María Alicia Valdéz Arambula

Expediente 1151/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1151/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • María Alicia Valdéz Arambula

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la secretaria de acuerdos de las Salas Civiles Unitarias del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron diversas constancias originales del toca de apelación 50CU/2021. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Finalmente, toda vez que obran constancias originales del toca 50CU/2021, del índice de la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, remítanse las mismas a dicho órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual, remite la ejecutoria de incompetencia dictada en el amparo directo 198/2021, con lo que se adjunta la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad; acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 1151/2021. Luego, del análisis del escrito inicial que se acompaña, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" En el caso concreto, la parte quejosa señaló expresamente: "ACTO RECLAMADO. a).- A dicha autoridad se le reclama el auto confirmado de fecha tres de diciembre del 2020, dictado en los autos del expediente con número 155/2019. b).- A dicha autoridad se le reclama la sentencia y/o resolución definitiva de fecha 14 de mayo de 2021, dictada en los autos del expediente con número de toca 50CU/2021" De esa transcripción, en relación con la precisión de actos realizada en la propia ejecutoria que se agrega, se tiene que la impetrante combate: 1.- El auto de uno de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ordinario civil 155/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó practicar un estudio socioeconómico y psicológico a la parte demandada, ahora tercero interesada, así como a cualquier miembro que habite en su domicilio, a efecto de determinar si ha existido algún tipo de violencia en su contra o que revele situación de desventaja por cuestión de género; lo anterior, para estar en condiciones legales de resolver en definitiva el controvertido natural. 2.- La resolución de segunda instancia, dictada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el toca de apelación civil 50CU/2021, en la que confirmó el citado acuerdo. Respecto el primer reclamo (señalo como 1) el suscrito juzgador advierte que se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento acabado de referir, conforme al cual, el juicio de amparo es inviable cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado. La cesación, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto de la materia del reclamo constitucional, que trae como consecuencia que termine la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, deja de tener vida jurídica. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías se extingue; o bien, por una circunstancia posterior desaparecen las consecuencias que genera, a nada práctico conduce analizarlo, porque ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada, según la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" En el caso, se reclama el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ordinario civil 155/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, mismo que fue confirmado por la resolución dictada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el toca de apelación civil 50CU/2021. De ahí que es evidente que cesaron los efectos del acto combatido, esto, al ser sustituido, por la determinación de segunda instancia que lo confirmó. De manera, el proveído objeto de reclamo constitucional dejó de tener vida jurídica en la esfera del particular al quedar sin efectos por sustitución procesal, ya que es ahora, la determinación de alzada, la que rige el estatus jurídico en torno al gobernado, en los términos de la tesis: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS (APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO). Si los actos reclamados se hacen consistir en la resolución del Juez responsable que fijó, una fianza para ejecutar la sentencia de primera instancia, por haber sido apelada en el efecto devolutivo, y en los acuerdos encaminados a ejecutar el mencionado fallo, y de autos consta que se pronunció ya la sentencia definitiva de segunda instancia, que confirmó la de primer grado, ello trae como consecuencia que deba estimarse que cesaron los efectos de los actos reclamados, lo que motiva el sobreseimiento del amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales" Luego, respecto al diverso acto combatido (señalado como 2), se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la ley de la materia, conforme las cuales el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, en sentido inverso, si lo controvertido no lesiona tal clase de prerrogativas, surge la improcedencia del juicio biinstancial. Sobre el particular, a partir de la ley de la materia publicada el dos de abril de dos mil trece (aplicable a este contencioso), el Máximo Tribunal del País en diversos criterios ha sido consistente en señalar que la referida imposible reparación deriva del hecho de que el acto reclamado produzca una afectación material a los indicados derechos sustantivos o impida en forma actual su ejercicio (a manera de ejemplo pueden citarse la vida, la integridad personal o la libertad en sus diversas manifestaciones). Por tanto, lo anterior que excluye de tutela en la vía de amparo indirecta a los actos de naturaleza formal, adjetiva o procesal. Entre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, orientados en el sentido acabado de indicar, se trae a colación la de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En el caso, se combate la resolución de alzada que confirmó el acuerdo que se ordenó practicar un estudio socioeconómico y psicológico a la parte demandada, ahora tercero interesada, así como a cualquier miembro que habite en su domicilio, a efecto de determinar si ha existido algún tipo de violencia en su contra o que revele situación de desventaja por cuestión de género; lo anterior, para estar en condiciones legales de resolver en definitiva el controvertido natural. Sin embargo, dichas actuaciones, no afectan derechos sustantivos de la amparista (vida, la integridad personal o la libertad) ni impide su ejercicio, sino en todo caso, se relacionan con cuestiones probatorias a realizarse en el sumario natural respecto a la persona y entorno jurídico procesal de su contraparte. De ahí, que la afectación que generan en la esfera de derechos de la impetrante (parte actora en el proceso) puede ser reparable en caso de obtenerse sentencia favorable en el procedimiento de origen o puede ser reclamable en amparo directo; lo que actualiza la inviabilidad en cuestión. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.- El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto" Sin que la dilación en el procedimiento que se pueda generar con la práctica de las diligencias ordenadas, sea una cuestión que por sí misma entrañe la procedencia de esta vía constitucional en este asunto, en términos de la tesis, aplicable por analogía, que dice: "PERITO TERCERO EN DISCORDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE ORDENA SU DESIGNACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO EL JUICIO DE ORIGEN SE ENCUENTRE CITADO PARA DICTAR SENTENCIA. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta a lo anterior, que el juicio de origen se encuentre citado para dictar sentencia, pues si bien tal circunstancia podría entrañar un retardo en la impartición de justicia, lo cierto es que no justifica, por sí sola, la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta" En tales condiciones, se desecha de plano la demanda por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Finalmente, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la norma en cita. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese el oficio 2512/2021 remitido por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, mediante el cual trascribe acuerdo de presidencia del diecisiete de septiembre del año en curso, en el que se admite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, correspondiéndole el número de amparo en revisión 111/2021; por tanto, téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. Notifíquese.

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