Maria Antonieta Palma Flores

Expediente 939/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
939/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Antonieta Palma Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de no formular pronunciamiento alguno, este juzgado de Distrito tomará en consideración las constancias de mayor relevancia que obran en el juicio de amparo y resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se titula: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y de conformidad con la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores signado por el Coordinador de Jueces de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, se declararon como inhábiles los días del dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, agréguese a los autos el oficio procedente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, solicita una prórroga de diez días a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se otorga la prórroga solicitada, a efecto de que la citada autoridad se encuentre en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Se requiere a las autoridades responsables, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informen el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañen las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización vigente a esta fecha, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 939/2023-IV, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa con su ocurso de demanda. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la citada probanza. Se cierra esta etapa. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que la quejosa no formuló manifestaciones ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 939/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, que por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, que lo registró con el número 1112/2023-IV-A, órgano jurisdiccional que mediante auto de diecisiete de julio siguiente, declinó la competencia en razón de territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de México, en turno, con residencia en Naucalpan de Juárez. II.- Derivado de lo anterior, mediante oficio 20658/2023, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el diecisiete de julio de la presente anualidad, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, remitió la demanda de amparo que originó el juicio de amparo 1112/2023-IV-A, promovido por ********************, por derecho propio, que por razón de turno, fue turnado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. III.- En proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por lo que se avocó al conocimiento del presente juicio, radicándolo bajo el número 939/2023-IV, se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, tuvo verificativo al tener del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues no obstante de reclamar un acto omisivo, el mismo tiene ejecución en el territorio donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta al escrito de aceptación de pensión por jubilación de ******************** y como consecuencia de ello la omisión de realizar el pago de pensión por jubilación en términos de los señalado en el dictamen CP/79931/2022 de quince de julio de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La apoderada legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, ello con base en las manifestaciones que no le asiste el carácter de autoridad, en razón de que a dicha autoridad no le corresponde analizar las peticiones de pago de pensión de los derechohabientes de dicho instituto. En efecto, el contenido del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo si de las constancias de autos se demuestra que no existe el acto reclamado, o bien, que en la audiencia constitucional no se demuestre su existencia. Esta hipótesis obedece a que el amparo únicamente puede substanciarse contra actos existentes y concretos, ya que es jurídicamente imposible analizar la constitucionalidad de un acto inexistente, probable o eventual. Ahora bien, debe recordarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a la responsable. Así, en el caso concreto se reclama una omisión por parte de la autoridad precisada al inicio del presente considerando, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder como lo exige el gobernado, razonamiento que se encuentra plasmado en la tesis aislada 1a. XXIV/98, con número de registro 196080, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia Común, Administrativa, Novena Época, página 53, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Ahora bien, a efecto de identificar si existe la obligación jurídica de actuar de la autoridad responsable, conviene trae a colación el contenido de los artículos 3° y 4° del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio, que dice: "Artículo 3°. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 4°. El Comité de Pensiones es un órgano auxiliar del H. Consejo Directivo del Instituto con facultades decisorias para analizar y resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de pensiones, así como del estímulo por permanencia de los servidores públicos." De la anterior transcripción se obtiene que sólo los Integrantes del Comité de Pensiones y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios tiene por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos, por tanto, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios no está obligada a actuar, ya que su abstención deriva de la falta de atribuciones para ello. En ese sentido, ante la falta de competencia o atribuciones de la autoridad responsable para resolver la solicitud de pensión que le fue presentada, se considera que no existe una condición de actualización que la coloque en la obligación de proceder como lo exige la parte quejosa, por lo cual resulta inconcuso que no puede tenerse por cierto el acto reclamado. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio de amparo, respecto a la autoridad señalada en el presente considerando, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; al rendir su correspondiente informe justificado, por conducto de su apoderado, vierte manifestaciones de certeza del acto reclamado por la parte quejosa en la presente instancia, por lo que se le tiene como cierto el mismo. Lo que se corrobora con la documental que exhibió el quejoso en su demanda de amparo, consistente en copia de la solicitud de pensión con sello de recibo del ********************, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, misma que no fue objetada por la autoridad en cita. Es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio se otorga valor probatorio a la documental exhibida por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese orden, al haberse exhibido en el presente juicio de amparo copia simple del acuse de la solicitud de cuya omisión en su atención se atribuye a la autoridad y dada las manifestaciones de certeza en cuento a tal solicitud vertida por la responsable, es dable presumir su existencia, por ello, dicha constancia y presunción de certeza del acto atribuido a la autoridad, es suficiente para tener por acreditado el mismo. Conclusión que además guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte. QUINTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se adviertan actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, manifestó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no agotó el principio de definitividad al no promover previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. No obstante, se desestima dicha causa de improcedencia, toda vez que ante la omisión de dar respuesta a una petición formulada por la quejosa en términos del artículo 8 constitucional, se traduce en una afectación de forma directa e inmediata a un derecho sustantivo que impide en forma actual su ejercicio, por lo que se actualiza la hipótesis de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. SEXTO. Estudio de fondo. Se dan por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa aduce en esencia que la autoridad responsables ha omitido dar respuesta a su solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación que le fue decretada previamente, presentada el ********************, no obstante que tiene la obligación de regular el régimen de seguridad social a su favor, no obstante de haber cumplido con los requisitos necesarios para obtener el pago de la pensión por jubilación, lo que considera transgrede en su perjuicio lo previsto entre otros numerales, lo establecido en los artículos 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), ambos de la Constitución Federal. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la pensión, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que del mismo también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora bien, del contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tiene que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", publicada en la gaceta antes referida , corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones. Por lo que, atento a la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, la autoridad responsable ha omitido dar respuesta sobre el trámite derivado de la aceptación de pago pensión presentada el ********************, no obstante que, conforme a las funciones previstas en la legislación aplicable al caso y constancias que obran en autos, se advierte que obra el copia de la solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por jubilación enderezada por la parte quejosa, aunado a la manifestación de certeza de la autoridad; y, de cuya documental, se advierte el sello de recibo ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin que se encuentre acreditado que la autoridad responsable atendiera la solicitud que presentara la parte quejosa para su atención y respuesta correspondiente. Documental que no fue objetada en el presente juicio, a la que se le concede valor probatorio suficiente de acuerdo con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y a la que se otorgó valor probatorio, conforme lo expuesto en el considerando tercero; y, por tanto, que resulte idónea para tener por acreditado plenamente la solicitud de aceptación de pensión por jubilación, formulado por la parte quejosa. Por lo que, si la autoridad cuenta con diversas funciones, como lo es, el cálculo y determinación de pensiones, así como altas y bajas en la nómina de personas pensionadas, sin que al caso se advierta la determinación correspondiente al trámite otorgado a la solicitud enderezada por la parte quejosa, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional; resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia, la autoridad responsable ha sido omisa en sus funciones, ya que conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente, el pago para la pensión respectiva, atiende al día siguiente en que cause baja el trabajador. Por ello, si la responsable no demostró de manera fehaciente haber realizado el pago de pensión a la parte quejosa previamente reconocido, no se dio cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que se vulneró en perjuicio de la aquí parte quejosa tales preceptos. Por tanto, si la parte quejosa no ha recibido respuesta alguna, ni la autoridad responsable ofreció algún medio de prueba para acreditar que realizó el trámite respectivo para la emisión de la resolución referente a la aceptación del pago de pensión, es evidente que la omisión reclamada lesiona el derecho a la seguridad social del promovente del amparo, por no hacer accesible este derecho a su favor, conforme al principio de eficacia material que le es propio. Es aplicable la tesis VI.1o.230 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." En ese contexto, al estar en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento tendente a obtener el pago de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la agraviada en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente determinación: - Se emita de forma inmediata la determinación con relación a la solicitud enderezada por la parte quejosa correspondiente a la aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor de la quejosa y, proceda al pago de la pensión previamente decreta a su favor. -Así como, se haga del conocimiento dentro del término de tres días la resolución que al efecto se emita con relación a la solicitud de aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor de la quejosa, por conducto de la Unidad de Atención al Derechohabiente en la que presentó tal solicitud. -Debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así lo acrediten lo ordenado en la presente sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos establecidos en el mismo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 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