María Ángel Quezada Garza y Otros.
Expediente 475/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- María Ángel Quezada Garza y Otros.
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado; téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. (III) G
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el escrito inicial de demanda promovido por Alicia García Gómez, en representación de Alicia Guerrero Quezada y otros, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado y otras autoridades, consistente en el auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete y la inconstitucionalidad del Decreto número 183 mediante el cual fue expedido el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y los artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 132, así como 1 y 11, transitorios. Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 475/2015-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En esas condiciones, este juzgado considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Ello es así, porque la promovente reclama como acto de aplicación la resolución de quince de diciembre de dos mil quince emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado, en la que esencialmente se resolvió que: ".el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados es el competente para conocer del juicio laboral promovido por Alicia Guerrero Quezada, ello en cumplimiento a la resolución emitida en el conflicto de competencia laboral 21/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete". De lo anterior, se evidencia que la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de garantías, respecto del acto de aplicación a la norma impugnada como inconstitucional, deriva del cumplimiento de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en el conflicto de competencia laboral número 21/2017, instado por Alicia García Gómez y Jorge Luis Lozada Solis, en su carácter de apoderados de Alicia Guerrero Quezada, Alma Rosa Medina Luna, Elvia Solis Hernández, Martha Rodríguez Romo, María Ángel Quezada Garza, Esperanza Tovar Villegas, Graciela García Ramírez, María Raquel Quezada Garza y Agustín García Villalpando quienes demandaron del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." [El énfasis es añadido]. Así como la tesis X.3º.1 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1112, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO, AUN CUANDO SE ASEGURE QUE SE DICTÓ CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, SI ELLO NO SE ADVIERTE. Si la sentencia reclamada fue pronunciada por el tribunal de apelación en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que no se le dejó plenitud de jurisdicción sino que se le dieron directrices de cómo debería dictar aquélla, es de considerarse improcedente en contra de la misma el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en éste, de acuerdo con lo establecido por la fracción III del artículo 74 de ese cuerpo de leyes, aun cuando en ese fallo de modo erróneo se sostenga que se emite con libertad de jurisdicción, si de la lectura del mismo no se advierte que se haya apartado de los lineamientos decretados en el juicio de garantías." En relación con lo anterior, debe decirse que lo resuelto en sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete en el conflicto de competencia laboral 21/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito no pueden ser objeto de un nuevo amparo, en tanto que ya fueron materia de controversia y decisión de uno anterior y en atención al principio de cosa juzgada debe evitarse que una misma cuestión sea dilucidada en dos o más sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia III.T. J/32, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 59, Noviembre de 1992, Página 60, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA ANTERIOR. El supuesto de improcedencia que prevé la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, se actualiza porque se combate una resolución que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y la conducta de la responsable se constriñe a acatar lo ya resuelto sin libertad jurisdiccional". De la misma forma, apoya lo resuelto la jurisprudencia II.3o. J/70, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 78, Junio de 1994, Página 45, Materia Común, Octava Época, que a la letra dice: "SENTENCIAS VINCULADAS. EL AMPARO EN CONTRA DE ELLAS ES IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable quedó vinculada por medio de una sentencia de amparo para declarar procedente una acción, no quedó en la esfera de su jurisdicción y competencia el volver a examinar las cuestiones debatidas, supuesto que en la ejecutoria de amparo en lo atinente a la cuestión principal controvertida, se señalaron normas precisas y pautas rectoras para ajustar su nueva determinación con lo cual se limitó su jurisdicción. Por ende, tal resolución ya no puede ser impugnada mediante un nuevo amparo y por consecuencia debe decretarse el sobreseimiento del juicio con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 73, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo". Así como la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Cuarta Parte, foja 44, del tenor literal siguiente: "AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACION ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIO EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuento a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garantías." Para mayor claridad de lo antes expuesto, se ordena glosar al presente expediente, copia certificada de las constancias relativas al conflicto de competencia laboral juicio de amparo 523/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, las cuales se citan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, permite a este juzgador tomar en cuenta hechos notorios aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, lo anterior para resolver una cuestión determinada. Por las razones que informa, se invoca la jurisprudencia 3a./J. 2/93, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 63, Marzo de 1993, página 13, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. La emisión de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para los Ministros que lo integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa. Por tanto el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando así sea advertido por los integrantes de una Sala del propio Tribunal, puede introducirse como elemento de prueba en un juicio diverso, de oficio, sin necesidad de que se ofrezca como tal, o lo aleguen las partes, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo." Por otro lado, el desechamiento debe prevalecer respecto a los preceptos señalados de inconstitucionales pues el estudio de una norma general, no puede desvincularse de su acto de aplicación, ya que este último, es el que puede causar perjuicios y, no la referida disposición legal por sí sola, considerada en abstracto. En lo conducente es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en agosto de dos mil, página 235, que señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN". Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Por tanto, como se anticipó, el juicio constitucional promovido resulta improcedente, según lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo y, ante tales circunstancias, lo procedente es desechar de plano la demanda de mérito, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Acueducto número ciento cincuenta y dos, Barrio La Salud, de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes. En términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que de igual manera incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso, al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante la licenciada Silvia Irene Hernández Altamira, Secretaria que autoriza y da fe en el juicio de amparo 475/2018-III. veha
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