Maria Antonia Godinez Perez

Expediente 593/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
593/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Maria Antonia Godinez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación de la autoridad responsable Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02, Tapachula, con sede en esta ciudad, mediante la cual acusa recibo del oficio 14189/2022, de diez de junio del año en curso, con el que se devolvieron los tres tomos de prueba que remitió en apoyo a su informe justificado, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    MESA 4-A.- Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. ANOTACIONES De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente principal, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del cuaderno en comento. DIGITALIZACIÓN Previo a su destrucción, en cumplimiento al cardinal 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria encargada del presente expediente, para que verifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otro lado, resulta innecesario seguir conservando los tomos de pruebas anexado por la autoridad responsable en su informe justificado es decir el original del toca de apelación 220-A-1C02/2018 y copias certificadas del expediente 1131/2017, en tres tomos; en tales circunstancias devuélvase dichas pruebas a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA 4-A. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria de la adscripción, mediante la cual anexa razón actuarial de veinticinco de mayo del año en curso, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del auto de veintitrés de mayo del año en curso, por los motivos que expone. Atento a lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, Inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por lista el contenido del auto de veintitrés de mayo del año en curso, así como el presente, y subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto.------------- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. COMPETENCIA Se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anexos consistentes escrito de demandan firmado por el Sergio de León López en su carácter de mandatario judicial de María Antonia Godínez Pérez y tres copias de las mimas, el informe justificado, rendido por el Tribunal de Alzada en Materia Civil, Zona 02, con sede en esta ciudad, así como las certificaciones establecidas en el arábigo 178 fracción I de la Ley en materia, el original del toca de apelación XXXXX y copias certificadas del expediente XXXXXXX, en tres tomos y la constancia de emplazamiento la juicio de amparo. Lo anterior, por considerar que ese Tribunal carece de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión. Acúsese recibo. Con apoyo en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por XXXXXXX en su carácter de mandatario judicial de XXXXXX; contra las autoridades y actos siguientes: "1 III. AUTORIDADES RESPONSABLES; Señalo como autoridad ordenadora a la siguiente: a).- CC. MAGISTRADOS DE LA SALA COLEGIADA EN MATERIACIVIL ZONA DOS.- DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA CHIAPAS." Actos reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO ;De la autoridad señalada como responsable ordenadora, La Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 25 de febrero del año 2022, Dictada en el Toca Civil número 220-A/2018 segundo subsecuente, Magistrado Ponente Abel Bernardino Pérez.- ." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 593/2022 4-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse.. Ahora, en el caso a estudio se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca XXXXXXXX, por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual confirmó el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esa ciudad, en el cual no acordó de conformidad la caducidad de la instancia, toda vez que el citado asunto se encontraba en desahogo de pruebas a cargo de las partes. En el caso, se actualizan causas de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público que se advierte de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador advierte que la demanda en estudio resulta notoriamente improcedente, puesto que, se actualiza de manera patente y cierta, la causal prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)".En ese sentido, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acto reclamado a Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consiste en resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 220-A/2018, mediante el cual confirmó el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, no quebranta de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos por los derechos fundamentales, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. Ello es así, pues los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo dentro del procedimiento del juicio de origen para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda dicte la sentencia correspondiente, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo.. Por ende, se desecha la demanda de amparo, al existir causas indudables de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Conviene dejar en claro, que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la quejosa, a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que sí se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de sobreseimiento analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalado en su escrito por el cual interpone recurso de apelación, esto es XXXXXXXXX; asimismo, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos restringidos a la persona que refiere en el libelo de cuenta, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de igual forma, se toma conocimiento de los números telefónicos que señale en su escrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas.

  4. Principal

    TMESA 4-A. COMPETENCIA Se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anexos consistentes escrito de demandan firmado por el Sergio de León López en su carácter de mandatario judicial de María Antonia Godínez Pérez y tres copias de las mimas, el informe justificado, rendido por el Tribunal de Alzada en Materia Civil, Zona 02, con sede en esta ciudad, así como las certificaciones establecidas en el arábigo 178 fracción I de la Ley en materia, el original del toca de apelación XXXXX y copias certificadas del expediente XXXXXXX, en tres tomos y la constancia de emplazamiento la juicio de amparo. Lo anterior, por considerar que ese Tribunal carece de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión. Acúsese recibo. Con apoyo en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por XXXXXXX en su carácter de mandatario judicial de XXXXXX; contra las autoridades y actos siguientes: "1 III. AUTORIDADES RESPONSABLES; Señalo como autoridad ordenadora a la siguiente: a).- CC. MAGISTRADOS DE LA SALA COLEGIADA EN MATERIACIVIL ZONA DOS.- DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA CHIAPAS." Actos reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO ;De la autoridad señalada como responsable ordenadora, La Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 25 de febrero del año 2022, Dictada en el Toca Civil número 220-A/2018 segundo subsecuente, Magistrado Ponente Abel Bernardino Pérez.- ." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 593/2022 4-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse.. Ahora, en el caso a estudio se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca XXXXXXXX, por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual confirmó el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esa ciudad, en el cual no acordó de conformidad la caducidad de la instancia, toda vez que el citado asunto se encontraba en desahogo de pruebas a cargo de las partes. En el caso, se actualizan causas de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público que se advierte de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador advierte que la demanda en estudio resulta notoriamente improcedente, puesto que, se actualiza de manera patente y cierta, la causal prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)".En ese sentido, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acto reclamado a Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consiste en resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 220-A/2018, mediante el cual confirmó el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, no quebranta de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos por los derechos fundamentales, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. Ello es así, pues los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo dentro del procedimiento del juicio de origen para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda dicte la sentencia correspondiente, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo.. Por ende, se desecha la demanda de amparo, al existir causas indudables de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Conviene dejar en claro, que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la quejosa, a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que sí se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de sobreseimiento analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalado en su escrito por el cual interpone recurso de apelación, esto es XXXXXXXXX; asimismo, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos restringidos a la persona que refiere en el libelo de cuenta, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de igual forma, se toma conocimiento de los números telefónicos que señale en su escrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas.

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