María Angeles Ezquivel Ortega
Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Angeles Ezquivel Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
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r. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, en tal virtud, de oficio se procede analizar el cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por sentencia ejecutoria de siete de febrero de dos mil diecinueve, este juzgado concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa María Ángeles Ezquivel Ortega, para el efecto de que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad: ? Deje insubsistente, sólo en el apartado relativo a la quejosa, el auto de once de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio oral familiar 1371/2017, subsistiendo el resto de su contenido. ? Con plenitud de jurisdicción, dicte otro proveído, que podrá ser en el mismo sentido que el reclamado, pero purgando los vicios formales que lo afectan y que han quedado precisados en esta sentencia, o bien, en sentido diverso. Por oficio 54, de seis de marzo de dos mil diecinueve, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en sustitución de la autoridad responsable, por ser quien actualmente conoce del juicio de origen, dejó insubsistente el auto de once de julio de dos mil dieciocho, solo en el apartado relativo a la parte quejosa, y con plenitud de jurisdicción, dictó otro proveído, en el que resolvió que dado que Juan Manuel Rodríguez Ángel, actor en el juicio natural otorgó mandato jurídico a la quejosa para fines de representación en el juicio oral familiar, no ha lugar a decretar la vinculación solidaria de María Ángeles Ezquivel Ortega, respecto de las obligaciones personalísimas de su mandante. De lo anterior, se desprende que la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental vulnerado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, en virtud de que cumplió con los efectos del amparo, sin realizar otro acto distinto a los que quedó constreñida. Hágase del conocimiento de las partes del presente auto mediante notificación personal y entéreseles que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que la juez responsable, acompañó a su informe justificado copia certificada del juicio familiar 1371/2017, cuya permanencia en autos resulta innecesaria, devuélvase a su lugar de origen. 1.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 , el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como en el auto admisorio se ordenó la apertura del incidente de suspensión, en el que mediante resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 2.2. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. De igual forma, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3. ARCHIVO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE así como de los CUADERNOS INCIDENTALES. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se glosaran a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente
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En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 377/2018-E. Conste. Uruapan, Michoacán, primero de marzo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que concedió a la quejosa María Ángeles Esquivel Ortega, el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos sus efectos legales. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo de siete de febrero de dos mil diecinueve, de la cual se le remitió copia oportunamente. En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Por otra parte, de la certificación que antecede se desprende, que obra la documental que acompañó el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, a su oficio 2956/2018 como complemento a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio familiar 1371/2017 (foja 103); en esas condiciones, al resultar innecesaria su permanencia en autos, devuélvase a su lugar de origen y solicítese el acuse de recibo correspondiente, dejando en el expediente impreso así como en el electrónico copia certificada del acto reclamado. Notifíquese. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien autoriza y da fe.
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********************, siete de febrero de dos mil diecinueve. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto ********************77/2018.ANTECEDENTES: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día ante este Juzgado, ********************, presentó demanda de amparo indirecto (fojas 2 a 12), contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: "De la Autoridad señalada como ORDENADORA, el auto de fecha 11 once del mes de Julio del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del número de expediente ********************, únicamente por lo que ve a lo señalado por la Juez Responsable, que se inserta textualmente: ".Toda vez que en autos existe comparecencia de representantes que han aceptado el mandato, quedan obligados solidariamente con su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado. Por ello se vincula para todos los efectos jurídicos a la abogada ********************, mandataria jurídica del actor ********************, con domicilio en calle ******************** número ********************, colonia ********************de esta ciudad de ********************."." En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado desechó la demanda de amparo (fojas 2******************** a 27), determinación que fue recurrida por la parte quejosa mediante escrito de catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas ********************0 a 40). Mediante resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, dentro del recurso de queja 14********************/2018, lo declaró fundado y ordenó admitir a trámite la demanda de amparo (fojas 49 a 61). En proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 6******************** a 66), se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. En ese mismo proveído, se reconoció el carácter de terceros interesados a ******************** y ********************; asimismo, se ordenó su emplazamiento, diligencia que se llevó a cabo el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 7******************** y 77), quienes no se apersonaron al presente juicio. En proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (foja 95). Previos los trámites de ley, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, inició la audiencia constitucional en términos del acta que obra en autos (foja 104). CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es competente para conocer y resolver el presente asunto, al ser un Juzgado Constitucional de naturaleza mixta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General ********************/201********************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, en el caso, se reclama un acto de naturaleza familiar con ejecución en esta ciudad, lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDA. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La quejosa reclama de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad: El auto de once de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio oral familiar ********************, mediante el cual vinculó solidariamente a la quejosa ********************, en su calidad de mandataria jurídica del actor ********************, a pagar lo juzgado y sentenciado dentro de dicho controvertido. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado (foja 82). Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio oral familiar ********************, que la citada autoridad responsable remitió como complemento de su informe justificado. Documental con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º. CUARTA. Estudio de causa de improcedencia. En el caso, ninguna de las partes invocó causa de sobreseimiento, ni este Juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su análisis, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTA. Examen constitucional del acto reclamado. Previo al estudio del concepto de violación, se estima pertinente precisar que los antecedentes que dieron lugar a la emisión del acto reclamado, son los siguientes: Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, se tramita el juicio oral familiar ********************, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió ********************, frente a ********************. Mediante escrito de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el actor ********************, otorgó mandato a la quejosa ********************, quien lo ratificó el cinco de marzo de dos mil dieciocho; razón por la que se ha desempeñado con tal carácter dentro de aquel procedimiento (fojas 120 y 12******************** del presente juicio). Por auto de once de julio de dos mil dieciocho (fojas 456 a 458 del cuaderno de pruebas), el juez responsable decretó provisionalmente como medida cautelar el arraigo judicial del accionante ******************** y vinculó solidariamente a la quejosa a pagar lo juzgado y sentenciado, en los términos siguientes: ".********************, a 11 once de julio del 2018 dos mil dieciocho. A fin de dar cumplimiento al requerimiento verificado dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número ********************44/2018, promovido por ********************, dentro del término de 24 veinticuatro horas señalado para rendir la información solicitada, se verifica pronunciamiento adicionando para lograr el cumplimiento de las medidas provisionales decretadas en proveído 29 veintinueve de junio próximo pasado, consistente en establecimiento de la custodia provisional de ********************, a favor de papa ********************. Por lo que atendiendo a que se concedió la suspensión para el efecto de que se ejerza la tutela del menor, en domicilio diverso al conyugal, siempre y cuando resulte adecuado para atender las necesidades que el menor requiera, con motivo de su condición especial, domicilio que para tal efecto habilite el progenitor, en esta ciudad de Uruapan, requerimiento el cual ya debió cumplir conforme al requerimiento verificado por la autoridad federal; por lo cual deberá informar a esta autoridad, ubicación del mismo, al llevar a cabo la diligencia de separación y entrega de menor, para lo cual se señala por segunda ocasión las 14:00 catorce horas del día jueves 12 doce del presente mes de julio del año en curso, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, debiendo comparecer ambos padres ******************** y ********************, haciendo presentes a ambos menores ******************** y ********************, para una vez formalizada al entrega del menor, procedamos el personal del juzgado a depositarlo con su padre trasladándonos a dicho domicilio en que se ejercerá la patria potestad, para verificar mediante inspección que cumple con las características para salvaguardar la seguridad del menor, apto para el correcto desarrollo de sus condiciones especiales. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, FISCAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y TUTOR ESPECIAL, para que estén presentes en todo el desarrollo de dicha diligencia. Bajo apercibimiento legal para el caso de no comparecer alguna de las partes ******************** y ********************, o no hacer presentes a los menores involucrados, se procederá de inmediato a decretar el arresto por ********************6 treinta y seis horas por no cumplir determinaciones judiciales. Se requiere a ********************, que informe si tiene en su poder la cama y enseres del menor ********************, de ser afirmativo la ponga a disposición del custodiador, así mismo entregue su ropa y todo aquello que considere necesario para su atención cotidiana. Para la debida protección del menor ********************, por sus necesidades médicas, de intervención psicológica y psicomotricista, toda vez que mediante oficio el Encargado del Desarrollo Integral de la Familia Dif ha informado lo siguiente: Que en las instalaciones del Dif Municipal, se dan las terapias de medicina física y rehabilitación, ortopedia y traumatología, no así Comunicación Humana, pero por medio de la institución que se honra presidir, canalizan a los ciudadanos que así lo requieran con un especialista quien solo les cobra una cuota de recuperación; se encomienda al progenitor custodiador, acuda a verificar las gestiones necesarias para que se otorgue el servicio al menor y las cuotas de recuperación, se le impone la obligación de informar a este órgano jurisdiccional de inscribirlos y encargarse de que acuda a institución de educación adecuadas a su edad y capacidad, a la cual se le integre para su atención cotidiana en esta ciudad, en su caso el nombre de la persona que le auxiliara con los cuidados del menor en el domicilio habilitado al efecto, en el horario que desempeña jornada laboral. Con relación al menor ********************, se le impone a la madre custodiadora la obligación de informar la institución educativa a la que se asistirá y domicilio y persona en que se entenderá al menor mientras ella trabaja. La convivencia se verificará cada fin de semana, en horario de 14:00 pm catorce horas del sábado a 19:00 pm diecinueve horas del domingo, con el menor que no tengan en custodia, estableciendo el lugar de entrega de recepción. Entre los menores hermanos se verificará todos los sábados de 10:00 diez a catorce horas en la institución ubicada en la calle Álvaro Obregón número 87, colonia Centro, en la CASA PAMAR Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, de esta ciudad de ********************, para lo cual deberá girarse atento oficio al Encargado del Desarrollo Integral de la Familia para que preste las facilidades para la convivencia respectiva. Toda vez que en escrito presentado en esta misma data, ********************, hace del conocimiento que el actor ha sido omiso en proporcionar alimentos desde el mes de junio del año 2017 dos mil diecisiete, incluso en el monto fijado provisionalmente, a cargo de ********************, se considera deuda acumulada, dado la suspensión de la pensión decretada, operara una vez que el actor se responsabilice únicamente de las necesidades de ********************, escolares, médicas y de atención, y ********************, se haga cargo de sus propios alimentos y los del menor ********************, buscando trabajo que le permita sufragarlas. Como la sentencia definitiva deberá resolver sobre las cuestiones inherentes entre menores, incluido el rubro de alimentos, distribuyendo las cargas entre los padres, siendo que se ha informado de posibles conductas de ocultación de bienes, para aparentar insolvencia con traslado de dominio o registro a terceras personas por el actor, de manera oficiosa se ordena girar atento oficio a la Administración de Rentas local, para que verifique en el padrón vehicular si existe vigente registro de algún mueble a nombre de ********************, o bien si en el último año ha dado de baja alguno. También se gire oficio al Ayuntamiento de Uruapan, a la oficina de Licencias, para que nos informe si existe registro alguno del establecimiento mercantil a nombre del actor ********************; a la Secretaría de Salubridad específicamente a Cooepris jurisdicción sanitaria número 5, oficio dirigido a la Doctora ********************, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 5, con atención a la doctora ******************** Coordinadora del Programa Cooepris, ubicado en la calle ******************** esquina con ********************, colonia ********************, de esta ciudad de ********************, a fin de que informe a este Juzgado si existe registro alguno del Laboratorio Dental ubicado en la calle ********************número ********************, colonia ********************, de esta ciudad de ********************, a nombre de ******************** y de ser así remita las constancias que así lo acrediten, estableciendo el nombre de la persona responsable de dicho laboratorio. En el trámite de amparo se habilita a este órgano jurisdiccional para que se tomen todas las medidas indispensables para lograr el ejercicio de la tutela adecuada del menor, consta en autos diversas manifestaciones de negativa y renuencia al ejercicio de la patria potestad, específicamente al otorgamiento de alimentos y atención a los menores por parte de ********************, por lo que ante la posibilidad de que se oculte y/o ausente para evadir sus obligaciones, se decreta ARRAIGO judicial, consistente en prevenirle para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, solvente y suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del mismo. Que en caso de desacato, se procederá en su contra en los términos que prevé el Código Penal, sin perjuicio de ser compelido, por los medios de apremio, a volver al lugar del juicio. Toda vez que en autos existe comparecencia de representantes que han aceptado el mandato, quedan obligados solidariamente con su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado. Por ello se vincula para todos los efectos jurídicos a la abogada ********************, mandataria jurídica del actor ********************, con domicilio en la calle ******************** número ********************, colonia ********************de esta ciudad de ********************.". Lo destacado es propio y es lo que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Ahora bien, la peticionaria del amparo aduce que el proveído de once de julio de dos mil dieciocho, en el aspecto desatacado, es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que carece de fundamentación y motivación, ya que el juez responsable se limitó a manifestar que la quejosa queda obligada solidariamente con su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado. Lo anterior, es fundado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". La norma transcrita previene que todo acto de autoridad que pretenda incidir válidamente en la esfera jurídica de los gobernados, debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Es decir, dicho precepto legal establece el imperativo para las autoridades de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. En ese sentido, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto, y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una inadecuada fundamentación, cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, las cuales impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De esta manera, a fin de que una determinación se encuentre motivada, la autoridad emisora del acto debe plasmar los razonamientos que tomó en cuenta para considerar que en el mundo fáctico se actualizó un supuesto jurídico, de modo tal que la norma genérica se particularice. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, consisten en la exigencia de establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar, tanto los fundamentos del acto, como los razonamientos que lo rigen, por lo que si no acontece así, se presenta una violación formal consistente en la ausencia o inadecuada fundamentación y motivación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.********************o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1964, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Ahora bien, del auto de once de julio de dos mil dieciocho, se advierte, en la parte que aquí interesa, que el juez responsable determinó lo siguiente: ".En el trámite de amparo se habilita a este órgano jurisdiccional para que se tomen todas las medidas indispensables para lograr el ejercicio de la tutela adecuada del menor, consta en autos diversas manifestaciones de negativa y renuencia al ejercicio de la patria potestad, específicamente al otorgamiento de alimentos y atención a los menores por parte de ********************, por lo que ante la posibilidad de que se oculte y/o ausente para evadir sus obligaciones, se decreta ARRAIGO judicial, consistente en prevenirle para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, solvente y suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del mismo. Que en caso de desacato, se procederá en su contra en los términos que prevé el Código Penal, sin perjuicio de ser compelido, por los medios de apremio, a volver al lugar del juicio. Toda vez que en autos existe comparecencia de representantes que han aceptado el mandato, quedan obligados solidariamente con su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado. Por ello se vincula para todos los efectos jurídicos a la abogada ********************, mandataria jurídica del actor ********************, con domicilio en la calle ******************** número ********************, colonia ********************de esta ciudad de ********************." De la anterior transcripción, se aprecia que el auto reclamado, en el aspecto destacado, carece del requisito formal relativo a una adecuada y suficiente motivación y fundamentación que debe satisfacer todo acto de autoridad, en términos del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, virtud a que el juez responsable no expresó los fundamentos legales y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas suficientes que tuvo en consideración para la emisión de la determinación reclamada en esta vía constitucional, esto es, vincular a la aquí quejosa con lo juzgado y sentenciado en el juicio de origen. Es así, ya que se limitó a manifestar que toda vez que la quejosa aceptó el cargo de mandataria del actor ********************, queda obligada solidariamente con su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado; por tanto, se vincula para todos los efectos jurídicos. Asimismo, citó los artículos 260, ********************14, ********************15, ********************25, 712, 7********************6, 842, 861 y 959 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Sin embargo, fue omiso en precisar las razones por las cuales consideró que la quejosa al desempeñar el carácter de mandataria jurídica del actor ********************, es motivo suficiente para vincularla solidariamente a su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado. Se afirma lo anterior, ya que soslayó motivar, suficientemente, su acto de autoridad en el aspecto destacado, pues no dio a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que la afectada esté en aptitud de enderezar una defensa adecuada en su favor. Asimismo, fue omiso en explicar si los artículos 260, ********************14, ********************15, ********************25, 712, 7********************6, 842, 861 y 959 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que citó en la parte final del auto reclamado sustentan el motivo en que se basó para vincular a la quejosa solidariamente con su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado, ello a fin de que la peticionaria del amparo esté en condiciones de conocer el precepto o preceptos legales en los que se apoya ese acto. Dicho en otras palabras, la responsable debió exponer los razonamientos lógicos jurídicos para justificar la adecuación entre el motivo aducido y los preceptos legales en los que se apoyó para arribar a esa conclusión. Lo anterior es así, pues no debe de perdese de vista que el artículo 1047 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, establece que cuando la controversia verse sobre derechos de menores de edad, el juez deberá pronunciarse sobre aspectos que no sean materia del litigio, pero relacionados con el mismo, siempre que impliquen un beneficio a favor de aquellos; en este caso, deberá fundar y motivar adecuadamente sus determinaciones. En ese sentido, es eviente que el acto reclamado carece de los requisitos de debida fundamentación y motivación, toda vez que los motivos aducidos por la responsable en los cuales apoyó su decisión, no son acordes con la norma que citó como aplicables. Cabe además precisar, que no pasa inadvertido que la autoridad responsable al rendir su informe justificado pretendió motivar y fundar el acto reclamado; sin embargo, del análisis de dicho informe queda de manifiesto que no se colmó la falta de los requsitos de fundamentación y motivación, pues se insiste, la responsable no indicó en forma especifica en cuál hipotésis de la norma aplicable se ubicó la quejosa para que procediera vincularla solidariamente con su mandante a pagar lo juzgado y sentenciado, para que en su caso, ésta estuviera en posibilidad de controvertir tal determinación. Pues de no considerarlo así, implica ignorar todos los datos y circunstancias que tuvo en consideración para justificar legalmente su acto de autoridad, con clara transgresión a los derechos fundamentales, como sucede en el particular, en perjuicio de la quejosa. Lo anterior se considera de tal forma, si se parte del principio de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le manda, lo que implica que su conducta desplegada debe encontrar respaldo en disposición jurídica que así la avale, y esta circunstancia darla a conocer al gobernado en quien recae el acto de autoridad, para que esté en condiciones de defenderse. En ese contexto, la autoridad responsable al emitir el auto reclamado incumplió con el mandamiento constitucional indicado, en la parte destacada, pues no la fundó ni motivo suficientemente, en lo cual afectó la esfera jurídica de la quejosa, pues lo dejó en estado de indefensión, al desconocer qué datos tuvo en consideración para llegar a esa conclusión. En las narradas condiciones, al advertirse que el auto reclamado, en el aspecto que nos ocupa, no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, consagrado en el artículo 16 Constitucional, resulta violatorio de derechos fundamentales, aspecto que no puede ser abordado motu propio por este Juzgado de Distrito, porque son atribuciones de la autoridad responsable. Al resultar fundado el concepto de violación que tiene que ver con aspectos formales, resulta innecesario, por ahora, analizar los diversos que ven al fondo del asunto. Apoya lo anterior, la tesis VI. 2o. J/170, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 99, IX, Enero de 1992, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: "CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción". Consecuentemente, lo que procede es otorgar el amparo solicitado. Efectos del amparo. La Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, deberá: Dejar insubsistente, sólo en el apartado relativo a la quejosa, el auto de once de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio oral familiar ********************, subsistiendo el resto de su contenido. Con plenitud de jurisdicción, dicte otro proveído, que podrá ser en el mismo sentido que el reclamado, pero purgando los vicios formales que lo afectan y que han quedado precisados en esta sentencia, o bien, en sentido diverso. Lo anterior, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. SEXTA. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, que ordena la captura de la presente sentencia en el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclama de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, precisado en la consideración segunda y para los efectos a que se refiere la diversa consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. De conformidad con la última consideración, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario de Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la comisión citada; hasta el día de hoy siete de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el secretario Jaime Quinto Ruíz, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
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R. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclama de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, precisado en la consideración segunda y para los efectos a que se refiere la diversa consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. De conformidad con la última consideración, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario de Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la comisión citada; hasta el día de hoy siete de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el secretario Jaime Quinto Ruíz, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.
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