Maria Antonieta Macip Garcia
Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Antonieta Macip Garcia
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 534/2021-IV. Puebla, Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el apoderado de la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Se ponen documentos a disposición. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que el apoderado de la quejosa exhibió copias certificadas de un instrumento notarial con su demanda. Por tanto, se ponen a su disposición para que los recoja dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual le surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá recoger los mencionados documentos, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe al apoderado de la quejosa, que de no comparecer en el plazo otorgado, los documentos que aportó a este expediente serán destruidos. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Este proveído sólo debería notificarse por medio de lista, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer el apoderado de la quejosa, dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Sin embargo, habrá de ordenarse una notificación personal para aquél, a fin de que tenga conocimiento del plazo otorgado para recoger sus documentos. Pero la actuaria deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; en forma personal al apoderado de la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 534/2021-IV. Puebla, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por , como apoderado para pleitos y cobranzas de la quejosa -personalidad que acredita con un instrumento notarial que adjuntó a la demanda-, contra un acto del Agente del Ministerio Público de nombre Julio Analco Meneses, adscrito a la Unidad de Investigación la Margarita de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía... Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada dentro de la carpeta de investigación ***(denominada en lo subsecuente como la carpeta de investigación). Sin embargo, la determinación combatida en la demanda, está relacionada directamente con la falta de investigación de los hechos que denunció la quejosa y que son materia de la carpeta de investigación, lo cual impide -según el apoderado legal de la quejosa- alcanzar el esclarecimiento de los hechos aparentemente delictivos. De modo que la determinación reclamada por aquélla, convergen en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en los autos que integren la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones y determinaciones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas determinaciones, entre las cuales deben subsumirse la reclamada en la demanda de amparo, es decir, la determinación de no ejercicio de la acción penal, que a decir de la quejosa impide el esclarecimiento de los hechos denunciados. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que se revoque la determinación de la responsable, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por ésta, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal de la autoridad responsable en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación reclamada en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas de la responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la determinación de no ejercicio de la acción penal atribuida a la responsable, dictada en la carpeta de investigación ***, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por los hechos con apariencia de delito y ella fue quien presentó la querella que originó la mencionada carpeta, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por la quejosa a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la determinación de no ejercicio de la acción penal atribuida a la responsable dictada en la carpeta de investigación ***, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Anotaciones internas. Se hace saber al apoderado legal de la quejosa, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Se comunica al apoderado legal de la quejosa que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, la profesionista de nombre ***, porque la quejosa no le otorgó de forma expresa facultades amplias y tampoco proporcionó su cédula profesional. Comunicación con la quejosa. Notifíquese; en forma personal al apoderado legal de la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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