María Antonia Maldonado Martínez

Expediente 1143/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1143/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • María Antonia Maldonado Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual *** en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita la devolución de los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda. Al respecto, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en el proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó la devolución de los documentos exhibidos con la demanda. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial de Colima y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1143/2022-V. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral de la demanda de amparo, y documentos que se anexaron a la misma, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DE COLIMA, COL. EJECUTORIA: DIRECTOR DEL REGISTO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL ESTADO DE COLIMA. EJECUTORA: JUZGADO PRIMERO MIXTO FAMILIAR Y CIVIL CON SEDE EN MANZANILLO, COLIMA. EJECUTORA: JUZGADO SEGUNDO MIXTO FAMILIAR Y CIVIL CON SEDE EN MANZANILLO, COLIMA. IV.- ACTOS RECLAMADOS: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA JUZGADO CUARTO FAMILIAR: El auto de fecha 05 cinco de septiembre del año 2022 dos mil veintidós fojas 10, 11 y 14 y su regularización en auto de fecha 18 de octubre de 2022, dentro de la cual condena a la suscrita al pago de una pensión alimenticia solidaria a favor de mi nieta A.I.C.M., así como la orden de girar atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para efectos de que se sirva anotar de manera preventiva la ampliación de demandada dentro del bien de mi propiedad identificado con folio real*****, dictado dentro del expediente **** del Juzgado Cuarto Familiar. Señalo bajo protesta de decir verdad que la suscrita fui enterada del acto reclamado a través de mi hijo **** el día 20 de octubre de 2022. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO: La ejecución del oficio que se sirva en girar el Juzgado Cuarto Familiar, derivado del expediente ****, dentro del cual se le ordene la anotación preventiva de la ampliación de demanda y bloqueo del folio real 236358-1 del bien inmueble a nombre de la suscrita. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA JUZGADO PRIMERO MIXTO FAMILIAR Y CIVIL CON SEDE EN MANZANILLO, COLIMA: La ejecución del auto de regularización fecha 18 de octubre de 2022 dictado dentro del expediente ***** y exhorto que se acompañe, dentro del cual el Juzgado Cuarto Familiar le ordena llevar a cabo el emplazamiento a la suscrita conforme al auto de fecha 05 de septiembre de 2022. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA JUZGADO SEGUNDO MIXTO FAMILIAR Y CIVIL CON SEDE EN MANZANILLO, COLIMA: La ejecución del auto de regularización fecha 18 de octubre de 2022 dictado dentro del expediente ****y exhorto que se acompañe, dentro del cual el Juzgado Cuarto Familiar le ordena llevar a cabo el emplazamiento a la suscrita conforme al auto de fecha 05 de septiembre de 2022. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez que se precisó el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio de amparo, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, los artículos 686, 687, fracción III, inciso i) y 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, establecen lo siguiente: Artículo 686.- A través del recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá revocar, modificar el auto o la sentencia recurridos o confirmar la resolución apelada, ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 715 de este Código. Artículo 687.- El Recurso de Apelación procede: [.] III.- Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva Artículo 950.- Salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza. Del primer artículo transcrito, se desprende que el recurso de apelación, tiene por efecto revocar o modificar el auto o sentencia recurrida o confirmar la resolución impugnada ante el Tribunal de Alzada, el cual se promoverá por regla general a instancia de parte agraviada, pues establece la revisión oficiosa por el Tribunal revisor en la sentencias recaídas sobre la nulidad de la relación conyugal. Por su parte, del segundo precepto citado se desprenden las hipótesis en las cuales procederá el recurso de apelación, entre las que se encuentra los autos definitivos o lo que independientemente de que tengan ese carácter causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva o interlocutoria, pues a partir de su ejecución afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte. El último precepto dispone que en las controversias del orden familiar salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza. Ahora bien, del análisis del escrito inicial de demanda de amparo que bajo protesta de decir verdad manifiesta la parte quejosa, así como de los documentos que se anexaron a la misma, se advierte que por auto de cinco de septiembre del dos mil veintidós, así como el diverso de dieciocho de octubre del actual, emitidos por la autoridad responsable ordenadora Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial de Colima, se condena a la quejosa al pago de una pensión alimenticia solidaria a favor de la menor A.I.C.M., y se ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Colima, para efectos de anotar de manera preventiva la ampliación de demandada dentro del bien con folio real *** asimismo, se ordena el emplazamiento de la demandada ahora quejosa en el expediente ***. En ese sentido, los actos reclamados, resultan actos que, de conformidad con el artículo 687, fracción III, inciso i) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, son impugnables a través del recurso de apelación, pues aunque no es un acto definitivo dentro del juicio causaría un gravamen que no puede repararse en sentencia definitiva o interlocutoria, pues en tal determinación se afecta los derechos sustantivos de la quejosa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, décima época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la quejosa no es tercera extraña a juicio en estricto sentido, ya que se advierte que dentro del procedimiento de controversia del orden familiar ****, seguido ante el Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial de Colima, se ordenó su emplazamiento como parte demandada, entonces, si la aquí quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que en los autos de cinco de septiembre de dos mil veintidós y de dieciocho de octubre del actual, por el cual le solicitan el pago de una pensión alimenticia de forma solidaria, así como el emplazamiento a la hoy quejosa, entonces, no puede hablarse de un desconocimiento total, tan es así que sabe a la perfección la existencia y tramitación del juicio, pues anexa a su demanda copia de los autos reclamados, en los que se advierte que fue señalada como demandada por lo que es parte del juicio de origen; y por tanto está en condiciones de impugnar los actos reclamados a través del recurso ordinario. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento civil, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, del mes de julio de dos mil doce, Tomo 1, página 729, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son las siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Asimismo, la decisión de fijar a favor de la citada menor el pago de una pensión provisional solidaria en el expediente 21-0369-113F, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Colima; no le irroga un perjuicio de imposible reparación, sino todo lo contrario, pues le beneficia, ya que tiende a proteger la subsistencia de la menor acreedora alimentaria, considerar lo contrario pondría en riesgo que no se logren los medios que debe proporcionar el quejoso obligado con la urgencia que la necesidad del caso requiere, lo que atentaría contra el orden público y el interés social, porque la menor de edad no recibiría lo indispensable para su subsistencia. Por ello, no existe una injerencia directa a los derechos sustantivos de la menor que permita analizar mediante el juicio de amparo indirecto la decisión adoptada por la autoridad responsable, reclamada ante esta instancia constitucional desde la perspectiva de una afectación, pues el hecho de que se vean involucrados en el negocio de origen, no se advierta que se pueda estudiar como vinculada la menor de edad, por tanto -se insiste- la sentencia reclamada no es de aquellas que se vea superada la causa de improcedencia conocida como principio de definitividad. Sin que obste concluir lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO NO ADMITE SUSPENSIÓN DEL ACTO", pues dicho criterio, no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que si bien se encuentra involucrada una menor de edad en el juicio de donde deriva el acto reclamado, lo cierto es que el acto reclamado consistente en los autos de cinco de septiembre y dieciocho de octubre del actual dictados en el sumario, en el que se condenó a la quejosa al pago de una pensión alimenticia solidaria, no afecta a la referida menor, por el contrario, dicha medida le beneficia ya que tiende a garantizar sus alimentos y sus necesidades básicas. Por lo que, no siempre al reclamarse un acto derivado en un juicio donde se encuentra involucrado un menor de edad se actualizará una excepción al principio de definitividad, sino que corresponde delimitar los derechos afectados con el auto o resolución reclamada, y determinar la afectación a los derechos sustantivos del niño, niña o adolescente, que es independiente al de los progenitores. En este orden de ideas, como ha quedado demostrado, los proveído de cinco de septiembre y dieciocho de octubre de dos mil veintidós reclamados, no son actos de imposible reparación para la menor A.I.C.M., pues no afecta directamente derechos sustantivos tutelados por la constitución y los tratados internacionales, sino al contrario, dicha determinación favorece a su interés superior al garantizarle la pensión alimenticia solicitada por su progenitora. En ese sentido, el acto reclamado es un auto que, de conformidad con el artículo 687, fracción III, inciso i) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, es impugnable a través del recurso de apelación por la parte quejosa, pues aunque no son actos definitivos dentro del juicio causan un gravamen que no puede repararse en sentencia definitiva o interlocutoria, los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados a través del recurso de apelación. Medio de impugnación que es idóneo y eficaz para nulificar, modificar o revocar los autos reclamados, ya que, como se evidenció su ejecución no trasgrede un derecho de la menor, de ahí que recae en la esfera jurídica de la aquí quejosa, por lo anterior, previamente debe acudir al recurso ordinario, para así respetar el principio de definitividad. Similar determinación sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en la ejecutoria dictada el diez de mayo de dos mil diecinueve, en la queja 68/2019, relativa al amparo 102/2019, del índice de este juzgado. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento civil, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Por otra parte, aun si se tratara de esa clase de actos de -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad. Esto es así, en atención a que la parte quejosa al tener el carácter de parte en el juicio de origen, tiene la posibilidad de agotar los recursos ordinarios procedentes en defensa de sus derechos. En mérito de lo anteriormente expuesto, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es desechar en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Ilustra lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SOBRESEIMIENTO. Si se sobresee en el juicio, es claro que no debe entrarse al estudio de los conceptos de violación relativos a cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento no juzga sobre la existencia o inexistencia de esos conceptos de violación, sino sólo sobre la improcedencia del amparo, por lo que en el caso, al omitir, su examen el inferior, no infringió el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con la formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. De igual forma, se tiene a ****, como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, toda vez que no proporcionó los datos para considerar su designación en términos amplios. Acceso a expediente y notificaciones electrónicas. La parte quejosa solicita acceso al expediente electrónico y la práctica de las notificaciones electrónicas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario *** que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano