Maria Antonia Ramón Murillo

Expediente 917/2013 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
917/2013
Año
2013
Actuaciones
6
Última actuación
30/04/2015

Partes del expediente

  • Maria Antonia Ramón Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de abril de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de abril de dos mil quince. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que el veintisiete de febrero pasado, veintitrés y treinta y uno de marzo de dos mil quince, respectivamente, los terceros interesados y la parte quejosa, quedaron legalmente notificados de lo determinado en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, sin que al efecto hubieran interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en tal virtud, es de estimarse que consintieron tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil quince. Vista la razón signada por el Actuario adscrito a este Juzgado, toda vez que informa que no le fue posible notificar el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil quince, al tercero interesado METLIFE, por conducto de apoderado legal Ricardo Rojo Fonseca y otra, por las razones que expone; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicho auto por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal. NOTIFÍQUESE. previo citatorio que fue entregado...Número de expediente: 917/2013 Acuerdo: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veinticuatro de febrero de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de once de febrero del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este Juzgador procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil catorce, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, para los siguientes efectos: "La Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en el juicio laboral de origen D-423/2009 de su índice: a) Dejara insubsistente el laudo de diecisiete de noviembre de dos mil once, dictado en dicho juicio. b) Y dejando subsistentes las actuaciones realizadas en el mismo, otorgara a los quejosos la garantía de audiencia previa, debiendo para ello emplazar a dicho juicio a MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, en el domicilio que consta en autos del presente juicio de amparo, sito en Venustiano Carranza número dos, colonia del INI, Huautla de Jiménez, Teotitlán, Oaxaca, a fin de que se les diera oportunidad de comparecer al mismo en defensa de sus derechos de pensión por orfandad otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha de término hasta en octubre de dos mil veintitrés y junio de dos mil veintiuno, respectivamente; a quienes les otorgará los derechos procesales que establece la ley, en las diferentes etapas del procedimiento, a fin de que defendieran su derecho de pensión de referencia. c) Hecho lo anterior, emitiera determinación en el juicio laboral D-423/2009 de su índice, conforme a derecho, tomando en su caso, los derechos de pensión de los menores de edad EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, deducidos ante ella; y emitiera nueva resolución únicamente por lo que hace a los citados derechos de pensión en controversia, obtenida con motivo del fallecimiento de Gregorio Reyes Rodríguez, dejando intocado lo ya actuado y resuelto por lo que respecta al pago del seguro de vida institucional del que se absolvió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En ejecutoria de veinte de mayo de dos mil catorce (fojas 328-345), dictada por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 80/2014 interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, confirmó la sentencia recurrida, en la que este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN. En auto de veintinueve de mayo de dos mil catorce, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (foja 346). El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 235 de dos de junio de dos mil catorce, informó el cumplimiento que dio a la sentencia ejecutoria y remitió las constancias relativas (fojas 354-356); de las que se advierte en auto de la misma fecha dejó insubsistente el laudo de diecisiete de noviembre de dos mil once, dictado en el expediente laboral 423/2009 de su índice, y ordenó otorgar la garantía de audiencia previa y llamar como terceros extraños a juicio a MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, a quienes ordenó su emplazamiento y señaló fecha para que fueran escuchados, la que tuvo verificativo a las nueve horas del día seis de octubre de dos mil catorce (fojas 374-376). Por oficio 590 de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dicha autoridad informó que seguido el trámite del juicio, previo el término otorgado a las partes para formular alegatos, declaró cerrada la instrucción y turnó el expediente para la emisión del laudo correspondiente (fojas 384-393). Finalmente, mediante oficio 76 de nueve de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable remitió copia certificada del laudo de uno de diciembre de dos mil catorce, dictada en el expediente laboral 423/2009, así como su respectiva notificación, a la aquí quejosa (fojas 398-405). Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expediente por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    PREVIO CITATORIO QUE FUE ENTREGADO...Número de expediente: 917/2013 Acuerdo: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veinticuatro de febrero de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de once de febrero del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este Juzgador procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil catorce, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, para los siguientes efectos: "La Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en el juicio laboral de origen D-423/2009 de su índice: a) Dejara insubsistente el laudo de diecisiete de noviembre de dos mil once, dictado en dicho juicio. b) Y dejando subsistentes las actuaciones realizadas en el mismo, otorgara a los quejosos la garantía de audiencia previa, debiendo para ello emplazar a dicho juicio a MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, en el domicilio que consta en autos del presente juicio de amparo, sito en Venustiano Carranza número dos, colonia del INI, Huautla de Jiménez, Teotitlán, Oaxaca, a fin de que se les diera oportunidad de comparecer al mismo en defensa de sus derechos de pensión por orfandad otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha de término hasta en octubre de dos mil veintitrés y junio de dos mil veintiuno, respectivamente; a quienes les otorgará los derechos procesales que establece la ley, en las diferentes etapas del procedimiento, a fin de que defendieran su derecho de pensión de referencia. c) Hecho lo anterior, emitiera determinación en el juicio laboral D-423/2009 de su índice, conforme a derecho, tomando en su caso, los derechos de pensión de los menores de edad EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, deducidos ante ella; y emitiera nueva resolución únicamente por lo que hace a los citados derechos de pensión en controversia, obtenida con motivo del fallecimiento de Gregorio Reyes Rodríguez, dejando intocado lo ya actuado y resuelto por lo que respecta al pago del seguro de vida institucional del que se absolvió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En ejecutoria de veinte de mayo de dos mil catorce (fojas 328-345), dictada por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 80/2014 interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, confirmó la sentencia recurrida, en la que este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN. En auto de veintinueve de mayo de dos mil catorce, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (foja 346). El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 235 de dos de junio de dos mil catorce, informó el cumplimiento que dio a la sentencia ejecutoria y remitió las constancias relativas (fojas 354-356); de las que se advierte en auto de la misma fecha dejó insubsistente el laudo de diecisiete de noviembre de dos mil once, dictado en el expediente laboral 423/2009 de su índice, y ordenó otorgar la garantía de audiencia previa y llamar como terceros extraños a juicio a MARÍA ANTONIA RAMÓN MURILLO, en representación de sus menores hijos EMILIANO ONOFRE Y CRISTOFER O CRISTOPHER JAFED DE APELLIDOS REYES RAMÓN, a quienes ordenó su emplazamiento y señaló fecha para que fueran escuchados, la que tuvo verificativo a las nueve horas del día seis de octubre de dos mil catorce (fojas 374-376). Por oficio 590 de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dicha autoridad informó que seguido el trámite del juicio, previo el término otorgado a las partes para formular alegatos, declaró cerrada la instrucción y turnó el expediente para la emisión del laudo correspondiente (fojas 384-393). Finalmente, mediante oficio 76 de nueve de febrero de dos mil quince, la autoridad responsable remitió copia certificada del laudo de uno de diciembre de dos mil catorce, dictada en el expediente laboral 423/2009, así como su respectiva notificación, a la aquí quejosa (fojas 398-405). Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expediente por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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