María Antonieta Jarquín de Nava
Expediente 195/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Antonieta Jarquín de Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, devuélvase el original del expediente J.32/604/2011 que remitió la autoridad responsable presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Oaxaca, por carecer de objeto que continúe en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 195/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, en contra de actos del presidente de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario, se tiene acreditado que ante la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se tramita el juicio laboral J/32/604/2011, promovido por ********************, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El once de agosto de dos mil diecisiete, se dictó el laudo correspondiente, condenado a la parte demandada al pago de diversas prestaciones y a la reinstalación de la ahora quejosa. El uno de octubre de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizó la diligencia en donde se pretendía llevar a cabo la reinstalación de ********************, sin que se pudiera efectuar. Respecto a esa diligencia, ******************** interpuso -mediante escrito de cinco de octubre de dos mil veintiuno- recurso de revisión. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el recurso de revisión, dictándose la resolución respectiva el uno de febrero de dos mil veintitrés. [Determinación controvertida en esta instancia] De los antecedentes anunciados, se advierte que dicho sumario laboral, se encuentra en la etapa de ejecución de laudo. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por conducto de su apoderado ********************, presentó un escrito de demanda el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, la que se registró bajo el consecutivo 195/2023, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés -previo cumplimiento a la prevención realizada en proveído inicial- i) la admitió a trámite; ii) solicitó a la autoridad su informe justificado; iii) otorgó intervención conducente a la agente del Ministerio Público adscrita; iv) emplazó a la parte tercera interesada; y v) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo el once de mayo de dos mil veintitrés. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. La resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral J/32/604/2011, en la que se resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la diligencia realizada el uno de octubre de dos mil veintiuno por la fedataria pública adscrita a dicho tribunal laboral. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El presidente de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación que se le reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la tesis jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con el original del expediente laboral J.32/064/2011, que remitió la autoridad responsable, en cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional en proveído de tres de abril del año en curso; constancias que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de la resolución combatida. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." LEGITIMACIÓN ********************, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, porque es parte actora en la controversia de origen, aunado a que su apoderado ******************** acreditó en esta instancia, la personalidad con la que se ostenta. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo, disposición que además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente asunto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el juicio, en razón de que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución para dar cumplimiento a la sentencia [en este caso laudo] en el juicio laboral J/32/604/2011, del índice de la junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Los numerales invocados, en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prescribe que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, son aquellos que gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. También se previó que el juicio de amparo puede ser enderezado contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso trascendido al resultado de la resolución. Finalmente, señala que tratándose de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En cualquiera de estos tres supuestos de procedencia, se podrán reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución. En efecto, de los preceptos legales transcritos, se deduce que por regla general, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, puesto que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento relativo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia. Esto es así cuando acude al juicio constitucional la parte actora, o bien, la parte demandada del juicio natural. En este asunto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa combate esencialmente la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral J.32/604/2011 del índice de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que se resolvió el recurso de revisión interpuesto por aquélla [en su carácter de parte actora] en contra de la diligencia de reinstalación realizada el uno de octubre de dos mil veintiuno, por la fedataria pública adscrita a dicho órgano laboral. En la determinación controvertida se resolvió: a) tener por acreditado los extremos del recuso revisión interpuesto, declarándose procedente el mismo; b) se dejó insubsistente la diligencia de reinstalación de uno de octubre de dos mil veintiuno; y c) se señaló nueva fecha y hora para la reinstalación de la impetrante de amparo. Cabe precisar y reiterar que en el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de laudo. Lo cual pone de manifiesto que el acto reclamado es de aquellos dictados en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen, de manera que no constituye la última resolución pronunciada en tal procedimiento, pues no se: 1) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, 2) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, 3) ordena el archivo definitivo del expediente. Únicos supuestos respecto de los cuales, el legislador textualmente limitó la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, en lo concerniente a actos pronunciados en ejecución de sentencia (distintos al remate), conforme lo previsto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. De ahí que en el caso se actualice la causal de improcedencia invocada, en tanto que la determinación combatida no constituye la última resolución a que se refiere la norma mencionada en el párrafo que precede; puesto que el procedimiento de ejecución del laudo no se encuentra concluido, respecto del cual, al seguirse el método de integración de la norma jurídica a contrario sensu, no procede el juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque como ya se relató, lo que se viene impugnando en el amparo, consiste en una determinación que resuelve un medio de impugnación (recurso de revisión) en contra de diligencia de mero trámite, dictado en la etapa de ejecución del juicio laboral J.32/604/2011, evidentemente en ejecución del laudo; y dicha determinación, no constituye la última resolución a la que se refiere el precitado numeral, es decir, el procedimiento de ejecución del laudo continúa. Relatado lo anterior, se hace patente que el acto que se combate en esta vía fue materializado en la etapa de ejecución de sentencia [laudo] y por ende, no es reclamable en juicio de amparo indirecto en este momento sino, como ya se dijo, hasta que se emita la "última resolución" en el procedimiento de ejecución. De ahí que sea válido que en el caso que nos ocupa se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, a contario sensu, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, del mismo ordenamiento. Este órgano jurisdiccional comparte el criterio sustentado en la tesis I.6o.T.J/89, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, con registro digital 170134, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." De igual forma, se invoca como fundamento de la presente determinación, la jurisprudencia P./J. 32/2001, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, con registro digital 190035, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. De igual manera, la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación, ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, publicada en la página 75 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." [Énfasis propio] También, debe señalarse que no se está frente a un caso de excepción que amerite entrar al estudio de fondo por existir una afectación de derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales, tales como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, etcétera; sino, como se dijo, se trata de un acto dictado en ejecución de laudo que no amerita de inmediato su análisis constitucional. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puesto que atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en razón de que conforme a la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, cabe agregar que los criterios citados en la presente sentencia son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. DECISIÓN Al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada en el apartado que antecede, entonces debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible apreciar que la improcedencia resultaba notoria y manifiesta, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de los autos que integran el sumario y documentales aportadas por las partes, de tal suerte que su admisión no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causal si ésta se advirtiere del análisis de las constancias, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, publicada en el tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 544, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, en contra de actos de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII de este fallo. Notifíquese personalmente.( se notifica por lista a la aparte quejosa previo aviso que se le dejo)
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 195/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, en contra de actos del presidente de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario, se tiene acreditado que ante la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se tramita el juicio laboral J/32/604/2011, promovido por ********************, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El once de agosto de dos mil diecisiete, se dictó el laudo correspondiente, condenado a la parte demandada al pago de diversas prestaciones y a la reinstalación de la ahora quejosa. El uno de octubre de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita a la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizó la diligencia en donde se pretendía llevar a cabo la reinstalación de ********************, sin que se pudiera efectuar. Respecto a esa diligencia, ******************** interpuso -mediante escrito de cinco de octubre de dos mil veintiuno- recurso de revisión. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en el recurso de revisión, dictándose la resolución respectiva el uno de febrero de dos mil veintitrés. [Determinación controvertida en esta instancia] De los antecedentes anunciados, se advierte que dicho sumario laboral, se encuentra en la etapa de ejecución de laudo. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por conducto de su apoderado ********************, presentó un escrito de demanda el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, la que se registró bajo el consecutivo 195/2023, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés -previo cumplimiento a la prevención realizada en proveído inicial- i) la admitió a trámite; ii) solicitó a la autoridad su informe justificado; iii) otorgó intervención conducente a la agente del Ministerio Público adscrita; iv) emplazó a la parte tercera interesada; y v) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo el once de mayo de dos mil veintitrés. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. La resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral J/32/604/2011, en la que se resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la diligencia realizada el uno de octubre de dos mil veintiuno por la fedataria pública adscrita a dicho tribunal laboral. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El presidente de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación que se le reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la tesis jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con el original del expediente laboral J.32/064/2011, que remitió la autoridad responsable, en cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional en proveído de tres de abril del año en curso; constancias que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de la resolución combatida. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." LEGITIMACIÓN ********************, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, porque es parte actora en la controversia de origen, aunado a que su apoderado ******************** acreditó en esta instancia, la personalidad con la que se ostenta. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo, disposición que además, es interpretada en ese sentido por la jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente asunto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el juicio, en razón de que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución para dar cumplimiento a la sentencia [en este caso laudo] en el juicio laboral J/32/604/2011, del índice de la junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Los numerales invocados, en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prescribe que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, son aquellos que gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. También se previó que el juicio de amparo puede ser enderezado contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso trascendido al resultado de la resolución. Finalmente, señala que tratándose de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En cualquiera de estos tres supuestos de procedencia, se podrán reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución. En efecto, de los preceptos legales transcritos, se deduce que por regla general, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, puesto que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento relativo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia. Esto es así cuando acude al juicio constitucional la parte actora, o bien, la parte demandada del juicio natural. En este asunto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa combate esencialmente la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral J.32/604/2011 del índice de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que se resolvió el recurso de revisión interpuesto por aquélla [en su carácter de parte actora] en contra de la diligencia de reinstalación realizada el uno de octubre de dos mil veintiuno, por la fedataria pública adscrita a dicho órgano laboral. En la determinación controvertida se resolvió: a) tener por acreditado los extremos del recuso revisión interpuesto, declarándose procedente el mismo; b) se dejó insubsistente la diligencia de reinstalación de uno de octubre de dos mil veintiuno; y c) se señaló nueva fecha y hora para la reinstalación de la impetrante de amparo. Cabe precisar y reiterar que en el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de laudo. Lo cual pone de manifiesto que el acto reclamado es de aquellos dictados en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen, de manera que no constituye la última resolución pronunciada en tal procedimiento, pues no se: 1) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, 2) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, 3) ordena el archivo definitivo del expediente. Únicos supuestos respecto de los cuales, el legislador textualmente limitó la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, en lo concerniente a actos pronunciados en ejecución de sentencia (distintos al remate), conforme lo previsto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. De ahí que en el caso se actualice la causal de improcedencia invocada, en tanto que la determinación combatida no constituye la última resolución a que se refiere la norma mencionada en el párrafo que precede; puesto que el procedimiento de ejecución del laudo no se encuentra concluido, respecto del cual, al seguirse el método de integración de la norma jurídica a contrario sensu, no procede el juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque como ya se relató, lo que se viene impugnando en el amparo, consiste en una determinación que resuelve un medio de impugnación (recurso de revisión) en contra de diligencia de mero trámite, dictado en la etapa de ejecución del juicio laboral J.32/604/2011, evidentemente en ejecución del laudo; y dicha determinación, no constituye la última resolución a la que se refiere el precitado numeral, es decir, el procedimiento de ejecución del laudo continúa. Relatado lo anterior, se hace patente que el acto que se combate en esta vía fue materializado en la etapa de ejecución de sentencia [laudo] y por ende, no es reclamable en juicio de amparo indirecto en este momento sino, como ya se dijo, hasta que se emita la "última resolución" en el procedimiento de ejecución. De ahí que sea válido que en el caso que nos ocupa se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, a contario sensu, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, del mismo ordenamiento. Este órgano jurisdiccional comparte el criterio sustentado en la tesis I.6o.T.J/89, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, con registro digital 170134, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." De igual forma, se invoca como fundamento de la presente determinación, la jurisprudencia P./J. 32/2001, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, con registro digital 190035, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. De igual manera, la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación, ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, publicada en la página 75 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." [Énfasis propio] También, debe señalarse que no se está frente a un caso de excepción que amerite entrar al estudio de fondo por existir una afectación de derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales, tales como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, etcétera; sino, como se dijo, se trata de un acto dictado en ejecución de laudo que no amerita de inmediato su análisis constitucional. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puesto que atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en razón de que conforme a la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Finalmente, cabe agregar que los criterios citados en la presente sentencia son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. DECISIÓN Al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada en el apartado que antecede, entonces debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible apreciar que la improcedencia resultaba notoria y manifiesta, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de los autos que integran el sumario y documentales aportadas por las partes, de tal suerte que su admisión no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causal si ésta se advirtiere del análisis de las constancias, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, publicada en el tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 544, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, en contra de actos de la Junta Especial Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la tercero ********************, en su carácter de apoderada del tercero interesado ********************, personalidad que se le tiene reconocida en los autos del juicio laboral de origen ********************, se apersona a este juicio constitucional, realiza diversa manifestaciones a título de alegatos y señala domicilio procesal. Al respecto, se tiene al ******************** por conducto de su apoderada legal ********************, apersonándose al presente sumario con el carácter de tercero interesado en términos de lo dispuesto por el normativo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene a la promovente por formulados sus alegatos en términos de lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. En otro punto, se tiene como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- María Alicia Rubio Pérez1092/2022
- María Amparo Camacho Ramos227/2018
- MARÍA ANATOLIA GARCÍA RAMÍREZ o MARÍA GARCÍA RAMÍREZ1141/2019
- María Antonia Gómez Montes884/2019
- María Antonia Ramírez López572/2021
- María Antonieta Chagoya Méndez197/2019
- María Antonieta Jiménez Bolaños860/2016
- María Antonieta Martínez Soto1423/2014
- María Antonieta Martínez Soto189/2015
- María Antonieta Martínez Soto1376/2016
- María Antonieta Martínez Soto1058/2015
- María Araceli Córdova Cruz1242/2023