María Antonia Hernández Rivas
Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- María Antonia Hernández Rivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V- AUDIENCIA CELEBRADA
- Principal
V- Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que la parte tercero interesada se imponga de las constancias remitidas por la autoridad responsable juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su desahogo las 11:15 del 29 de agosto de 2023. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
V- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
V- Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que por acuerdo de 24 de mayo de 2023, se agregó el informe justificado rendido por la autoridad responsable juez de Control y Juicio oral en el Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual remitió diversas documentales, de las que se aprecia que omitió anexar copia certificada de la determinación de 31 de marzo de 2023 referente a la versión escrita del auto de vinculación a proceso de 13 de junio de 2022, dictado en la carpeta administrativa 254/2021. Por tanto, con fundamento en el ordenamiento 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada de la determinación de 31 de marzo de 2023, dictado dentro de la carpeta administrativa 254/2021, la cual constituye el acto reclamado. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Para dar tiempo a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su desahogo las 10:30 del 4 de agosto de 2023. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.
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