María Antonia Rodríguez Tinoco

Expediente 520/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
520/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • María Antonia Rodríguez Tinoco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene informando que admitió a trámite la demanda de amparo que le fue enviada, registrada en este órgano jurisdiccional con el número I-520/2018 y de la que emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin que en el caso haya lugar a proveer sobre el archivo del asunto en que se actúa, toda vez que ello se hizo en auto de veintiocho de junio del año actual, data en la que la autoridad oficiante asumió conocimiento del juicio en cita. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el oficio del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso comunicado, a través del cual se le remitió el juicio de amparo I-520/2018, del que emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa, e informa que aceptó la competencia declinada y se avocó a su conocimiento; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Atento lo anterior, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ TINOCO. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por María Antonia Rodríguez Tinoco, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de lo Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número V-520/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ? Declaratoria de incompetencia. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa hizo consistir el acto reclamado en: 1. La sentencia definitiva de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho dictada por el Juez Octavo de lo Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en el expediente 107/2017 de su índice. En cuanto al acto reclamado se observa que se trata de una sentencia definitiva, dictada en un juicio ejecutivo mercantil, contra la cual no procede ningún recurso ordinario, tal como se expondrá en líneas posteriores. Por tal motivo, este Juzgado de Distrito considera respetuosamente que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". A la luz del precepto legal transcrito, como se dijo, el acto reclamado por la quejosa no encuadra en ninguno de los presupuestos del artículo que antecede, por las razones siguientes: El acto reclamado no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general [fracción I]. Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional [fracción II]. No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una determinación dictada en un procedimiento judicial [fracción III]. Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido [fracción IV], ya que antes de emitirse no existía laudo o diversa determinación que hubiese dado por concluido el procedimiento que ya había iniciado. No se trata de un acto en juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia [fracción V]. De igual forma, no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas [fracción VI], ya que el quejoso reconoció ser parte formal -actora- del juicio natural. Mucho menos es una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto emana de un procedimiento laboral [fracción VII]. Por último, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [fracción VIII]. En mérito de los argumentos expuestos, se pone de manifiesto que el acto reclamado, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una sentencia definitiva, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver este asunto correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. En el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. 2. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b) de la citada ley. 3. El territorio, regulado por el artículo 34 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92 , cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Cabe referir, que el acto reclamado se trata de una sentencia definitiva, dictada en un juicio ejecutivo mercantil, en la que se condenó a la parte demandada, aquí quejosa, a cubrir al actor la cantidad de 195,180.00 ciento noventa y cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N. , y por tal motivo, dicha sentencia no es recurrible ya que el monto de lo condenado no rebasa la cantidad establecida en el articulo 1339 del Código de Comercio, para que proceda en su contra un medio de defensa ordinario, el cual establece lo siguiente: "Artículo 1339 del Código de Comercio: Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión..." En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión respecto del acto consistente en la sentencia definitiva de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Octavo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 107/2017 de su índice. Por tales motivos, como se ha venido estableciendo, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto. ? Cuaderno de antecedentes, remisión al Tribunal Oficina de Correspondencia Común. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la ley de la materia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta capital, a efecto de que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho. Por lo anterior, se solicita a la Superioridad de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. ? Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados de su parte a las personas que indica. ? Habilitación de días y horas inhábiles; anotaciones, capturas e integración del expediente electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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