María Antonieta Gutiérrez Sánchez

Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
991/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • María Antonieta Gutiérrez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que el término concedido a las partes para que desahogaran la vista del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, otorgada en auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, transcurrió para el Fiscal de la Federación adscrito del once al quince de agosto del citado año, en tanto que para la parte quejosa del doce al dieciséis del mes y año actual, con excepción de los días inhábiles que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1. Por sentencia de trece de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Antonieta Gutiérrez Sánchez, para los efectos siguientes: ".SÉXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: Emitir la resolución incidental de liquidación que corresponda en el juicio laboral 181/2012 de su índice, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado." 2. El uno de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y por ello, se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, diera cumplimiento a fallo protector. 3. Seguidamente por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución incidental de liquidación pronunciada el tres de agosto del presente año, dentro del expediente laboral 181/2012 de su índice. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, se dio vista y corrió traslado a la partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere. C O N C L U S I Ó N En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el Magistrado Presidente de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante oficio acordado en auto de diez de agosto del presente año, remitió copia certificada de la resolución incidental de liquidación de laudo emitida el tres de agosto de la presente anualidad, dentro del expediente laboral 181/2012 de su índice. Lo anterior, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. De igual forma, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la resolución incidental de liquidación pronunciada el tres de agosto del año en curso dentro del expediente laboral 181/2012, de su índice; con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa Mariana Antonieta Gutiérrez Sánchez. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el trece de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal la quejosa María Antonieta Gutiérrez Sánchez; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.]Emitir la resolución incidental de liquidación que corresponda en el juicio laboral 181/2012 de su índice, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del trece de julio de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 991/2022-4, promovido por María Antonieta Gutiérrez Sánchez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistente en: ? Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. ? Instrumental de actuaciones consistente en la constancia que el tribunal responsable anexó a su informe justificado consistente en copia certificada de la audiencia incidental de liquidación celebrada el siete de abril de dos mil veintidós dentro del expediente laboral 181/2012, de su índice. Por otro lado, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe con justificación, acompañó copia certificada de la audiencia incidental de liquidación celebrada el siete de abril de dos mil veintidós dentro del expediente laboral 181/2012, de su índice. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 991/2022-4, promovido por María Antonieta Gutiérrez Sánchez, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veinte de junio posterior, María Antonieta Gutiérrez Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión del tribunal responsable de resolver el incidente de liquidación planteado en el juicio laboral 181/2012, de su índice. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se radicó y admitió la demanda con el expediente 991/2022-4; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La omisión del tribunal responsable de resolver el incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 181/2012, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal responsable al rendir el informe con justificación, admitió la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con la copia certificada de la audiencia incidental de siete de abril de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral de origen. Documental a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es sustancialmente fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79 , fracción V, de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. La parte quejosa alega la omisión de la responsable de resolver el incidente de liquidación planteado ante la responsable en el expediente laboral 181/2012, ya que bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo narra que el siete de abril de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental de liquidación correspondiente, sin que hasta la fecha de la presentación de su demanda de amparo la responsable haya emitido la resolución incidental correspondiente. Lo anterior, al haber aceptado la autoridad responsable las pretensiones que hace valer la parte quejosa, y corroborado con la copia certificada de la audiencia incidental de liquidación celebrada el siete de abril de dos mil veintidós, que adjuntó a su informe justificado el Magistrado Presidente del Tribunal responsable. Documental a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Luego, la responsable viola en perjuicio de la parte quejosa la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo, establece: "Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto trascrito, se desprende la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.- Justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2.- Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3.- Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4.- Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, tiene por objeto garantizar que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales previamente establecidos y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Por otro lado, los artículos 130 y 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, disponen: "Artículo 130.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Artículo 131.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior; sin que, por ello, se omita el cumplimiento de dicho auto." Dichos preceptos imponen a la autoridad responsable la obligación de proveer la inmediata ejecución de los laudos, dictando las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes; y cuando se pida la ejecución de un laudo, deberá despachar auto de ejecución, comisionando a uno de los Actuarios a fin de que se constituya en el domicilio del demandado y lo requiera para que cumpla con la resolución, con el apercibimiento respectivo. Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, pues se dejó de observar lo estipulado en el ordinal 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dispone: "Artículo 121.- Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus representantes, de la competencia del Tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano." De dicho precepto se obtiene que los incidentes deben ser resueltos de plano cuando se susciten con motivo de la personalidad de las partes, de la competencia del Tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones, así como otros motivos, entre ellos se encuentran los de liquidación. Bajo esa premisa, la autoridad responsable en su informe justificado, aceptó las pretensiones de la parte quejosa al aceptar la certeza del acto reclamado al referir que hasta la fecha en que rindió su informe justificado (veintinueve de junio de dos mil veintidós) no había emitido el incidente de liquidación dentro del expediente laboral 181/2012, de su índice. Además, hasta la presente fecha la responsable no ha resuelto sobre el incidente de liquidación promovido por la actora, violentando de esta manera el término que señala el precepto legal antes mencionado para el pronunciamiento en relación a la planilla de liquidación. Por tanto, el actuar del Tribunal responsable atenta contra la garantía de pronta y expedita administración de justicia otorgada por el artículo 17 Constitucional, en razón de que la responsable tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando las medidas necesarias que sean procedentes y conforme a lo dispone el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, los incidentes deben ser resueltos de plano, por lo que con su actuar provoca que no se cumpla con la inmediata ejecución del laudo en sus términos. En esa tesitura, toda vez que el acto reclamado resulta violatorio de garantías Constitucionales, consagradas en el artículo 17, lo que procede es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad señalada como responsable, proceda en términos del artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, a emitir la resolución incidental de liquidación que corresponda. SÉXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: ? Emitir la resolución incidental de liquidación que corresponda en el juicio laboral 181/2012 de su índice, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Antonieta Gutiérrez Sánchez, en contra del acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero; por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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