María Antonia Mena Aguilar
Expediente 1210/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- María Antonia Mena Aguilar
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio y anexo de la autoridad federal de cuenta, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 204/2019, de su índice, así como el original del juicio de amparo 1210/2019, de la estadística de este juzgado. Acúsese recibo. En atención a lo anterior, glósese al original del presente juicio de amparo, únicamente las constancias originales correspondientes del cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente original; y, respecto a las copias certificadas, ordénese al Actuario Judicial adscrito la destrucción de las mismas, puesto que se trata de copias que ya integran el presente juicio, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Ahora, tomando en consideración que el órgano colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Ahora, tomando en consideración que el citado órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa María Antonia Mena Aguilar, contra el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo (fojas 6 a 12), efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 14627 y anexos respectivos, e informa que ADMITIÓ el recurso de queja interpuesto por ***********; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa ****; en atención a su contenido, de conformidad con los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la promovente en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 6 a 12), dictado en el juicio de garantías en que se actúa, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, ríndase el informe materia de la queja, para los efectos legales conducentes. En tal virtud, con copia simple del escrito de expresión de agravios y demás constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente principal. Asimismo, con el original y copia del mencionado escrito de agravios, remítase este expediente, así como el informe antes aludido, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. Por otra parte, se instruye a la secretaria para que bajo su más estricta responsabilidad, remita el escrito de cuenta y los anexos relativos, así como los autos del presente juicio, debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por María Antonio Mena Aguilar o María Antonia Mena Aguilar, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1210/2019-1-B DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente se duele esencialmente del acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, por medio del cual la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, determina que no ha lugar acordar de conformidad la pericial propuesta por la hoy quejosa, mediante escrito de quince de marzo de dos mil diecinueve, a efecto de evidenciar la falsedad de la firma estampada en el documento de diez de agosto de dos mil quince, que exhibió su contraparte en el procedimiento laboral 672/2017, del índice de la referida autoridad. Asimismo, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por la parte promovente en el escrito de cuenta, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que el juicio 672/2017, del índice de la Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del cual se emitió el acto que ahora reclama, continúa en trámite, pues al respecto refirió en su capítulo de "acto reclamado", que la controversia laboral aún no se encuentra resuelta en el fondo. Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." En ese contexto, se estima que respecto al acto mencionado, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del precepto 107, aplicada a contrario sensu, de dicho ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las disposiciones anteriores se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se reclamen actos que no afecten materialmente derechos sustantivos. En el caso, el acto reclamado no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la peticionaria del amparo. Así, para efectos del juicio de amparo indirecto, acorde con el sistema legal vigente, los actos irreparables se caracterizan por producir una afectación material al derecho sustantivo; es decir, sus consecuencias deben ser de tal grado que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. En el caso concreto, el acto reclamado por la promovente no transgrede derechos sustantivos, sino sólo tiene efectos intraprocesales; cuyos efectos desaparecerán de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones en el expediente de origen, y en caso de no ser así, podrá promover amparo directo en términos de lo dispuesto por los preceptos 170 y 172, de la Ley de Amparo, y hacer valer las violaciones que aduce se cometieron en su perjuicio que de resultar fundadas podrán dar lugar al otorgamiento de la protección constitucional; con lo cual, se extinguirían los efectos de las referidas violaciones. Es aplicable por las consideraciones que expone la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, pagina 1539, también localizable con el número de registro 2006338, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Así es, el acto reclamado tiene efectos meramente procesales y no afecta directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de los protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio que aduce, lo hace consistir en que la Junta responsable determinó que no ha lugar acordar de conformidad la pericial propuesta por la aquí quejosa mediante escrito de quince de marzo de dos mil diecinueve, a efecto de evidenciar la falsedad de la firma estampada en el documento de diez de agosto de dos mil quince, que exhibió su contraparte en el procedimiento laboral 672/2017, sin que dicho acto implique que, necesariamente, dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a su intereses; de ahí que no se podría hablar de un acto de imposible reparación. Sin embargo, si la sentencia que en su caso se llegara a dictar, fuera adversa a sus pretensiones, se reitera, podrá reclamar dichas violaciones hasta el amparo directo hecho valer en contra de dicha resolución definitiva, en términos de lo dispuesto por los preceptos 170 y 172, de la ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis PC.III.C. J/1 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, pagina 1250, también localizable con el número de registro 2008039, del rubro y texto siguientes: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA). Conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge el contenido del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio se reserva a los que tengan una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando la violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el amparo directo. Luego, no se está ante un acto de esa naturaleza cuando se reclama el auto que niega cerrar el periodo probatorio y cuya base es el derecho fundamental de defensa, tutelado por el artículo 14 constitucional, que tiene el oferente de una prueba pendiente de desahogar, que debe prevalecer sobre el de acceso a la justicia pronta que, a su vez, consagra el numeral 17 de la propia Carta Magna." Además, el acto que reclama, no impide su participación procesal, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a su intereses; incluso, aún y cuando se le tuviera contestando en sentido afirmativo o que se le tuviera por conforme con las pruebas, no se podría hablar de un acto de imposible reparación. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto. Luego, si el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa; no puede considerarse como de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto; y, por esa razón el acto combatido en la demanda no se encuentra contemplado en la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martín Benedicto Escobar Cárdenas, y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que menciona, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del Tomo VII, Diciembre 1998, Novena Época, registro 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción 111 y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." MEDIOS ELECTRÓNICOS Sin que se acuerde respecto a medios electrónicos, en virtud de no existir solicitud al respecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes
- Maria Angelica Narcia Garcia632/2022
- María Angelita Sánchez Gómez y Otros.101/2017
- María Antonia Gordillo Velasco1176/2019
- Maria Antonia Gordillo Velasco433/2022
- María Antonia Gordillo Velasco1539/2019
- María Antonia Hernández Ocaña338/2020
- María Antonia Ruiz Balbuena395/2018
- Maria Antonia Urbina Guzman414/2020
- María Antonieta Calderón Escobar278/2019
- Maria Antonieta Fonseca Zuñiga212/2020
- Maria Antonieta Galindo Paniagua124/2021
- Maria Antonieta Galindo Paniagua659/2020