Maria Antonia Cota Martinez

Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
197/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • Maria Antonia Cota Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Director de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, con domicilio en esta ciudad: a) Declare insubsistente el acuerdo número DAJ 484/07/2015/, dictado en el expediente administrativo de ejecución número DI/PAE/535/2012, de seis de julio de dos mil quince, donde por los motivos y fundamentos expuestos, dejó sin efecto el citado procedimiento, de la cuenta de impuesto predial, instaurado por esa dirección en contra de la deudora ahora quejosa María Antonia Cota Martínez, por concepto de adeudo del mencionado impuesto, con relación al inmueble ubicado en Privada del Eden, número 80, manzana 21/lote 28 del fraccionamiento Las Mañanitas, en esta ciudad, asimismo, hizo del conocimiento de dicha deudora, que debería iniciar el procedimiento administrativo correspondiente ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tendiente a revertir la adjudicación a su nombre. b). Dicte un nuevo acuerdo donde declare sin efecto la adjudicación del inmueble ubicado en Privada del Eden, número 80, manzana 21/lote 28 del fraccionamiento Las Mañanitas, en esta ciudad, a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y todas sus consecuencias. Finalmente, la protección constitucional es extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable Tesorero del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, por tener el carácter de autoridad ejecutora.". Ahora bien, de autos se advierte que el Delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Director de Ingresos y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Municipio de Ahome, mediante oficios informaron se declaró insubsistente el acuerdo número DAJ 484/07/2015 emitido por el Directo de Ingresos de la Tesorería Municipal de Ahome, el seis de julio de dos mil quince, por medio del cual se dejó sin efectos el procedimiento administrativo de ejecución identificado con el expediente número DI/PAE/535/2012, relativo al domicilio ubicado en calle Privada del Edén número 80 lote 28 manzana 21 del fraccionamiento Las Mañanitas en esta ciudad, asimismo allegaron a este juzgado certificado de gravamen de catorce de enero del año en curso, con el que se demuestra que el citado inmueble, se encuentran a nombre de la quejosa María Antonia Cota Martínez y Rubén Cornelio Ruíz Sañudo, así como que sobre el inmueble descrito solamente existe un gravamen a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según inscripción 163, libro 836, Sección Segunda12/11/2008. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA MARIA ANTONIA COTA MARTINEZ, EL AUTO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Director de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome, con domicilio en esta ciudad: a) Declare insubsistente el acuerdo número DAJ 484/07/2015/, dictado en el expediente administrativo de ejecución número DI/PAE/535/2012, de seis de julio de dos mil quince, donde por los motivos y fundamentos expuestos, dejó sin efecto el citado procedimiento, de la cuenta de impuesto predial, instaurado por esa dirección en contra de la deudora ahora quejosa María Antonia Cota Martínez, por concepto de adeudo del mencionado impuesto, con relación al inmueble ubicado en Privada del Eden, número 80, manzana 21/lote 28 del fraccionamiento Las Mañanitas, en esta ciudad, asimismo, hizo del conocimiento de dicha deudora, que debería iniciar el procedimiento administrativo correspondiente ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tendiente a revertir la adjudicación a su nombre. b). Dicte un nuevo acuerdo donde declare sin efecto la adjudicación del inmueble ubicado en Privada del Eden, número 80, manzana 21/lote 28 del fraccionamiento Las Mañanitas, en esta ciudad, a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y todas sus consecuencias. Finalmente, la protección constitucional es extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable Tesorero del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, por tener el carácter de autoridad ejecutora.". Ahora bien, de autos se advierte que el Delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Director de Ingresos y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos del Municipio de Ahome, mediante oficios informaron se declaró insubsistente el acuerdo número DAJ 484/07/2015 emitido por el Directo de Ingresos de la Tesorería Municipal de Ahome, el seis de julio de dos mil quince, por medio del cual se dejó sin efectos el procedimiento administrativo de ejecución identificado con el expediente número DI/PAE/535/2012, relativo al domicilio ubicado en calle Privada del Edén número 80 lote 28 manzana 21 del fraccionamiento Las Mañanitas en esta ciudad, asimismo allegaron a este juzgado certificado de gravamen de catorce de enero del año en curso, con el que se demuestra que el citado inmueble, se encuentran a nombre de la quejosa María Antonia Cota Martínez y Rubén Cornelio Ruíz Sañudo, así como que sobre el inmueble descrito solamente existe un gravamen a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, según inscripción 163, libro 836, Sección Segunda12/11/2008. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA MARIA ANTONIA COTA MARTINEZ, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE:Visto el oficio de cuenta suscrito por el Delegado de la autoridad responsable Director de Ingresos del Municipio de Ahome, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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