María Alicia González Olvera

Expediente 971/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
971/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • María Alicia González Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por María Alicia González Olvera, contra un acto de la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 971/2021-VI. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Para determinar cuándo se está en presencia de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por tales se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse al momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la ley de la materia. El acto reclamado por la quejosa consiste en la inactividad procesal y la omisión de dictar el acuerdo correspondiente con relación al escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 186/2015, a través del cual solicitó la ejecución del laudo. Sin embargo, dicha omisión reclamada no puede considerarse de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, uno de los requisitos que caracterizan a los autos irreparables es la afectación inmediata a los derechos sustantivos, circunstancia que se opone a la afectación adjetiva, como la que en el caso se produce. La quejosa se duele de una afectación cometida en el inicio del procedimiento jurisdiccional, pues refiere que la autoridad responsable ha omitido radicar su demanda, lo que atenta contra lo previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como con el principio de expeditez contenido en el artículo 17 constitucional. Sin embargo, ese acto omisivo no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una violación procesal autónoma al juicio laboral, en el que la quejosa es actora, sino que se da justamente al inicio del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2011580, Materia Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En efecto, si uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación directa que los mismos producen a los derechos sustantivos de la parte quejosa, el que, en el caso reclama, no puede considerarse de forma autónoma por haberse suscitado durante el comienzo de un procedimiento de índole laboral en el cual la accionante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo; además, la suscrita no advierte una paralización total o dilación absoluta del procedimiento. Respecto al tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así lo sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 64 , Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, registro 2019400, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. La accionante refiere que presentó escrito ante la junta responsable el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la cual no ha sido acordada. Mediante oficio JE51-AD/1287/2021 de cinco de julio del año en curso, el Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo informó que no serían laborables del dieciséis al treinta y uno de julio de este año. Agréguese copia certificada a los autos de dicho comunicado. En ese tenor, se considera que contra la omisión reclamada es improcedente el juicio de amparo, pues a la fecha de presentación de la demanda aún no trascurren los cuarenta y cinco días tomados como parámetro para establecer si existe paralización en el juicio laboral de origen. Se afirma lo anterior, debido a que, aunque la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de julio del año que transcurre, los términos para la autoridad responsable se encentran suspendidos desde el dieciséis de junio; y entre el dieciocho de mayo (día siguiente al en que se presentó el escrito cuya omisión de emitir acurdo reclama el quejoso), al quince de julio de este año (último día que fue laborable para la autoridad responsable), únicamente transcurrieron cuarenta y tres días hábiles. Por lo que, se considera que no se actualiza la hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la dilación que reclama la quejosa, ya que ésta no es excesiva en virtud de que aún no transcurren más de cuarenta y cinco días naturales. Por tanto, se insiste que no se advierte que se trate de una omisión de imposible reparación, porque no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, o en los tratados internacionales en los que México es parte, sino simplemente, en su caso, derechos adjetivos. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por María Alicia González Olvera. DOMICILIO DE LA QUEJOSA. Como lo solicita la promovente, téngase como tal las listas que se publican en el tablero notificador de este juzgado. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. AUTORIZADO. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Armando Escorcia Domínguez, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alejandro Castillo Hernández y Ángel Eduardo Quintero Jiménez, toda vez que no acreditaron con autorización para ejercer la profesión de abogados, ni se encontró su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario.-. M-VI

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