María Anita Chamorro Badillo y Otros.

Expediente 729/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
729/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • María Anita Chamorro Badillo y Otros.

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    se recibe y agrega el oficio TJA-II-P/10/2023, signado por el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por el cual acusa recibo del diverso 8, del índice de este tribunal colegiado. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en los libros de control electrónico, conforme al artículo 99, Título Tercero, Capítulo Uno, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    se recibe Escrito signado por MÁSL, el cual se agrega sin mayor proveído, pues no se le reconoció carácter alguno en el juicio, al haberse desechado la demanda. En efecto, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto reclamación contra el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, se declara que el mismo ha causado estado y queda firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control electrónico, conforme al artículo 99, Título Tercero, Capítulo Uno, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. en el libro de gobierno. En consecuencia, devuélvase el toca 173/2021-2, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, solicitándole acuse recibo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual rinde informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por M***, respectivamente, contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 173/2021-2, en la cual declaró la nulidad absoluta del acto administrativo, consistente en la destitución injustificada de MASL, como oficial preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de dicho ayuntamiento, por tanto condenó al pago de indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salarios devengados y no pagados; certificación relativa a la presentación de la misma, copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento, copia certificada de seis anexos, así como el toca de mérito; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que quien promueve este juicio constitucional, son la Presidenta, Síndico y representante legal, Directora Jurídica y Director de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala, respectivamente, que con su investidura de autoridades, acuden en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que subsista el acto administrativo consistente en la destitución injustificada de MASL, como oficial preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de dicho ayuntamiento; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, que solamente afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 45/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 254, Jurisprudencia, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de derechos fundamentales; y como autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley a las personas que menciona. Dígase a los promoventes, que en atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal colegiado no tiene inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes, mediante el uso de aparatos electrónicos. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por -***, respectivamente, contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 173/2021-2.

  4. Juicio de Amparo Directo

    se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual rinde informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por M***, respectivamente, contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 173/2021-2, en la cual declaró la nulidad absoluta del acto administrativo, consistente en la destitución injustificada de MASL, como oficial preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de dicho ayuntamiento, por tanto condenó al pago de indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salarios devengados y no pagados; certificación relativa a la presentación de la misma, copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento, copia certificada de seis anexos, así como el toca de mérito; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. Ahora, de las constancias remitidas se advierte que quien promueve este juicio constitucional, son la Presidenta, Síndico y representante legal, Directora Jurídica y Director de Seguridad Pública y Vialidad, todos del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala, respectivamente, que con su investidura de autoridades, acuden en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que subsista el acto administrativo consistente en la destitución injustificada de MASL, como oficial preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de dicho ayuntamiento; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, que solamente afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 45/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 254, Jurisprudencia, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de derechos fundamentales; y como autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley a las personas que menciona. Dígase a los promoventes, que en atención a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal colegiado no tiene inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes, mediante el uso de aparatos electrónicos. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por -***, respectivamente, contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 173/2021-2.

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