María Antonia Nava Pichardo

Expediente 748/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
748/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • María Antonia Nava Pichardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VII CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica el proveído de veintinueve de octubre de este año, emitido en el expediente 783/2020-X de su índice, de cuyo contenido se advierte que remite el expediente original al no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ateto a lo anterior, este órgano jurisdiccional no insiste en la incompetencia declinada, acúsese el recibo correspondiente, y en consecuencia se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la quejosa reclama: El emplazamiento al juicio 219/2019-2, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan; y, como consecuencia, todo lo actuado incluyendo la sentencia y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. HECHO NOTORIO Al respecto, debe señalarse que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios respecto de diversas constancias o datos electrónicos incluso, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes en el juicio, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente, se tengan a la vista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.10o.C.2 K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes ocho de mayo de dos mil quince a las 09:30 horas, en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página electrónica http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx, cuyo rubro es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En ese orden de ideas, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que ante este Juzgado, se radicó el juicio de amparo que a continuación se menciona: 1227/2019-VI Quejoso: ******** (aquí quejosa). Autoridad responsable: Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México (aquí responsable). Acto reclamado: La sentencia definitiva de dos de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por la cual, dio por concluido el juicio de controversia familiar 219/2019-2 seguido por Jesús Alfredo Montoya Escobar, en contra de la ahora quejosa. Lo anterior evidencia, que la ahora quejosa María Antonia Nava Pichardo, tuvo conocimiento de la existencia del juicio de controversia familiar 219/2019-2 seguido por Jesús Alfredo Montoya Escobar, en contra de la ahora quejosa, del índice del Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, desde la fecha en que presentó la aludida demanda, esto es, el veinte de septiembre de dos mil diecinueve (como se advierte de la papeleta de turno que se agrega en copia certificada), pues en dicha demanda la promovente del amparo reclamó diverso acto emanado del juicio de origen mencionado. Hecha tal precisión, en el caso estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, pues el acto que pretender reclamar los solicitantes de amparo en esta demanda 731/2019-VII se encuentra consentido tácitamente. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora bien, como se aprecia de las constancias que integran el juicio de amparo 1227/2019-VI del índice se este Juzgado, se advierte lo siguiente: La quejosa ********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto consistente en la sentencia definitiva de dos de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en la que dio por concluido el juicio de controversia familiar 219/2019-2 seguido por *******, en contra de la ahora quejosa. Por tanto, el suscrito considera que al menos desde la fecha que promovió el citado sumario, siendo esto el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, como se aprecia de los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, que obra en el escrito de demanda correspondiente al referido amparo, tuvo conocimiento pleno de la existencia del juicio de controversia familiar 219/2019-2 seguido por *********, en contra de la ahora quejosa, y ahora pretender reclamar en la presente demanda el emplazamiento al mismo, y como consecuencia, todo lo actuado incluyendo la sentencia y su ejecución. Mismas a las que se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de la Materia. Es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En ese sentido, es dable considerar que desde el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la peticionaria de amparo*******, tuvo conocimiento de la existencia del juicio aludido, lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En el caso, el plazo de quince días con el que contaba la referida impetrante para presentar la demanda, empezó a contar al día siguiente, es decir, inició el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y feneció el once de octubre del mismo año, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. Se transcribe. Por lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente demanda, pues la misma fue presentada el diecinueve de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito; de ahí que, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, en relación con el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, por las razones anteriormente expuestas. Se adopta tal postura, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, la peticionaria de amparo no está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir los actos reclamados precisados con anterioridad transcurrió en exceso, dado que la peticionaria de amparo María Antonia Nava Pichardo, tuvo conocimiento de la existencia del juicio de controversia familiar 219/2019-2 seguido por Jesús Alfredo Montoya Escobar, en contra de la ahora quejosa, respecto del cual en la presente demanda reclama todo lo actuado en el aludido juicio a partir del emplazamiento, incluyendo la sentencia y su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." No obstante que lo anterior se invoca como hecho notorio, obténgase copia certificada de la papeleta de turno y demanda de amparo relativos al expediente1227/2019-VI de este índice, para los efectos legales conducentes. Por tales motivos, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Antonia Nava Pichardo contra actos del Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por notoriamente improcedente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mesa VII. (AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (M.A.N.P.) EL PROVEÍDO DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2020, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: "Toluca, Estado de México; cinco de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica el proveído de veintinueve de octubre de este año, emitido en el expediente 783/2020-X de su índice, de cuyo contenido se advierte que remite el expediente original al no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ateto a lo anterior, este órgano jurisdiccional no insiste en la incompetencia declinada, acúsese el recibo correspondiente, y en consecuencia se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la quejosa reclama:  El emplazamiento al juicio ***/2019-2, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan; y, como consecuencia, todo lo actuado incluyendo la sentencia y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. HECHO NOTORIO Al respecto, debe señalarse que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios respecto de diversas constancias o datos electrónicos incluso, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes en el juicio, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente, se tengan a la vista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.10o.C.2 K (10a), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes ocho de mayo de dos mil quince a las 09:30 horas, en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página electrónica http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx, cuyo rubro es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En ese orden de ideas, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que ante este Juzgado, se radicó el juicio de amparo que a continuación se menciona: 1227/2019-VI Quejoso: **** (aquí quejosa). Autoridad responsable: Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México (aquí responsable). Acto reclamado: La sentencia definitiva de dos de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por la cual, dio por concluido el juicio de controversia familiar ***/2019-2 seguido por **** en contra de la ahora quejosa. Lo anterior evidencia, que la ahora quejosa **** tuvo conocimiento de la existencia del juicio de controversia familiar ***/2019-2 seguido por ****, en contra de la ahora quejosa, del índice del Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, desde la fecha en que presentó la aludida demanda, esto es, el veinte de septiembre de dos mil diecinueve (como se advierte de la papeleta de turno que se agrega en copia certificada), pues en dicha demanda la promovente del amparo reclamó diverso acto emanado del juicio de origen mencionado. Hecha tal precisión, en el caso estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, pues el acto que pretender reclamar los solicitantes de amparo en esta demanda 731/2019-VII se encuentra consentido tácitamente. La fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. 30/04/23 09:56:08 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.35.37.33.39.39.35 SABRINA MELISSA BERNAL ROSALES 8 Ahora bien, como se aprecia de las constancias que integran el juicio de amparo 1227/2019-VI del índice se este Juzgado, se advierte lo siguiente: La quejosa ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto consistente en la sentencia definitiva de dos de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en la que dio por concluido el juicio de controversia familiar ***/2019-2 seguido por **** en contra de la ahora quejosa. Por tanto, el suscrito considera que al menos desde la fecha que promovió el citado sumario, siendo esto el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, como se aprecia de los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, que obra en el escrito de demanda correspondiente al referido amparo, tuvo conocimiento pleno de la existencia del juicio de controversia familiar ***/2019-2 seguido por ****, en contra de la ahora quejosa, y ahora pretender reclamar en la presente demanda el emplazamiento al mismo, y como consecuencia, todo lo actuado incluyendo la sentencia y su ejecución. Mismas a las que se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de la Materia. Es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." En ese sentido, es dable considerar que desde el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la peticionaria de amparo ****, tuvo conocimiento de la existencia del juicio aludido, lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En el caso, el plazo de quince días con el que contaba la referida impetrante para presentar la demanda, empezó a contar al día siguiente, es decir, inició el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y feneció el once de octubre del mismo año, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. (Se trascribe) Por lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente demanda, pues la misma fue presentada el diecinueve de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito; de ahí que, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, en relación con el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, por las razones anteriormente expuestas. Se adopta tal postura, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, la peticionaria de amparo no está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir los actos reclamados precisados con anterioridad transcurrió en exceso, dado que la peticionaria de amparo ****, tuvo conocimiento de la existencia del juicio de controversia familiar ***/2019-2 seguido por ****, en contra de la ahora quejosa, respecto del cual en la presente demanda reclama todo lo actuado en el aludido juicio a partir del emplazamiento, incluyendo la sentencia y su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." No obstante que lo anterior se invoca como hecho notorio, obténgase copia certificada de la papeleta de turno y demanda de amparo relativos al expediente 1227/2019-VI de este índice, para los efectos legales conducentes. Por tales motivos, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por **** contra actos del Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por notoriamente improcedente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." **SRG**

  4. Principal

    MESA VII RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Antonia Nava Pichardo, por propio derecho; contra actos del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 748/2020-VII. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado es: El emplazamiento al juicio 219/2019-2, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan; y, como consecuencia, todo lo actuado incluyendo la sentencia y su ejecución. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Así, es preciso destacar que del análisis integral de la demanda se observa que el acto reclamado consiste en el emplazamiento al juicio 219/2019-2, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan; y, como consecuencia, todo lo actuado incluyendo la sentencia y su ejecución. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá: En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado consistente en el emplazamiento al juicio 219/2019-2, del índice del Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan; y, como consecuencia, todo lo actuado incluyendo la sentencia y su ejecución, tuvo ejecución Huixquilucan, Estado de México. Asimismo, la propia quejosa manifiesta en su escrito de demanda en el numeral 2, del apartado de antecedentes que vive y tiene su domicilio en calle Prolongación Benito Juárez, número 316, Barrio el Palacio Cabecera Municipal Huixquilucan, Estado de México, y para acreditarlo anexó copia de su credencial para votar que adjunta a la presente demanda, asimismo, por las diversas manifestaciones que realiza se advierte que el juicio de origen se tramitó en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción se ejecutó el acto combatido, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y los traslados de ésta, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde se ejecutó el acto combatido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hilda Arias Gil, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y de forma restringida a las diversas personas que señala la quejosa, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

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