impugnar su contenido, resultando dicha notificación irregular e ilegal ya que no cumple con el ordenamiento legal vigente". De la anterior reseña se puede fácilmente obtener que María Antonieta Ramírez Villar reclama, entre otras cosas, la notificación realizada del acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés del juicio laboral ********************, que le fue practicada el dieciséis de enero siguiente, incluso los conceptos de violación que formuló van encaminados a controvertir las irregularidades que a su consideración contiene dicha diligencia de notificación. Empero, contra esa notificación procede el incidente de nulidad que prevé el dispositivo 762 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que al ser la parte demandada en ese procedimiento está obligada a agotar ese medio de defensa, a través del cual pueden lograr su anulación, de manera que si no agotó esa incidencia previo al ejercicio de la acción constitucional, es por demás claro que igualmente inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen el juicio de derechos fundamentales, de ahí que se hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda que se provee en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia: NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. b. Desechamiento respecto del acuerdo de veintitrés de marzo y el acta de embargo de veinte de abril de dos mil veintitrés. Respecto a los actos reclamados consistentes en en el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés y el acta de requerimiento de pago y embargo de veinte de abril siguiente, emitidos en el juicio laboral de origen en cumplimiento a la suspensión decretada en el amparo directo ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" El artículo y fracción invocados, establece la improcedencia del juicio de amparo que se intente, contra las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, las cuales no pueden ser reclamadas mediante otro juicio constitucional, porque ello provocaría inseguridad jurídica a través de amparos interminables. La razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos obedece entre otras, a evitar incertidumbre jurídica por desencadenar una serie de juicios de amparo sobre una cuestión concluida al no generar certeza en el estado de las determinaciones pronunciadas y a su vez reclamadas en diverso juicio de amparo, por lo que para evitarlo, la propia ley de la materia ha creado diversos recursos precisamente para impugnar tales resoluciones, tales como el de revisión, queja y el de reclamación, en la inteligencia de que lo que en estos recursos se resuelva será ya inobjetable. Asimismo, conviene acotar que la referida causal no solo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio constitucional, lo cual implica su admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias, las cuales son inatacables mediante la acción constitucional, al igual que las omisiones que sobrevengan en su tramitación, pues las mismas no son autónomas sino vinculadas directamente al trámite del juicio de amparo. En el caso concreto, la quejosa reclama el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés en el que se le requirió para que exhibiera la cantidad de $******************** (******************** 00/100) a fin de garantizar la subsistencia del trabajador, en atención a la suspensión concedida en el juicio de amparo directo ********************, promovido en el juicio laboral ********************. Asimismo, reclama el acta de requerimiento de pago y embargo de veinte de abril de dos mil veintitrés en el Actuario Ejecutor y el apoderado legal de la parte trabajadora señalaron bienes para embargo, en virtud de que la demanda, aquí quejosa no dio cumplimiento a los requerimientos que se le formularon el nueve de enero y veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Es decir, dichas determinaciones impugnadas en este juicio de amparo indirecto, fueron emitidas por la responsable a fin de dar cumplimiento a la suspensión decretada en el juicio de amparo directo ********************, y garantizar la subsistencia del trabajador durante el tiempo en que dure la tramitación y resolución de ese juicio; acción constitucional en el cual la promovente también es parte quejosa y tiene expeditos sus derechos para interponer el medio de impugnación correspondiente en caso de estar inconforme con la suspensión aludida. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de la Materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda que dio lugar a este expediente respecto a los reclamos aquí estudiados. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 35 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones y el acceso al expediente electrónico del presente juicio con el usuario "********************". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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