María Alma Navarro Torres
Expediente 345/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/02/2022
Partes del expediente
- María Alma Navarro Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que la parte peticionaria de amparo, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se tuvo por no presentado, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a María Alma Navarro Torres, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA su demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a María Alma Navarro Torres, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA su demanda de amparo
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de cuatro de marzo del año en curso, señala que su representado el Recaudador de Rentas Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ya dio cumplimiento a la sentencia de amparo, al haber realizado transferencia electrónica a nombre de la parte quejosa en el sumario en que se actúa, la cual al parecer se detalla en la tabla de operaciones aritméticas que adjunta al aludido oficio. Asimismo, solicita que se aclare el citado requerimiento y se tenga por cumplida la sentencia protectora. Consecuentemente, mediante oficio con auto inserto del presente proveído, dígasele a la mencionada autoridad oficiante, por conducto de la directa responsable en el juicio de garantías, Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en Tepic, que no ha lugar a realizar aclaración alguna respecto del auto de requerimiento de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, y en consecuencia, deberá estarse a su total contenido, esto es, que no se tiene por cumplido al fallo protector, que deberá estarse a lo determinado en el diverso auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, que se esté al nuevo requerimiento efectuado por ÚLTIMA OCASIÓN y al apercibimiento de multa contenido en el mismo, para todos los efectos legales procedentes Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, no ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio de amparo en que se actúa, no obstante que por auto de cuatro de marzo del año en curso, fue requerido por última ocasión y con apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento, lo cual le fue debidamente notificada el nueve del mismo mes y año, como se acredita con el acuse de recibo que obra agregado en autos. Con lo anterior, se acredita que la mencionada autoridad continúa con una conducta por demás omisiva y evasiva para cumplir con el fallo protector emitido en el presente sumario. Consecuentemente, en virtud de que este órgano jurisdiccional debe velar para que se respete el derecho humano a la ejecución de la resolución dictada en el sumario de origen que comprende, en principio, la ejecución del fallo en los términos en que fue dictado y la obligación de los órganos del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurarse del curso normal de la ejecución; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el nuevo apercibimiento de que fueron objeto mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, y se le impone a la persona que ocupe el cargo de Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, una multa de trescientas Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dicho efecto, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Tepic, Nayarit, para que se sirva hacer efectivo el cobro de la referida multa. Asimismo, requiérase a la citada autoridad recaudadora, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en el párrafo que antecede. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en su carácter de superior jerárquico del citado Recaudador de Rentas, perteneciente a la multicitada Secretaría, y al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, este último como superior jerárquico de dicho Secretario para que, en el ámbito de sus competencias, ordenen dar cumplimiento con la sentencia protectora. Se apercibe a dichas autoridades -como superiores jerárquicos-, que de no hacerlo sin causa justificada dentro del plazo que se les indica, se harán acreedoras cada una de ellas a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE.
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