María Alicia Castro Espinosa y Otros.
Expediente 1022/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Alicia Castro Espinosa y Otros.
- María Alicia Castro Espinosa
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal de autos. Conste. LEÓN, GUANAJUATO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede se provee: Sentencia causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada, dentro del plazo legal, la sentencia; por lo que con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otro lado, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN; una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente. Se devuelven tomos de prueba. Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno que en resumen dice: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1022/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. Con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales correspondientes a la vida privada, identidad y dignidad, así como el bienestar físico y psicológico de las quejosas menor de edad, en atención al interés superior de la persona menor de edad y acorde con lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 a 81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adoptan las siguientes medidas de protección: a) Se omitirá en este expediente mencionar el nombre de la persona menor de edad y se hará alusión a sus iniciales P.R.L.C., las cuales deberán ser empleadas en todas las actuaciones del juicio, así como en las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, salvo que resulte necesario conocer su nombre. b) Se prohíbe a las partes revelar la identidad del referido menor de edad así como la divulgación de cualquier otro material o información derivada del juicio que conduzca a su identificación. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como cuestión inicial resulta necesario precisar que de la lectura íntegra de la demanda se desprende que consisten en: I. La omisión de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención del Covid-19 en México; y, II. La negativa de aplicar la vacuna contra el Virus SARSCOV-2 a las personas menores de edad, así como informarle el lugar y fecha para la aplicación de esta. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa1 ." En el caso, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, toda vez que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del menor quejoso P.R.L.C. por lo siguiente Los numerales 61, fracción XII, 1 y 5 todos de la Ley de Amparo, a la letra refieren: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I, del artículo 5° de la presente ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De los numerales citados, se advierte que, para que el juicio de amparo sea procedente, es condición indispensable que la parte promovente acredite fehacientemente que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos, en atención a que este juicio se sigue siempre a instancia de parte agraviada; lo que equivale, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, a que el acto reclamado transgreda un derecho subjetivo consagrado en la Constitución, en favor de la parte quejosa. Es decir, se debe contar con interés jurídico, por ser una persona directamente agraviada por la ley o acto u omisión que estime violatorio de sus derechos fundamentales. De este modo, las notas calificativas del concepto de interés jurídico pueden expresarse diciendo que tiene interés para acudir al juicio de amparo quien es titular de un derecho subjetivo, afectado directamente por un acto u omisión de autoridad y el perjuicio debe ser actual y directo.
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