María Altagracia Gutiérrez Rangel y Otros.

Expediente 926/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
926/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • María Altagracia Gutiérrez Rangel
  • María Altagracia Gutiérrez Rangel y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    intégrense al sumario los oficios suscritos por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en los cuales transcribe el proveído de veintitrés de agosto del año en curso, dictado en el recurso de queja administrativo 685/2022 de su índice, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el diverso de ocho de julio de la presente anualidad, en el que se negó la suspensión provisional. Asimismo, agréguese el testimonio de la resolución dictada en dicho expediente en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad al resolver el medio de impugnación interpuesto determinó: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por María Altagracia Gutiérrez Rangel y Jesús Cabeza de Vaca Bustamante, en contra del acuerdo pronunciado el ocho de julio de dos mil veintidós, por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el incidente de suspensión del juicio de amparo indirecto 926/2022-IV, mediante el cual negó la suspensión provisional a la parte quejosa, ahora recurrente; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en virtud de que en acuerdo de veintidós de agosto de este año, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, se ordenó el archivo definitivo, archívese el cuadernillo en que se actúa. Toda vez que en autos se declaró sin materia el presente incidente, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el cuaderno en que se actúa es susceptible de destrucción, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá destruirse.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de cuatro de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por María Altagracia Gutiérrez Rangel y Jesús Cabeza de Vaca Bustamante. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Toda vez que en el presente expediente obran documentos aportados por la parte quejosa, désele vista para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. En la inteligencia que, de conformidad con la fracción II del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 21/2021 mencionado, deberá generar el código QR correspondiente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de comparecer a fin de recoger dichos documentos.

  3. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable se encuentra notificada del proveído de quince de julio del año en curso, donde se tuvo interpuesto el recurso de queja por Alejandro Rivera Palomino, autorizado de las quejosas, así como del auto recurrido de ocho de julio del año que transcurre, en el que se negó la suspensión provisional del acto reclamado. Por tanto, dese cumplimiento al acuerdo de quince de julio del año en curso, y toda vez que el recurso de mérito fue interpuesto de manera electrónica. Hágase disponible el expediente electrónico a efecto de que el Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, acceda al presente asunto mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de substanciar el recurso de mérito. En vía de informe comuníquese a la superioridad que en proveído de ocho de julio del presente año, se negó la suspensión provisional solicitada; sin embargo, se sostiene su legalidad al tenor de las razones y fundamentos ahí expuestos. Asimismo, hágase de su conocimiento que dicha determinación quedó superada, en virtud de que en interlocutoria de veintidós de julio del año que transcurre, se declaró sin materia la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, pues de las constancias relativas al expediente que el magistrado responsable remitió en apoyo a su informe previo, se aprecia que en auto de doce de julio del año en curso, dicho órgano admitió la demanda administrativa promovida por los aquí quejosos.-

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado. Con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. De conformidad con los numerales 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la autoridad oficiante el que indica, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal y como sus delegadas a las personas que menciona. Ahora, de las constancias que remitió en apoyo a su informe se aprecia que en auto de doce de julio del año en curso, dictado en el expediente 3725/2ªSala/22 dicho órgano admitió la demanda administrativa promovida por María Altagracia Gutiérrez Rangel y Jesús Cabeza de Vaca Bustamante -aquí quejosos- y se concedió la suspensión provisional en los términos que la solicitaron, esto es, para los siguientes efectos: "(.) a). No se ejecute la resolución controvertida, de 09 nueve de junio de 2022, dictada en el expediente 11/2022/A-PA; b). No se le comunique a la menor C.E.L.M. la conclusión del procedimiento pre-adoptativo; y, c) Se permita a los actores la convivencia con la menor, sin perjuicio de la que la autoridad encausada continúe con el seguimiento social, psicológico y jurídico de la niña de iniciales C.E.L.M." Dicha determinación fue notificada a los aquí quejosos vía electrónica, el quince de julio siguiente (durante la tramitación del presente sumario). En ese sentido, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional; por ende, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con el precepto legal citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva en contra de actos en los que sus efectos han cesado o cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de pronunciarse sobre la demanda de nulidad presentada ante ésta el veintidós de junio del año en curso, promovida contra la resolución de nueve de junio del año en curso, dictada por la Procuraduría Estatal de Protección y Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en el expediente de adopción A-SA-60/2021 que concluyó el proceso pre adoptativo entre los quejosos y la menor C.E.L.M., demanda en la que los quejosos solicitaron la suspensión provisional de la ejecución de la resolución impugnada. Posteriormente, la sala responsable dictó el auto de doce de julio del año en curso, en el expediente 3725/2ªSala/22 de su índice, en el que admitió la demanda administrativa promovida por María Altagracia Gutiérrez Rangel y Jesús Cabeza de Vaca Bustamante -aquí quejosos- y concedió la suspensión provisional de la resolución impugnada, en los términos solicitados por los promoventes; acuerdo que les fue notificado vía electrónica, el quince de julio siguiente (durante la tramitación del presente sumario). Por tanto, la conducta omisiva de la autoridad responsable desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda ya que hasta el doce de julio actual, la responsable admitió la demanda administrativa promovida por los quejosos; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". [Énfasis añadido]. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con treinta minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.

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