María Angelica Salazar Martínez

Expediente 969/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
969/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • JOSÉ HERNÁNDEZ HERRERA, apoderado legal
  • María Angelica Salazar Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agente del Ministerio Público solicita copias. Agréguese el oficio signado por Agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Fiscal Auxiliar de la Célula 2, del equipo de Investigación y Litigación II de la UIL "B", en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º de esta última, mediante oficio remítase copia certificada del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de enero de dos mil veintidós. Devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José Hernández Herrera, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió a la presente contienda judicial; en atención a lo solicitado, comuníquese al promovente que quedan a su disposición los documentos que refiere en el escrito de cuenta y de los cuales anexa en copia simple, para que en día y hora hábil de oficina, comparezca ante este Juzgado Federal a recogerlos, previa razón que por su recibo obre en autos y teniendo como autorizado para tal efecto a la persona que señala. Ahora bien, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento de la tercera interesada, que a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede, deberán observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez permitirá que el promovente y, en su caso otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona que a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos pasar los filtros sanitarios. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Asimismo, dígasele que en caso de generar la cita a través del código QR, deberán presentarse debidamente identificados con credencial oficial y vigente. Finalmente, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos de mérito, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensiones 1308 (dentro de un horario de doce treinta a dieciocho horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que realice la cita mencionada en el párrafo que antecede

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Agréguense el oficio signado por el Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, en representación de la Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y del Director de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, ambos adscritos a la Procuraduría Federal del Consumidor; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta y anexo que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119. de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable, ofreciendo como pruebas la documental la documental que anexa a su oficio, misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de las abstenciones reclamadas, cabe recordar que estas consisten en la omisión de hacer cumplir la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, por virtud de la cual se ordenó realizar la diligencia de levantamiento de la medida precautoria. Hechas estas precisiones, se arriba a la convicción de que en el caso se actualiza la causal de inerjecitabilidad invocada, debido a que si bien es cierto al momento en que el quejoso José Hernández Herrera, en su carácter de apoderado legal de María Angélica Salazar Martínez, presentó su demanda de garantías (quince de octubre de dos mil veintiuno), la responsable no había realizado la diligencia de levantamiento de medida precautoria; sin embargo, mediante el acta de desinmovilización, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número PFC.C.B.1 06/003591/2021, se realizó el levantamiento de medida precuatoria, como consta en las constancias remitidas por la responsable. Atento a lo anterior, se arriba a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, puesto que la omisión reclamada dejó de existir, toda vez que de las constancias que allegó el Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, se advierte que, con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, la responsable el cinco de noviembre del año en curso, realizó la diligencia de levantamiento de medida precautoria, en la que el quejoso José Hernández Herrera, en su carácter de apoderado legal de María Angélica Salazar Martínez, estuvo presente. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que indican y por lo que respecta al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígaseles que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp

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