María Antonieta Alvarez Moreno

Expediente 295/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
295/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2017

Partes del expediente

  • María Antonieta Alvarez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México. Téngase por recibido el oficio por medio del cual el Juzgado indicado atiende la solicitud formulada en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y al efecto informa que tal como lo indicó en el oficio 6445/2017, de su índice, determinó no insistir en declinar la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. En consecuencia, y toda vez que el Juzgado de Distrito precitado se avocó al conocimiento del asunto que dio origen al presente; en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese este expediente como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Se tiene al Órgano Jurisdiccional precitado informando que por auto de veintiuno del mes y año en curso, determinó no insistir en declinar la competencia respecto de la demanda de amparo promovida, de lo cual este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante oficio, también identificado con el número 6445/2017, de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, comunicó que insistía en declinar la competencia y ordenó remitir los autos del expediente 263/2017, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, con el objeto de que se determine a cuál órgano jurisdiccional correspondería conocer del presente juicio de garantías, resolución que discrepa con el contenido de la comunicación oficial de cuenta; en este sentido, a fin de que el suscrito esté en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, se solicita atentamente a la Titular del Juzgado Federal mencionado, que de no tener inconveniente alguno, aclare cuál es la determinación asumida respecto de la demanda que dio origen al juicio de amparo número 263/2017, de su índice.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Se tiene a la nombrada autoridad informando que insiste en declinar competencia, por lo que ordenó remitir los autos del expediente 263/2016, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, con el objeto de que se determine a cuál órgano jurisdiccional correspondería conocer del presente juicio de garantías. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 5112/2017, de la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 263/2017 de su índice, toda vez que mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil diecisiete, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por razón de materia. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 295/2017-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, así como del escrito aclaratorio y su anexo, se advierte que la promovente reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el once de enero de dos mil diecisiete, dirigida a la persona que se indica, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Cabe señalar que de acuerdo a lo expresado en la demanda, así como en el escrito aclaratorio y de la copia simple del acuse de recibo relativa al citado escrito, se advierte que en éste la quejosa efectuó las siguientes peticiones: Se señale día y hora para que asista a las instalaciones de la Jefatura del Departamento Civil y Mercantil para elaborar un inventario de expedientes con información sensible que la impetrante tenía bajo su resguardo cuando se desempeñaba como encargada de esa oficina; lo anterior, a fin de informarlo a la Procuraduría General de la República y que se deslinden responsabilidades en cuanto a los hechos que -a decir la inconforme- se originaron cuando gozaba de su período vacacional. Se le permita realizar un acta de entrega y recepción, así como un inventario de asuntos y recursos que tenía a su cargo; además, para tal efecto se le asigne personal administrativo y se le permita el acceso al equipo de cómputo que tenía asignado. Se le permita retirar los objetos y documentos personales que pudieron haber quedado dentro de la oficina mencionada en la cual la quejosa desempeñaba sus labores. Al respecto el suscrito considera que no es a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien corresponde el conocimiento de la demanda en estudio, pues la omisión reclamada constituye un acto administrativo del cual debe conocer la Juez declinante, como a continuación se expondrá: Las consideraciones en las cuales la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México sustentó la declinación de la competencia a este Órgano de control Constitucional en Materia de Trabajo, son las siguientes: En el caso, se reclama la omisión de dar respuesta a las peticiones planteadas por la impetrante en el escrito presentado el once de enero de dos mil diecisiete, las cuales quedaron descritas en párrafos que anteceden con los incisos a), b) y c). Aunque el acto reclamado es formalmente administrativo, en opinión de la Juez Federal mencionada incide sobre cuestiones de naturaleza laboral, pues la impetrante se desempeñaba como Jefa del Departamento Civil y Mercantil, adscrita a la Subdirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica Institucional, dependiente de la Dirección General de asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con motivo del cargo de. Además, se sostiene que el análisis relativo a la constitucionalidad del acto reclamado no podrá analizarse bajo la óptica de un asunto meramente administrativo, sino que para ello el Juzgador requiere necesariamente verificar el cumplimiento de normas de carácter laboral. Ahora como ya se anticipó, el suscrito no comparte las consideraciones en las cuales se sustenta la determinación adoptada por la Juez declinante, esto es, que el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral y por ello carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Lo anterior es así, porque en principio, se advierte que la quejosa reclama la falta u omisión de dar respuesta a las peticiones realizadas mediante escrito presentado el once de enero de dos mil diecisiete, dirigido a Francisco Javier Guevara Galicia, en carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, las cuales quedaron descritas en los incisos a), b) y c) de la presente resolución. De lo anterior se colige que, la materia del acto reclamado no se hace consistir en el análisis de cuestiones de fondo vinculadas con la relación laboral que existía entre la aquí quejosa y los funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señalados como autoridades responsables, pues se limita única y estrictamente al derecho de petición, esto es, recae sobre la falta de respuesta a las solicitudes planteadas por la hoy quejosa el escrito presentado el once del mes y año en curso, dirigido a la persona que se indica, en carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Por ende, es manifiesto que no se trata de alguna controversia concerniente de manera estrecha con aspectos laborales, esto es, surgidos con motivo de la relación de trabajo entre la promovente y la institución a la cual se encuentran adscritos los funcionarios señalados como autoridades responsables, pues el reclamo se constriñe a la omisión de dar respuesta a las peticiones planteadas, en el escrito mencionado, esto es, la violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el acto reclamado se traduce en la violación al derecho petición, el cual se encuentra tutelado en el artículo 8° de la Carta Magna, que dice: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por ende, dado que el acto reclamado es la falta de respuesta a las peticiones planteadas por la quejosa en el escrito citado descritas en los incisos a), b) y c) de esta resolución, resulta indudable que solamente incide en la irresolución de las pretensiones planteadas en ese ocurso, esencialmente, para que se señale día y hora en el cual pueda apersonarse en la Jefatura del Departamento Civil y Mercantil, a fin de elaborar un inventario de expedientes y recursos que tenía asignados; asimismo, para elaborar un acta de entrega de recepción, pueda acceder al equipo de cómputo que tenía asignado y sustraiga sus objetos personales. De modo que no se desprende que la materia del acto reclamado incida sobre cuestiones o aspectos estrechamente vinculados con la relación laboral o de trabajo entre la quejosa y los funcionarios señalados como responsables, sino que, únicamente se limita al ejercicio del derecho de petición consignado en el artículo 8° Constitucional. Atento a lo anterior es indiscutible que el acto reclamado es de índole administrativo y por ello, quien es competente para conocer del juicio promovido por la accionante del amparo, es la Juez declinante especializada en materia administrativa. Lo anterior, debido a que al realizar un nuevo estudio, nuestro Máximo Tribunal llegó a la conclusión de que en realidad el solo hecho de que se reclame la omisión de contestar un escrito de petición ante autoridad administrativa, con apoyo en el artículo 8° Constitucional, hace que el acto y autoridad revistan naturaleza administrativa, por lo cual determinó que en todos estos casos, su conocimiento se surta en favor de órganos jurisdiccionales competentes en esa materia. Máxime que el derecho de petición, se centra únicamente a la solicitud hecha por un gobernado a quien o quienes considera autoridades, sin existir controversia alguna, de modo que sin prejuzgar y analizar lo atinente al fondo del asunto, la naturaleza de tal acto está inmersa en el campo administrativo, sin controvertir que a posteriori puedan derivarse cuestiones que podrían encuadrar en otras materias, de las que según el caso, se ocuparían los tribunales especializados en ellas. Concomitante a lo expuesto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también determinó que cuando existe un conflicto competencial entre dos tribunales, el conocimiento del asunto se surte a favor del Órgano Jurisdiccional que dictó proveído previniendo a la parte quejosa para que ajuste la demanda a los requisitos legales con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, pues ese auto constituye una aceptación tácita de su competencia. Por ende, toda vez que de las actuaciones relativas al amparo indirecto número 263/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que la Titular de ese recinto, mediante acuerdo de veintiséis de enero de esta anualidad, previno a la impetrante para que aclarara la demanda, apercibiéndola, entre otros efectos, con tener por no presentado ese libelo de garantías en el supuesto de que no desahogara el primero de los requerimientos decretados, resulta indudable que esa determinación constituye una aceptación tácita de la competencia por parte de la Juez declinante, por lo cual a ella corresponde el conocimiento del presente asunto. En consecuencia, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida; por tanto, devuélvase el expediente y copias de demanda al Juzgado declinante, solicitándole atentamente tenga a bien acusar el recibo de estilo y comunique la resolución que emita al respecto. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales.

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