María Angélica Jiménez Nevares y Otros.
Expediente 791/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María Angélica Jiménez Nevares y Otros.
- María Angélica Jiménez Nevares
- Alfredo Azpiros Moreno y Otros.
Actuaciones
- Principal
PRAL 791/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. 1. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en proveído de veintiuno de julio del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Se dejan a disposición documentales. Ahora, en virtud de que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo copia certificada de diversas documentales; por ello, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se le requiere, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger la documental referida; para ello se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es destruible. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.791/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Glose de oficio. Agréguese el escrito de Alfredo Aspiroz Moreno, representante común de la parte quejosa, mediante el que, en cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de siete de julio del año en curso, manifiesta que a las autoridades: a) BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México e b) Hipotecaria Nacional Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada por Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciario, las señalada con el carácter de autoridades responsables. En consecuencia, se provee: 2. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama: Actos que atribuye a a) BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México e b) Hipotecaria Nacional Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada por Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciario. Se estima que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán. Los referidos preceptos establecen la posibilidad de que el juzgador de amparo considere actualizada otra causal de improcedencia diversa a las enunciadas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, a condición de que derive de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del propio ordenamiento referido. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página 1344, registro digital 2005313, interpretó el artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, similar al artículo 61 actual, en los siguientes términos: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". De acuerdo con este criterio, la improcedencia del juicio de amparo, con base en el referido artículo, solamente puede derivar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. En ese sentido, de la interpretación, a contrario sensu, de los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se evidencia que este juicio es improcedente. Al respecto, estas últimas normas jurídicas establecen lo siguiente: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Según la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo artículo define, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad, estableciéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/2011(9ª) con registro 161133, estableció que las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También se considera que los elementos que caracterizan al acto de autoridad para efectos del juicio de amparo son la imperatividad, unilateralidad y coercitividad, cuyo ejercicio engendra una afectación en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de repararse a través del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, registro digital 199459, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MERIDA, YUCATAN. EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De ahí se concluye que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Establecido lo anterior, es importante destacar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Entonces, el criterio que debe servir de base para definir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposición directa de la fuerza pública y la naturaleza jurídica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuyen los actos reclamados son autoridades para efectos del amparo, debe atenderse a la norma legal para examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella o por disposición expresa de la ley. En el caso, la parte quejosa reclama, en esencia: 1) el pago de manera mensual a causa del contrato de fideicomiso irrevocable con garantía celebrado con la Institución Bancaria BBVA Bancomer, 2) la extinción del referido contrato, 3) la cancelación de la inscripción de la garantía hipotecaria sobre el bien identificado con el número oficial ciento ocho (108), de la calle Huertos los Laureles, Fraccionamiento Trinidad de las Huertas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y la 4) reversión de la propiedad dada en garantía fiduciaria respecto del referido bien; actos que se atribuye a a) BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México e b) Hipotecaria Nacional Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada por Grupo Financiero BBVA Bancomer, en su carácter de fiduciario; de ahí que, se estima, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 5º, fracción II, párrafo primero (interpretados contrario sensu), de la Ley de Amparo, así como el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las citadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Ello se afirma, pues los quejosos aducen en la demanda de amparo que el cinco de agosto de dos mil ocho firmaron un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria con la Institución Bancaria BBVA Bancomer, cuyo cumplimiento quedó garantizado con el bien identificado con el número oficial ciento ocho (108), de la ***, Oaxaca, por la cantidad de $1,088,000.00 (un millón ochenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), siendo que, posteriormente, al ver mermada su capacidad económica, el treinta de marzo de dos mil once enviaron un mail a Seguros Bancomer para la activación del Seguro de desempleo para poder cubrir las mensualidades pendientes; además, refieren, en diversas ocasiones han pretendido tener una reunión con las responsables a fin de tener opciones para solventar la deuda, siendo que éstas se han mostrado inaccesibles. Situación que los motivó a promover la instancia constitucional. De lo anterior se concluye que los actos reclamados relacionados con el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado con la Institución Bancaria BBVA Bancomer no son de autoridad, para efectos del juicio de amparo; toda vez que las autoridades responsables actúan en un plano de coordinación con los promoventes del amparo en la celebración de dicho acto jurídico, por lo que no emiten actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten a la parte quejosa. En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre la parte quejosa y las autoridades bancarias, aunado a que los actos reclamados son de naturaleza materialmente mercantil, por lo que, en todo caso, la controversia que plantean los quejosos se debe ventilar, en todo caso, en una vía distinta a este juicio, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.C.18 K (10a.), cuyo rubro y texto son: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." 3. Determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por **** La anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de los promoventes o denegación de justicia, tomando en cuenta que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de los solicitantes de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y, por tal motivo, haberse desechado la demanda de amparo; ello también es una forma de impartir justicia por este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 921, registro digital 174737, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese personalmente.
- Principal
PRAL.791/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos de Jorge Alfredo Castro de los Santos, y de otras autoridades; depositada el cuatro de julio de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el cinco de julio siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 791/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Alfredo Aspiroz Moreno, por así solicitarlo expresamente; sin perjuicio de que en cualquier momento pueda ser sustituido por la diversa promovente. 4. Antecedentes. La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: En tanto que en el apartado "II.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS", indica que les reviste ese carácter a las mismas personas físicas y jurídica, señaladas como responsables, como se advierte a continuación: 5. Prevención. Por ende, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 108, fracciones II y III, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, bajo protesta de decir verdad, la aclare en los siguientes términos: 1° Diga si a las autoridades responsables que señala les reviste ese carácter (de responsables) o, en su caso, de terceros interesados, ya que no es jurídicamente posible que funjan, al mismo tiempo, como terceros interesados y como responsables en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2o.P.36 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro 176376, cuyo rubro es: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA". Además: 2° Manifieste si los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación a que se refiere la demanda de amparo, son bajo protesta de decir verdad, ya que omitió expresarlo en la promoción inicial constitucional. Sirve de apoyo a este particular, la jurisprudencia con registro 2010471 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE." Prevenciones que se realizan a fin de que, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, se integre la litis de manera correcta; pues, al respecto, aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra del escrito de demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar las circunstancias respectivas. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 5.1. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con las anteriores prevenciones, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5.2. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa y de su autorizado, que la Ley de Amparo sanciona la afirmación de hechos falsos así como la omisión de aportar datos con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual, se le exhorta que, al cumplir con todas las prevenciones antes formuladas, se conduzcan con verdad. 6. Precisión a la parte quejosa. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que no pasa inadvertido para este Juzgado que aunque en su demanda de amparo solicita la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva de los actos reclamados; en uno de sus puntos petitorios refiere que se deberán solicitar informes en relación a la suspensión de oficio. Por lo que, a fin de no dejar a la parte quejosa en esta de indefensión, se provee que, en el caso, no se trata de una demanda de carácter urgente; ello, tomando en consideración los actos reclamados, mismos que, por su naturaleza, no se ubican dentro de las hipótesis que prevé el artículo 126, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, en la medida de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el diverso numeral 22, párrafo primero, de la Constitución Federal; de ahí que no es procedente decretar la suspensión de oficio en este asunto. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO". 7. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la citada ley, se autoriza en términos amplios a **** cedula profesional 8951098), por encontrarse registro único a su favor. En tanto que, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, del multicitado ordenamiento legal, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala la parte quejosa, por no encontrarse registro a sus nombres, aunado a que no se aportaron datos de sus cédulas profesionales que permitieran corrobora en el sistema respectivo que, efectivamente, ejercen la profesión de licenciados en derecho; no obstante, una vez que acrediten dicha circunstancia, se les autorizará en los términos solicitados si a sus intereses conviene. 8. Correo electrónico y número telefónico. En términos del artículo 22, fracción II, y 23 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado y adicionado por su similar 9/2022, se tiene a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico y un número telefónico como medios que, de ser necesario, podrán emplearse únicamente para establecer comunicación no procesal y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 9. Autorización para la consulta del expediente vía electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, respecto a la solicitud de consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico 791/2022, a través del usuario "*** 10. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado y adicionado por el diverso 9/2022), se exhorta a las partes, particularmente a la quejosa, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 11. Precisión sobre Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 9/2022. 12. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 13. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 14. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 15. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente al representante común de la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Margarito Sánchez Aparicio897/2017
- Margarito Tapía Gallegos798/2022
- Margarito Tranquilino Ortiz Ramírez1115/2023
- Margot Cruz García511/2023
- Margot Cruz García1332/2022
- María Anatolia García Ramírez815/2021
- María Angélica Manuel López24/2018
- María Antonieta Luis Campos441/2023
- María Asunción Vásquez Miguel332/2023
- María Casilda García Pérez961/2017
- María Catalina Montesinos Ramírez445/2019
- María Cecilia de León Abrín1182/2021