María Antonieta Aguilar López
Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Antonieta Aguilar López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional este juicio de amparo la demanda que dio origen a este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Destrucción juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Por recibido el oficio 363-B signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada el veintinueve de julio del año en curso y los autos del juicio de amparo 843/2020-II. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y, notifíquese a las partes la llegada de estos autos, haciendo de su conocimiento que de los puntos resolutivos de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta se advierte lo siguiente: "...PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Serapia Ponce Cabrera." Archivo. En vista de lo anterior y al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó en este asunto y que dicha determinación fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado, rendido por el Juez Tercero de lo Familiar, de esta ciudad; téngasele por manifestando que es cierto el acto reclamado. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de entregar el oficio al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenado en auto de radicación de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio de tramitación especial de divorcio incausado 257/2021, en el que se ordenó realizar el descuento del veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias menos deducciones legales que recibe el demandado -aquí tercero interesado-, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la parte quejosa. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causal de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: En el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó girar oficio 6309/2021 al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que procediera a descontar el porcentaje del veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias, menos deducciones legales que recibe el demandado -aquí tercero interesado-, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la parte quejosa, dentro del juicio de tramitación especial de divorcio incausado 257/2021. A la fecha en que se presentó la demanda -veintitrés de agosto de dos mil veintiuno-, no se había hecho entrega del oficio en cuestión, para el descuento de la pensión aludida. La mencionada responsable entregó el oficio referido 6309/2021, ordenado en el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, como consta del sello de recepción que obra a foja 79 del anexo que acompaña la autoridad responsable. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al entregarse el oficio 6309/2021, ordenado en el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el que se ordenó realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia decretado en favor de la quejosa, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, cesó la omisión reclamada. Con tal entrega se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues con la emisión de la determinación referida, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; expídasele copia que solicita.
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