María Amada Vega Islas

Expediente 176/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
176/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • María Amada Vega Islas

Actuaciones

  1. Principal

    V... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto. De conformidad con el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    V... Agréguese el oficio de la Jueza integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el cual en atención a lo ordenado en autos y en alcance a su informe justificado, remite copia de la constancia que acredita que se entregó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Laboral del Segundo Circuito, el conflicto competencial que se suscitó en el juicio de origen. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de su parte las constancias aludidas, sin necesidad de diligencia previa, por su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias que acompaña y las que remitió previamente -a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria-, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Del contenido del precepto citado en el párrafo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora, de las constancias que anexó la citada autoridad se aprecia que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el cual no aceptó la competencia declinada por el Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por lo cual remitió el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito en turno, con el fin de que resuelva el conflicto competencial que se suscitó entre dicha autoridad y el Segundo Tribunal aboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; dicha determinación se notificó el veinticuatro de febrero último a la parte quejosa mediante boletín judicial. En ese orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ciertamente, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del presente juicio, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Pero, la dilación que reclama la quejosa fue subsanada, ya que el veinticuatro de febrero del presente año el Tribunal responsable emitió un acuerdo donde no aceptó la competencia declinada y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado respectivo, a efecto de que resuelva el conflicto competencial suscitado en el expediente de origen, circunstancia que se notificó a la parte quejosa por medio de boletín judicial. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. En otro aspecto, es dable precisar que no es procedente analizar en forma genérica una violación al derecho fundamental de impartición de justicia pronta en sentido abstracto, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello en razón que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que cuando se otorgue la protección constitucional, ello debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad de las que deben estar revestidas las sentencias, acorde a lo previsto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, el acto reclamado se analizó únicamente respecto a la etapa procesal del juicio laboral de origen. Por otra parte, si bien no fue emplazada la parte tercero interesada, también lo es que dado el sentido de la sentencia que se pronuncia, no modifica en forma alguna su situación jurídica; máxime, que no se le deja en estado de indefensión, conforme a lo previsto por en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atendiendo a las razones apuntadas a lo largo del presente acuerdo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

  3. Principal

    V... Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Jueza integrante del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, rindiendo informe justificado, con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. En términos del segundo párrafo del citado numeral y del 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad mencionada las constancias que se reciben, sin necesidad de diligencia previa, por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, el citado órgano jurisdiccional no adjuntó copia de la constancia que acredite que se entregó a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Laboral del Segundo Circuito, el expediente de origen, con el fin de que resuelva lo conducente en relación al conflicto competencial que planteó; en tal virtud, solicítese dicha documental a la autoridad referida para que la remita a la brevedad.

  4. Principal

    XII... Agréguese a los autos el oficio de las autoridades responsables Presidente y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante el cual señalan las constancias que se deben remitir al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa.

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