María Amparo Martínez Visáiz

Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • María Amparo Martínez Visáiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que la quejosa recurrió el auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la ley de la materia, considerando que ésta fue notificada el cuatro siguiente, quedando comprendido dicho plazo del ocho al doce de los cursantes, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por María Amparo Martínez Visaiz, por su propio derecho, contra actos del Delegado Estatal en Sinaloa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 374/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables, la omisión de dar respuesta al escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicitó se le otorgue el puesto de base como auxiliar de enfermería "B", adscrita a la Clínica Hospital Mazatlán "Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio" en esta ciudad. Atento a lo anterior, quien esto emite estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se tiene que el numeral transcrito en primer término señala que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos diversos a los contemplados en el resto de las fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por otra parte, del segundo dispositivo legal se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos y otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, debe decirse que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. 2. Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sustenta lo anterior la tesis número XXVII/97213. Es oportuno precisar que el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo. También la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: - Que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. - Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. - Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo. - Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar esa calidad, es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, por lo que no todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como tal para los efectos del juicio de amparo. Efectivamente, la Ley de Amparo en su artículo 5º, define de modo diferente el concepto de "autoridad responsable", ya que aun cuando mantiene los caracteres esenciales del acto de autoridad que han reconocido la doctrina y la jurisprudencia y que han conformado la moderna definición de ese concepto, acepta que un "particular" puede ser autoridad responsable, siempre y cuando realice actos equivalentes a los de una autoridad y que ello sea producto de las funciones que desempeña por estar determinadas en una norma general. Lo que permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, ya que si se realiza en un plano de igualdad y de manera horizontal con otro u otros particulares, no tendrá ese carácter, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Luego, si en el caso la quejosa María Amparo Martínez Visaiz, con la calidad de trabajadora presentó un escrito el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, a las dependencias y sindicatos que intervienen dentro de los procesos escalafonarios, con la finalidad de que se le otorgue el puesto de base como auxiliar de enfermería "B", adscrita a la Clínica Hospital Mazatlán "Dr. Miguel Ángel Camacho Zamudio" en esta ciudad y la omisión de dar respuesta a dicha misiva constituye el acto reclamado, es claro que tal solicitud no se elevó conforme al derecho que detenta todo gobernado ante una autoridad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino en el ejercicio de una prerrogativa de carácter laboral. En efecto, las citadas dependencias no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo sino como interventoras dentro de una relación de carácter laboral que une a la quejosa con la dependencia para la cual labora y de quien exige el reconocimiento de sus escalafones para obtener una plaza de base. Es por ello que las omisiones que reclama no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de actos que emergen de la relación de trabajo existente entre la parte quejosa y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en su carácter de patrón. Es por ello, que dichos entes señalados como autoridades responsables sólo actúan en su función de patrón, y así se encuentran en un plano de igualdad con la quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio; de manera tal que sus actos, en todo caso, pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Así, la relación jurídica surgida entre la parte trabajadora y la institución para la que presta sus servicios no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación laboral de coordinación. Ello es así porque una nota distintiva de las relaciones de coordinación, en la cual las partes actúan en un plano de igualdad, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. No pasa inadvertido por quien esto resuelve el criterio jurisprudencial 2a./J. 54/2012 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la SCJN, Registro: 2001071, cuyo rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, se considera que en casos excepcionales el citado auto inicial puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar que una asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa una determinación tomada por la asamblea respecto los derechos de un asociado, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, y se tiene la certeza y plena convicción de que se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en consecuencia, procede desechar la demanda, como en el caso acontece. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial PC.IV.A. J/45 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." En mérito de lo expuesto, resulta improcedente la demanda intentada, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo y con apoyo en lo expuesto, la jurisprudencia XXIV.1o. J/1 L (11a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO signada por MARÍA AMPARO MARTÍNEZ VISAIZ. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la aclaración a la peticionaria de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad, y para recibirlas en términos de la parte final del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ********************, ******************** y ********************. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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