María Ana Edith Avíla Navarro

Expediente 894/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
894/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • María Ana Edith Avíla Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la incoante se inconformara con el proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que lo haya hecho, por lo tanto, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. II. Orden de depuración y/o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. III. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, HELMUTH GERD PUTZ BOTELLO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que, atento a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), la notificación a las autoridades responsables, se realizará por medio de lista de acuerdos, conforme lo disponen los numerales 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31, todos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    aviso. por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice: En Zapopan, Jalisco, siete de mayo de dos mil diecinueve, Alicia Estrada Torres, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, da cuenta al juez, con el oficio de registro 8927. Conste. La secretaria. Zapopan, Jalisco, siete de mayo de dos mil diecinueve. I. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente Auxiliar de la Décimo Segunda Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. II. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, del aludido informe justificado así como de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable." En el caso, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del quince de abril de dos mil diecinueve, se promovió este juicio de amparo, donde el quejoso reclamó, en síntesis, la omisión por parte de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de avocarse al conocimiento de la demanda interpuesta por el aquí quejoso y señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica; lo anterior, dentro del juicio 330/2019. Por otra parte, del informe justificado y de las constancias que a éste se anexaron, a los que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que: 1. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la aquí quejosa María Ana Edith Ávila Navarro, presentó un escrito de demanda, cuya omisión de acordar reclama en el presente juicio de amparo. 2. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve la Décimo Segunda Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, admitió la demanda presentada por la quejosa y señaló día y hora para la celebración de la audiencia bifásica. De las constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el quince de abril de dos mil diecinueve, la Décimo Segunda Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, ya se había avocado al conocimiento de la demanda presentada por María Ana Edith Ávila Navarro y había señalado día y hora para la multicitada audiencia. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo, la omisión reclamada era inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos anteriores, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, novena época, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión de resolver el incidente de inadmisibilidad no existe, tal como se advierte del informe justificado que rindió, la autoridad responsable, en el que informó y acreditó haber admitido la demanda interpuesta y señalado día y hora para la audiencia correspondiente. Es decir, que cuando se promovió el presente juicio de amparo ya se había emitido determinación judicial al respecto, lo que de suyo implica que la parte quejosa está en aptitud de hacer valer sus derechos contra esa determinación, en la vía y forma que corresponda, así como los recursos que en su contra procedan. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo dicho además tiene apoyo en la tesis XIII.1o.P.T.27 K (10a.), de registro 2019803, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2019, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado" No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el Juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, registro 169410, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." [Énfasis agregado] III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las NUEVE HROAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Alicia Estrada Torres, que autoriza y da fe. EEVP/ATA/marce

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