María Antonieta Barajas Mendoza y Otros.
Expediente 2917/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2917/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/10/2019
Partes del expediente
- María Antonieta Barajas Mendoza y Otros.
- Francisco Javier Barajas Mendoza
- Alejandro Barajas Mendoza y Otros.
- Patricia Barajas Mendoza
- Luz María Barajas Mendoza
- Patricia Barajas Mendoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el escrito signado por Adán Domínguez Figueroa, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en atención a la vista formulada en proveído de once de septiembre pasado, solicita a este órgano de control constitucional una prorroga a efecto de acreditar haber comparecido ante la autoridad responsable a que se le haga entrega del título de crédito emitido con motivo de la protección constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede por única ocasión a la parte quejosa, un término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, para que dé cumplimiento al aludido auto, en el entendido que subsiste el apercibimiento contenido en dicho proveído. Por tanto, dentro del mismo término deberá expresar lo que a su derecho corresponda, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiuno de agosto posterior. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, misma que fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de revisión 20/2019, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad obligada al cumplimiento, realice los actos siguientes: "[.] calcule nuevamente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales correspondiente, para lo cual deberá determinar la base gravable de dicho impuesto, aplicando el monto de menor cuantía del elemento calidad de las "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN", que corresponda a las características de los inmuebles en cuestión y, en consecuencia, deberá reintegrar a la parte quejosa la diferencia que resulte entre dicho cálculo y lo efectivamente pagado, (según recibos oficiales SAY 4262 y SAY 4263). [.] A la par de lo anterior, la devolución del remanente que resulte de los pagos del impuesto en acato a la ejecutoria deberá ser debidamente actualizada. [.] Asimismo la concesión de amparo, implica proteger al quejoso en lo presente y en lo futuro, mientras esté vigente la Ley que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones del municipio de Sayula para el ejercicio dos mil dieciocho únicamente en ese aspecto declarada inconstitucional, esto es, hasta en tanto dicha norma no sea sustituida por diverso acto legislativo. [.] Finalmente, la concesión de amparo de hace extensiva a los artículos 114, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y 24, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sayula, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, sólo por lo que concierne a la base gravable, pues tales preceptos si bien no se reclamaron por vicios propios, se reclamaron como sistema normativo que prevé el impuesto sobre transmisiones patrimoniales." (Énfasis agregado) Es importante destacar que en la ejecutoria de revisión 20/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró fundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en atención que sobre el tema planteado existe jurisprudencia temática de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción resultan violatorias del principio de legalidad tributaria, cuando no precisan los parámetros para establecer la calidad de la construcción para fijar los valores a determinar para efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales. Concluyendo, que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción reclamada, no se advierte que la autoridad responsable haya definido, por lo que ve a la calidad del inmueble, que debe entenderse por las sub-clasificaciones "LUJO", "SUPERIOR", "MEDIO" Y "ECONÓMICO", lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica a la parte quejosa contribuyente, provocando que uno de los elementos de contribución pueda elegirse discrecionalmente por la autoridad administrativa, pues permite un margen de arbitrariedad en la determinación de la base gravable en el impuesto. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Encargado de la Hacienda Pública de Sayula, Jalisco, puso a disposición de la parte quejosa el título de crédito número 19584, por la cantidad de $1,225,.25 (mil doscientos veinticinco pesos 25/100 moneda nacional). Posteriormente mediante oficio de registro 20209, la aludida autoridad realizó el cálculo del impuesto de transmisión patrimonial correspondiente, sin embargo de una análisis minucioso del mismo se advierte que al determinar la base gravable de dicho impuesto, no aplica el monto de menor cuantía del elemento calidad de las "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN", correspondientes a las características de los inmuebles en cuestión y, en consecuencia, la cantidad a reintegrar resulta errónea. Efectivamente, respecto del predio identificado con la cuenta predial número 1595, la autoridad Hacendaria insiste en aplicar en el tipo de construcción antiguo, elemento de calidad de mayor cuantía, a saber -Medio bueno- y Medio Regular-, debiendo aplicarse la calidad de menor cuantía correspondiente a -Austero bueno- y -Austero regular-. Luego, por lo que ve al inmueble identificado con la cuenta predial 3042, aplica en el tipo de construcción antiguo, un elemento de calidad de mayor cuantía, a saber -Económico regular-, debiendo aplicarse el elemento de calidad de menor cuantía correspondiente a -Austero regular-; siendo correcto aplicar respecto del tipo de construcciones provisionales, uso transitorio y fácil remosión el elemento de calidad de menor cuantía económico regular, lo anterior al no existir clasificación menor. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida. Por otra parte, vistos los escrito registrados con los número 18340 y 21067, ambos signado por **** autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante los cuales, expone su inconformidad con el cumplimiento dado a la sentencia por la autoridad responsable, deberá de estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Encargado de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento puntual a la ejecutoria dictada en autos, esto es, calcule nuevamente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales correspondiente, para lo cual deberá determinar la base gravable de dicho impuesto, aplicando el monto de menor cuantía del elemento calidad de las "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN", que corresponda a las características de los inmuebles en cuestión y, en consecuencia, deberá reintegrar a la parte quejosa la diferencia debidamente actualizada, que resulte entre dicho cálculo y lo efectivamente pagado, (según recibos oficiales SAY 4262 y SAY 4263). De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Sayula Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico del Encargado de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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