Maria Antonieta Díaz Rodriguez
Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Antonieta Díaz Rodriguez
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte, que en la especie, en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por *******, el cual se le notificó el diecinueve de enero de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo; .... se declara que dicho auto ha causado estado. ...., archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ..."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Magistrado del Tribunal Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 28/2021. Desechamiento Ahora, toda vez que la parte quejosa se duele del auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se declaró improcedente el recurso de apelación, dictada en el expediente agrario ********************, del índice del Tribunal Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las primeras veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto, cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior [publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación], los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Lo anterior, conforme al contenido de las tesis siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". [Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época]. "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". [Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época]. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer lo siguiente: La parte quejosa reclama el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se declaró improcedente el recurso de apelación, dictada en el expediente agrario ********************, del índice del Tribunal Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Acto que no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa sino únicamente intraprocesales, por ello, dicha decisión debe impugnarse con la resolución definitiva del procedimiento, pues no se sabe si esa determinación procesal trascienda al resultado del fallo o no, y, más aún de resultar adverso, puede inconformarse con dicho fallo a través de los medios de impugnación, que la ley otorga. Por tanto, si la resolución que se combate, le fuera desfavorable, puede ser reparada posteriormente, a través del juicio de amparo directo, enderezando vía conceptos de violación las anomalías que crea fueron cometidas; de conformidad con los artículos 170, fracción I, 171 y 172 fracción XII, de la Ley de Amparo. Es decir, puede impugnarse la sentencia definitiva que se dicte al respecto vía amparo directo, en la que se cuestionen las infracciones al procedimiento que en su momento lleguen a afectar las defensas de la parte quejosa y que trasciendan al resultado del fallo. Bajo esa tesitura, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor la parte justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de garantías. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, el que indica, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que nombra. Notificación electrónica. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario "********************", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en tal virtud, se autoriza dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Es así, habida cuenta que conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. En cuanto al empleo de medios electrónicos que solicita, toda vez que es parte en el juicio, se autoriza su uso. Días y horas inhábiles. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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