María Antonia Pérez
Expediente 1144/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1144/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/10/2018
Partes del expediente
- María Antonia Pérez
Actuaciones
- Principal
1. Estado de autos. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecinueve de septiembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 3. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
...La promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Acto Reclamado: . PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL, POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. (sic). Este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse emitidos por autoridad para efectos del juicio de amparo, por los razonamientos que a continuación se exponen. En términos del artículo 5° en cuestión, por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. En el contexto que precede, puede concluirse que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si se está en una relación de supra a subordinación y si a través del acto que se le atribuye se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Ahora, tratándose de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que a raíz de la llamada reforma energética, se creó un régimen jurídico especial que tutela la actividad de suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, con el objetivo de garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia. Que derivado de ello, la relación que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los consumidores del servicio básico de suministro eléctrico, no se da en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, puesto que el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a los condiciones de la empresa, por lo que los actos vinculados con la prestación del servicio previstos en el propio contrato, incluido el corte del suministro, forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Bajo estas consideraciones, concluyó que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal para resolver la referida contradicción, en la que se precisó, que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo, porque forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Lo que se corrobora con la jurisprudencia 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la referida contradicción de tesis. Bajo este contexto, debe destacarse que los actos reclamados en este juicio derivan de lo pactado en el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, por lo cual, en el caso no puede considerarse que la autoridad de la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así es, en el caso debe recodarse que los actos reclamados se hicieron consistir en el cambio de medidor de energía eléctrica tradicional, por uno moderno denominado digital y/o electrónico, con amenaza de suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica, en caso de oposición, así como la orden de pago y su ejecución que pretende efectuar la señalada como responsable, se estiman derivados del servicio de energía eléctrica de la cuenta que corresponde la quejosa, con motivo de la verificación de equipos o instrumentos de medición instalados en su inmueble. Tales actos son de aquellos pactados o comprendidos dentro del contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, cuyo contenido en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este juzgador, al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se afirma que los actos reclamados son de aquéllos comprendidos en el contrato de adhesión porque de las cláusulas CUARTA, NOVENA, DÉCIMA CUARTA y VIGÉSIMA SEGUNDA, se advierte que las partes pactaron su actuación en relación con la verificación de equipos o instrumentos de medición instalados, la posible generación de ajustes por concepto de diferencias de energía eléctrica consumida y no facturada con motivo de fallas en el equipo, el pago de energía e impuestos por ese ajuste, el corte de suministro en caso de no realizar el pago, e incluso el medio para inconformarse en caso de desacuerdo durante este procedimiento. 3.1 Conclusión. Como se advierte, en el caso los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, derivan de lo pactado en el contrato de suministro de energía, por lo que no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por María Antonia Pérez, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.
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