María Alondra Santiesteban Hernández

Expediente 400/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
400/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • María Alondra Santiesteban Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ... De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho.... se declara que causó estado la referida determinación.... archívese este expediente como concluido... este expediente es destruible....

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por medio del cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Domicilio y delegados. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Prueba. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del oficio DEV/SRAJ/0244/2022 a nombre de María Alondra Santiesteban Hernández, que anexó a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa María Alondra Santiesteban Hernández, en su escrito de demanda de amparo reclamó la omisión de darle contestación y/o respuesta sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud de devolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, respecto de los documentos del trámite con número 30190009722. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1 y 8° Constitucional, respecto a que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, misma que deberá ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, la autoridad deberá dar respuesta mediante acuerdo y éste deberá de hacerse del conocimiento del peticionario. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por lo que, del informe de cuenta, se advierte que el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, señaló que respecto de la solicitud de trámite número 30190009722, en términos del artículo 151, fracción I de la Ley Agraria y 22, fracción II del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se entregó a la aquí impetrante del amparo los documentos que presentó, tal y como se advierte de la copia certificada del acuse de recibo signado por María Alondra Santiesteban Hernández, el cual allegó al oficio de cuenta. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de darle contestación y/o respuesta sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud de devolución de los documentos del trámite 30190009722, mismo que solicito en dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo María Alondra Santiesteban Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de darle contestación y/o respuesta sea por escrito o algún medio electrónico sobre la solicitud de devolución de los documentos que presentó para el trámite 30190009722, impidiendo con ello su acceso a un beneficio al que tiene derecho. Y del informe justificado rendido por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, se desprende que ya le fueron entregados a la quejosa los documentos en mención. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cuatro minutos de este día. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público Adscrita..

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los escritos signados por Nelson Márquez Grajales, en su carácter de apoderado legal y Graciano Grajales Mercado, Salvador Gómez Márquez y Eliezer Márquez Gómez, en su carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente, del comité particular ejecutivo agrario de la ampliación del Ejido General Pinzón, antes Santa Rosa, a través de los cuales, en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de mayo del presente año, con el primero, el autorizado exhibe el boucher de transferencia electrónica con número de recibo 371229020083 con el que acredita que transfirió a la cuenta mancomunada de los quejosos, la cantidad de $4´623,160.12 (cuatro millones seiscientos veintitrés mil ciento sesenta pesos 12/100 moneda nacional); y con el segundo ocurso, los citados quejosos, exhiben impresión del registro del depósito realizado por el citado apoderado legal. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que tengan lugar y se tiene por debidamente realizado el pago de la cantidad referida con motivo del cumplimiento sustituto de la sentencia en relación la superficie de terreno integrada por las 39-18-69 hectáreas de las diversas 390-49-81.621 hectáreas señaladas como en posesión de Ismael Bonilla y Francisco Romero correspondientes al predio "Arroyo de Piedra" propiedad original de Modesta Barradas viuda de Valiente, en favor del núcleo quejoso...

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Causa estado. ..., se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. Este juicio de amparo carece de relevancia documental, al no ubicarse dentro de los supuestos previsto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino Por lo anterior y no obstante que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser depurado, toda vez que por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, este jugado concedió la suspensión de plano del acto reclamado, por virtud del efecto definitivo que tiene tal medida cautelar.

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